Dos exdirectivos de Hostelería de Santiago reconocen haber usado facturas falsas para conseguir subvenciones

Dos de los siete acusados han admitido que presentaron facturas falsas, pero "actuando en beneficio de la asociación"

Juicio en Santiago contra exdirectivos de la Asociación de Hostelería acusados de falsificar facturas para obtener subvenciones | EP

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido este martes el inicio del juicio contra cinco exdirectivos de la Asociación de Hostelería de Santiago acusados de falsificación de facturas y de fraude para obtener subvenciones, una causa en la que también están procesados los responsables de dos empresas que emitieron las facturas bajo sospecha.

La sesión, programada para las 09:30 horas, arrancó con más de una hora de retraso debido al extravío de una de las piezas de convicción, que no ha podido ser localizada. Se trata de una caja con documentación relativa a las subvenciones y pruebas que “no está donde debería estar”, según ha dicho el presidente de la sala al inicio de la vista.

Aún con esta circunstancia, el juicio ha arrancado con normalidad con el trámite de cuestiones previas, en el que varios de los abogados defensores han renunciado a la declaración de los testigos propuestos por ellos y los defensores tanto del expresidente de la sección de Hospedaje como de uno de los extesoreros han pedido la nulidad de las actuaciones, algo que ha sido rechazado por el presidente del Tribunal.

Tras este trámite, en la sala han prestado declaración los siete acusados: los que eran en ese momento presidentes de la sección de Hospedaje y de la de Restauración , el exgerente y dos extesoreros, así como los responsables de las dos empresas que emitieron las supuestas facturas falsas. Todos han respondido a las preguntas de Fiscalía y de sus propios letrados.

Dos acusados reconocen los hechos

Ante el Tribunal, tanto el exgerente, Andrés Cornide, como el entonces presidente de Restauración, Jesús Sordo, han reconocido que las cuatro facturas empleadas para acceder a subvenciones de la Deputación da Coruña que constan en la causa “eran falsas” y han afirmado que todos los directivos imputados eran conocedores de estos hechos y estaban de acuerdo.

“Se presentaron todas esas facturas y todas son falsas”, ha dicho ante el juez Andrés Cornide, que ha añadido que todos los encausados “eran conocedores” de este hecho. No obstante, ha añadido, “nadie se llevó dinero”, si no que las subvenciones fueron destinadas “a las arcas de la asociación”, que se encontraba en una mala situación económica.

A mayores, Cornide ha apuntado que los eventos a los que hacían referencia las facturas —una campaña de promoción y el cambio de luminarias— sí “fueron realizados”, aunque los importes fueron modificados para “acceder a las ayudas”. El exgerente ha apostillado que se arrepiente de estos hechos: “es un lunar que se me quedará ahí para toda la vida”.

También Jesús Sordo ha admitido los hechos en la vista oral y ha pedido “perdón”, aunque precisando que actuaron “en beneficio de la asociación”. Al igual que el primero en declarar, ha asegurado que los demás exdirectivos eran “conscientes” de que las facturas eran falsas, a excepción de uno de los extesoreros, Manuel Paz, que en aquellos momentos se encontraba enfermo a la espera de un trasplante y tenía frecuentes ingresos hospitalarios.

Otros lo niegan

Por el contrario, tanto el que fuera presidente de Hospedaje, José Manuel Otero, como los extesoreros Manuel Paz y Ramón Carril han negado rotundamente que conociesen que estas facturas eran falsas y han dicho que firmaron las órdenes de pago y dieron el visto bueno a las cuentas de la asociación —donde se veían las salidas y luego reingreso de los importes— porque confiaban en el gestor, a quien han apuntado, aunque su relación era “bastante mala”, ha reconocido Otero.

“Todas las subvenciones eran dirigidas por el señor gerente”, ha dicho José Manuel Otero, quien ha afirmado que “nunca en la vida” supo que las facturas eran falsas y ha dicho que se limitó a firmar las órdenes de pago que el exgerente le trasladaba, sin cuestionarlas, dado que era “una obligación como presidente”.

Otero ha aseverado que no revisó estos documentos ni las cuentas, donde se podían ver las entradas y salidas de fondos, porque “pasaban muchos filtros” antes de llegar a él y “siempre” se fió de su equipo.

Carril, por su parte, ha dicho que su papel era “más que nada representativo” y ha sostenido que “toda la gestión de la asociación la llevaba el gerente”. “Nunca jamás he tenido ningún encuentro con empresas, diputación, Xunta o ayuntamiento”, ha explicado el acusado, que también ha dicho desconocer que las facturas no eran reales.

En la misma línea, Manuel Paz ha apuntado que en aquella época se encontraba enfermo y no revisaba en profundidad los documentos de la asociación. “Yo no sabía nada, y si lo hubiese sabido, no habría firmado”, ha dicho.

Una empresa creada para las subvenciones

Además de las facturas falsas emitidas por dos empresas, también figura otra emitida por una empresa creada por la asociación para acceder a ciertas subvenciones vetadas a entidades sin ánimo de lucro. La compañía, ha dicho el exgerente, “no tenía actividad propia”, si no que se empleaba para pedir a través de ella ciertas ayudas.

De esta empresa, el que fuera presidente de Hospedaje ha dicho que desconocía su funcionamiento o a lo que se dedicaba, así como los datos de sus cuentas, en los que él figuraba como autorizado. “Después de firmar su creación, no he vuelto a saber de ella”, ha dicho.

En la sesión también han declarado los responsables de las dos empresas que emitieron facturas falsas. En el primer caso, el de una empresa de eventos, la responsable ha admitido que se crearon dos facturas —de 12.000 y 36.000 euros— por petición del gerente.

“La empresa trabajaba mucho para la asociación y había una relación de confianza. Me pidió el favor”, ha dicho la acusada, que ha añadido que desconocía el destino de este dinero. En la misma línea, una empresa de reparaciones confeccionó una factura de algo más de 43.000 euros por el cambio de unas luces led que “no se correspondía con ningún servicio”. La factura se hizo “a petición del personal de administración”, ha dicho el acusado.

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