El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, celebró este viernes el “carpetazo” de la Xunta al proyecto de macrocelulosa de la portuguesa Altri y lo presentó como “una victoria para Galicia” frente a una iniciativa que, dijo, el país “ni quería ni necesitaba”. El dirigente socialista vinculó la decisión al bloqueo de apoyos estatales y la usó para cargar contra el presidente gallego, Alfonso Rueda, al que atribuyó un “fracaso” de política industrial, 20 de febrero de 2026.
En una comparecencia que abrió calificando de “momento muy importante” para Galicia, Besteiro sostuvo que Altri era el “mascarón de proa” del PP y el “proyecto estrella” con el que, a su juicio, la ciudadanía asociaba a Rueda y a los populares con los grandes planes industriales en la comunidad. Por eso, afirmó, el presidente de la Xunta “debe dar explicaciones” y “pedir perdón” por haber respaldado “un proyecto frustrado desde sus inicios”.
Besteiro defendió que el PSdeG se opuso desde el principio porque, según su argumentario, el proyecto no cumplía parámetros “económicos, sociales y medioambientales” y no respondía a lo que Galicia “merecía” ni necesitaba. En ese marco, atribuyó el desenlace a lo que llamó el “triple no” del Gobierno central: la negativa a apoyos ligados al PERTE de descarbonización, el rechazo a ayudas extraordinarias y, sobre todo, la no inclusión en la planificación eléctrica 2025-2030, que consideró el golpe definitivo al impedir la conexión a la red.
En su exposición, Besteiro justificó cada una de esas negativas. Aseguró que el proyecto no encajaba en el PERTE porque no “descarbonizaba” y, por tanto, no seguía la línea marcada por la política industrial europea; y sostuvo que tampoco merecía ayudas extraordinarias al no ser, en su opinión, una iniciativa “innovadora” en lo tecnológico, industrial o ambiental. Sobre la planificación eléctrica, añadió un dato para reforzar su crítica: dijo que el plan 2025-2030 prevé duplicar la demanda eléctrica “real y efectiva” de Galicia, y recalcó que, aun así, la macrocelulosa quedó fuera.
El líder socialista insistió en que, pese a esas negativas, la Xunta “alimentó durante meses” expectativas alrededor de Altri y proyectó —con “apoyo institucional”, según su versión— una imagen de solvencia que “cae definitivamente” con el archivo. A su juicio, el PP vendió la planta como un “proyecto tractor” cuando en realidad era “una operación política sin base industrial sólida”, y la resumió como un “bluff” de Rueda.
Esclarecer el «pacto oculto»
Besteiro reclamó “transparencia inmediata” y preguntó qué “compromisos concretos” adquirió la Xunta con la empresa en un “pacto secreto” que, dijo, el Gobierno gallego se niega a enseñar. También pidió saber si se ofrecieron incentivos o garantías públicas y qué promesas económicas, fiscales o administrativas se pusieron sobre la mesa, además de advertir de un posible coste para el erario: “La ciudadanía tiene derecho a conocer” si la apuesta fallida puede derivar “en responsabilidades o en costes para las arcas públicas”, afirmó.
Con ese argumento, anunció que el PSdeG acudirá a la vía judicial para tratar de esclarecer el acuerdo y reiteró su petición de una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia. Los socialistas reclaman comparecencias de Rueda, del expresidente Alberto Núñez Feijóo y de Francisco Conde, exconselleiro, al considerar que la operación se inició en el seno del Partido Popular. “Luz y taquígrafos”, volvió a pedir.
Besteiro también respondió a lo que llamó el “relato del miedo” del PP. Rechazó que el archivo deje “sin futuro industrial” a Lugo o a Galicia y sostuvo que lo que queda en evidencia es la “ausencia de una verdadera política industrial” del Gobierno autonómico. De hecho, afirmó que Altri fue el único gran banderín industrial con el que, según él, Rueda y el PP identificaron a Lugo en los últimos años.
En el cierre de la comparecencia, el dirigente socialista elevó el mensaje a una enmienda general a la estrategia del Ejecutivo autonómico: “Galicia no puede ser el escenario de experimentos ni de operaciones propagandísticas”, dijo. Reclamó a la Xunta “cumplir con su trabajo” y planificar para atraer industria moderna, sostenible y tecnológicamente avanzada, alineada con estándares europeos, capaz de generar empleo “estable” y “de calidad”. Y remató con una exigencia directa: Rueda debe explicar los “pactos secretos” y plantear “un viraje total” en su política industrial.
Antecedentes de las críticas por opacidad
La ofensiva socialista contra la falta de transparencia en torno a estructuras público-privadas vinculadas a la Xunta viene de antes de que el PSdeG empezara a hablar de un supuesto acuerdo oculto entre Impulsa Galicia —sociedad participada por la administración autonómica— y Altri.
El 20 de diciembre de 2023, en el pleno del Parlamento gallego, la viceportavoz socialista Begoña Rodríguez Rumbo denunció el “oscurantismo” que, según afirmó, rodeaba la creación de la sociedad Recursos de Galicia y reclamó “luz, taquígrafos y explicaciones”. Los socialistas cuestionaron entonces si la nueva empresa era pública o privada y subrayaron que ya había recibido una inyección inicial de 4,5 millones de euros de fondos públicos.
Según la información expuesta por el PSdeG, Recursos de Galicia se constituyó antes de que existiera la ley que, en teoría, debía ampararla, y se situó en dependencias del Igape, en San Lázaro. Los socialistas también criticaron que la Xunta variara su explicación sobre la naturaleza del proyecto —de sociedad pública a mixta y, después, a una “utility”— y lo interpretaron como un intento de diluir responsabilidades mientras se empleaba dinero público.
Las dudas se ampliaron por el perfil elegido para dirigir Recursos de Galicia, al proceder, según denunciaron los socialistas, de una de las empresas privadas con participación en Impulsa Galicia y haber formado parte de su consejo de administración, lo que, sostuvieron, podía implicar conflictos de intereses. También señalaron que el 23 de noviembre de 2023 la Xunta autorizó una operación por la que Impulsa Galicia compraba el 30% de una ampliación de capital por 15 millones de euros, dentro de una aportación total prevista de 30 millones, mientras el Parlamento, afirmaron, seguía sin recibir documentación básica solicitada por el Grupo Socialista.
En 2025, la Xunta anunció la disolución de Impulsa Galicia alegando que había cumplido su “propósito fundacional” vinculado a la recuperación pospandemia. La decisión reactivó críticas del BNG y del PSdeG, que reclamaron explicaciones. El diputado nacionalista Brais Ruanova llegó a calificar el cierre como “una suerte de borrado de pruebas” y una “huida hacia adelante”, y vinculó sus sospechas a la planta proyectada por Altri. En el PSdeG, la diputada Patricia Iglesias consideró “cuando menos curioso” que la disolución se produjera tras nuevas peticiones para conocer el documento del supuesto pacto con la multinacional y advirtió de un patrón de creación de estructuras híbridas para, según su versión, eludir control y fiscalización institucional.
