Con el comienzo de este curso, la consellería de Educación cambió el sistema de la parada de Guntín, en Vilalba, pasando a dar servicio la esta zona un autobús que depende del departamento de Movilidad de la Xunta de Galicia. De este modo, el alumnado de los CEIP Antonio Insua Bermúdez y CEIP Manuel Mato Vizoso se encontraron con un transporte escolar que debían abonar con tarjeta monedero, sin supervisión y que tampoco garantiza las plazas para los pequeños.
«A pocos días de comenzar el curso, la Consellería informó a los padres y madres del alumnado que empleaban esta parada de que desde ahora usarían este servicio fuera del transporte escolar común, y que sus hijos deberían emplear la tarjeta monedero ‘Xente Nova’ para hacer uso del autobús», explica Antía Rama, concejala de Educación.
La tarjeta es «discriminatoria»
Por un lado, «esta situación provoca una discriminación entre el alumnado, ya que para ser usuario de la tarjeta, hace falta tener DNI, que solo es obligatorio a partir de los 14 años», apuntan desde el Concello. Además, «la tarjeta exige ser mayor de 4 años, a pesar de que hay alumnos de 3 años de edad que sí tienen asignada dicha parada anteriormente, hasta los cambios forzados para este curso».
Por otro lado, los niños se ven en el deber de hacerse cargo de la tarjeta, con la posibilidad de perderla, romperla o intercambiarla, con el consiguiente riesgo de pérdida del dinero con los que se recarga, «un sistema ni apto ni pensado para niños y niñas de esa edad», apunta el gobierno local. Además, el precio del viaje es de 1’35 euros por trayecto, bonificables, un precio que se incrementa si el viaje es abonada en efectivo, sin bonificación.
De este modo, ya en la primera semana de curso se dieron situaciones de chicos a los que no les funcionaba la tarjeta y que por no tener dinero en efectivo tuvieron que bajarse del autobús. Una situación que podría afectar incluso a niños de 4 o 5 años y «que no se puede tolerar».
El autobús recoge también la otras personas usuarias, pero en ningún caso garantizador las plazas para los escolares, dándose situaciones de incertidumbre sobre si los chicos podrían volver en este servicio al finalizar las aulas.
No hay supervisión ni protocolo COVID-19
A esta situación se suma que los escolares viajan sin la supervisión de una persona adulta, una circunstancia que nunca contó con el consentimiento de los padres. Así, los pequeños estarían sin supervisión durante el trayecto así como durante los momentos de entrada y salida del vehículo, incrementando las posibilidades de que suceda un accidente. Además, «esto también provoca que no se verifique quién recoge a los pequeños en la parada», subrayan.
Por último, este sistema «no garantiza el cumplimiento del protocolo COVID-19, ya que no registra los usuarios que hacen uso de él, por lo que es inviable establecer la trazabilidad de posibles contagios».
El gobierno local acusa a a Consellería de «convertir este servicio en ineficaz e inseguro para que sean los propios padres y madres los que decidan dejar de usarlo y de este modo, suprimir la parada». Por ello, el ejecutivo local le exige a la Xunta de Galicia a través de un escrito que restituya esta parada para garantizar el bienestar y la seguridad de los menores en el municipio. El gobierno local añade además que es pertinente que los escolares estén supervisados durante el servicio de transporte escolar y que no sean los menores los responsables de abonar los viajes.
