El grupo socialista de la Diputación de Lugo ha mostrado su rechazo a la Ley del Ciclo Integral del Agua de la Xunta de Galicia, aprobada por el Partido Popular, ya que consideran que “vulnera la autonomía local y sube el recibo del agua de los hogares gallegos un 61%”.
Por eso, en un comunicado, ha avanzado que este martes defenderá en el pleno de la Diputación una moción para reclamar al Gobierno gallego un Plan Estratégico consensuado con la Federacoón Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en el que “se contemplen las infraestructuras, el territorio, las cuantías, el financiamiento y las fechas de ejecución”.
Para los socialistas, la administración autonómica busca “imponer” un modelo en el que “marca condiciones y a los ayuntamientos solo les queda adherirse y pagar, o quedarse fuera y asumir toda la gestión del ciclo del agua en su territorio”.
Además, ha solicitado también que se garantice un mínimo de retorno del canon que pagan los ayuntamientos para el abastecimiento y saneamiento del agua, que cualquier iniciativa en el ámbito del suministro y saneamiento se adopte con la opinión de los ayuntamientos, las diputaciones y la Fegamp, y que el desarrollo de las infraestructuras necesarias no supongan un incremento sobre el precio que pagan actualmente los hogares gallegos por el auga.
Asimismo, los socialistas han señalado en un comunicado que la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, había presentado en el año 2019 un informe sobre la “problemática y situación de la prestación de los servicios de saneamiento en Galicia”, en el que, según ha destacado el PSOE lucense, “cargaba sobre los ayuntamientos todas las culpas de las deficiencias en las infraestructuras necesarias para desarrollar una gestión eficiente del ciclo del agua y proponía la creación de una Sogama del agua”.
Denuncian también que la nueva ley “crea tres nuevas tasas” y en la memoria económica la Xunta “contempla una subida en los ingresos de 50 millones de euros al año”.
Así, tras analizar 74 ordenanzas fiscales de ayuntamientos gallegos, los socialistas concluyen que, de media, “cada hogar gallego tendrá que pagar 33 euros más al año en el recibo del agua”.
Asimismo, consideran que la ley supone “una extorsión a los ayuntamientos” porque, en su opinión, “solo aquellos que le cedan la gestión del agua a la Xunta recibirán inversiones en las infraestructuras de la red de aguas y depuración”. “Es un nuevo atropello de la autonomía local y un ataque a la libre competencia”, han censurado.