El Partido Popular de Galicia ha impedido que más de 50 empresarios, políticos y altos cargos de la Xunta declaren en una comisión de investigación destinada a esclarecer la gestión de los contratos públicos durante los últimos quince años. La pregunta que cualquiera se haría es: ¿Qué temen que se descubra? La comisión, impulsada por la oposición, busca aclarar las sombras que se ciernen sobre adjudicaciones millonarias, algunas con sobrecostes tan significativos como los 470 millones de euros en el caso del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. No es solo la oposición quien lo señala; también lo hace el Consello de Contas, un organismo técnico e independiente cuya función es precisamente fiscalizar la gestión pública. Su trabajo se basa en números, datos, auditorías; en fin, en hechos.
La negativa del PP a colaborar no es nueva. Este modus operandi se ha convertido en una de las señas de identidad del partido: obstruir, desacreditar y, finalmente, bloquear cualquier iniciativa que pueda resultar incómoda. Lo hemos visto en Galicia, en Madrid, y ahora también en Bruselas, donde los populares se han aliado con fuerzas de extrema derecha para impedir que se debata sobre el impacto de un controvertido proyecto de la multinacional Altri. La dinámica se repite: cuando hay algo que podría comprometer su imagen, el PP opta por echar el cerrojo y apartar la mirada.
Y en este punto, uno no puede evitar mirar hacia la justicia con una mezcla de esperanza y escepticismo. Muchos esperan que este caso, como otros tantos, termine en manos de los tribunales. Pero recientes episodios como el de Begoña Gómez -o el caso del Juez Peinado-, el caso Aldama -puesto en libertad sin haber aportado ni una sola prueba de las gravísimas acusaciones contra miembros del PSOE y del Gobierno- o la polémica con la Fiscalía General del Estado nos hacen preguntarnos si el sistema judicial es realmente capaz de actuar con independencia cuando los intereses políticos están en juego. Curiosamente, siempre con la misma asimetría.
Pero volvamos al PP gallego. Más allá de los números y las denuncias, hay una realidad política que no pueden ignorar: gobernar con mayoría absoluta no significa ignorar a la oposición. Menos aún en un contexto donde el PP, con el 47% de los votos, está lejos de representar a toda la sociedad gallega. ¿Qué pasa con el 53% restante? ¿No merecen también respuestas, claridad, rendición de cuentas? Confundir los intereses del partido con los de la Xunta es un error que no solo mina la confianza en el gobierno autonómico, sino que también erosiona la calidad de la democracia en Galicia.
La transparencia no debería ser percibida como una amenaza, sino como una oportunidad para demostrar que el PP no tiene nada que ocultar. En lugar de atrincherarse y acusar a la oposición de maniobras partidistas, deberían recordar que la democracia se construye con consenso, diálogo y rendición de cuentas. Bloquear esta comisión de investigación no solo alimenta las sospechas, sino que refuerza la percepción de que el PP está más preocupado por protegerse a sí mismo que por servir a los gallegos.