La Diputación de Lugo ha exigido a la Xunta de Galicia que “ponga fin” a los “recortes de personal” en la educación pública, que desde que gobierna el PP en la comunidad autónoma supusieron la reducción de 841 profesores y profesoras. En un comunicado, la institución provincial señala que así se ha acordado tras una propuesta del gobierno en el pleno ordinario del mes de julio, que se celebró este miércoles y que salió adelante con los votos a favor del PSdeG y del BNG y los votos en contra del PP.
La portavoz socialista, Pilar García Porto, ha hecho referencia al anuario ‘Datos e Cifras da Ensinanza non Universitaria’, elaborado por la propia Xunta para dibujar la situación que vive la educación pública en Galicia en general, y en la provincia en particular, porque “las dos velocidades hacia donde camina la Xunta de Galicia en el rural y lo urbano hacen que el asentamiento de población en las zonas rurales aún sea cada vez más complicado”. “La política de abandono del rural gallego por parte de la Xunta del PP hace que las familias tengan cada vez más opciones para empezar su proyecto vital lejos de las ciudades más grandes y con más servicios”, ha denunciado García Porto, quien ha señalado que, según los datos de ese mismo informe, de los 1.246 centros escolares que había en el año 2008 quedan 1.082, un 13% menos.
La diputada ha contrapuesto esta política de recortes con la que tenía en marcha el bipartito de PSdeG y BNG, con medidas como la gratuidad de los libros de texto para la educación primaria, una medida que eliminó Alberto Núñez Feijóo “nada más entrar en el gobierno de la Xunta”.
En este sentido, ha puesto como ejemplo de los “continuos recortes” de la Xunta del PP en educación lo que sucede en los colegios públicos de Abadín y de O Incio, con recortes que “llevan a la comunidad educativa a una situación muy complicada, ya que supone el agrupamiento de varios cursos diferentes en una mismo aula y con un solo docente”.
Por todo ello, la Diputación de Lugo reclama al Gobierno autonómico que rectifique y no recorte el profesorado en estos centros, que instaure un sistema universal de gratuidad de libros de texto para todas las etapas de la enseñanza obligatoria, que ponga en marcha un plan educativo específico para el rural gallego, y que termine con la política de recortes del personal garantizando los docentes necesarios.
Carencias de la sanidad pública en la provincia
La institución provincial también reclama a la Xunta medidas urgentes para resolver las carencias de la sanidad pública en la provincia de Lugo. Así, a iniciativa del grupo socialista y con los votos a favor del PSOE y del BNG y en contra del PP, García Porto ha expuesto que “la gestión de Feijóo, y ahora de Rueda, se tradujo en un recorte de casi 1.100 puestos de trabajo en Atención Primaria en toda Galicia”, así como en el cierre de los centros de salud de Castro, Parga, Castro de Rei y “ahora también el de Nadela, en Lugo, que lleva sin abrir todo el mes de julio”.
En su argumentación, la socialista ha denunciado que el PP lleva años tratando a los lucenses como ciudadanos de segunda y que, “si no llega a ser por la presión de la ciudadanía y de los socialistas a través de las históricas movilizaciones en las calles, no tendrían el servicio de hemodinámica a las 24 horas, ni radiología, ni medicina nuclear en HULA”. La Xunta, ha señalado la diputada, “no cubre las jubilaciones, ni las bajas, ni las vacaciones del personal sanitario, lo que convierte el verano en una época de alto riesgo para la salud de los gallegos y de las gallegas”. Además, ha acusado a la Xunta de dejar sin convocar 151 plazas MIR de médicos de familia, de recortar 900 camas hospitalarias y precarizar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.
Un “maltrato constate” en el caso de la provincia de Lugo, donde la portavoz socialista ha apuntado que la Xunta cerró este verano 144 camas 68 en el HULA, 38 en el Hospital de Monforte de Lemos y otras 38 en el Hospital da Mariña.
Entre las medidas que la diputación exige a la Xunta está la convocatoria extraordinaria de especialista sen medicina de familia, la dotación de personal suficiente para dar cobertura a las bajas, jubilaciones y vacaciones, abrir un proceso de diálogo con los profesionales del sistema sanitario, o que convoque todas las plazas MIR que tiene a su disposición.