El incendio declarado de madrugada en una vivienda municipal de Recimil ha dejado cuatro heridos graves y un punto de inflexión en la crisis del servicio municipal de bomberos que Ferrol mantiene desde hace semanas con el gobierno local. Durante el rescate, uno de los tres efectivos que acudieron al aviso sufrió un atrapamiento en la autoescalera y perdió una pierna en plena intervención de emergencia. El profesional, de 48 años y más de dos décadas de experiencia, permanece ingresado en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), al igual que los tres vecinos afectados por el fuego.
El suceso no solo ha conmocionado al parque de bomberos, también ha colocado en el centro del debate la discusión sobre la dimensión real de la plantilla y la organización de los turnos, una controversia que venía escalando desde finales de diciembre junto al desacuerdo por la aplicación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
El conflicto se origina con la aprobación de la nueva RPT municipal y, en particular, con la valoración asignada a los puestos del servicio de bomberos. El gobierno local defendió la actualización como un paso necesario para ordenar la estructura municipal y aseguró que ningún trabajador perdería retribuciones. Sin embargo, los representantes del cuerpo sostienen desde hace meses que lo acordado en la negociación previa no se ha respetado. Denuncian que la valoración del esfuerzo físico y de las condiciones ambientales es inferior a la realidad del trabajo operativo, y que la premisa de que nadie vería reducido su salario no se ha cumplido en todos los casos. Algunos conductores, aseguran, sufrirían una merma anual relevante.
Una plantilla sin efectivos
La discrepancia no es solo económica. Para la plantilla, la RPT es también una cuestión de reconocimiento profesional y garantía efectiva de seguridad en cada salida. Consideran que la valoración de riesgos y exigencias físicas no refleja la realidad de intervenciones en incendios, rescates o emergencias con materiales peligrosos. Hace aproximadamente un mes, los bomberos solicitaron una reunión directa con el alcalde, José Manuel Rey Varela, para abordar compromisos pendientes vinculados a la RPT y a la planificación de la plantilla. Ese encuentro, según explican, no llegó a celebrarse en los términos solicitados.
Ante lo que califican como ausencia de interlocución política directa, decidieron dejar de realizar horas extraordinarias como medida para forzar una negociación real. No lo presentan como una protesta salarial, sino como la única herramienta disponible para evidenciar que la estructura ordinaria no alcanza los servicios mínimos que consideran necesarios, fijados en siete efectivos por turno. En ese contexto se produjeron jornadas con dotaciones muy ajustadas. El incendio de Recimil se atendió con tres bomberos operativos en la salida inicial y el cuarto efectivo como telefonista en el parque, un esquema que ahora centra la controversia.
En ese escenario previo irrumpe el incendio y la amputación de un bombero. El alcalde defendió tras el suceso que se desplegaron todos los medios disponibles y negó una relación directa entre el conflicto laboral y el accidente. La plantilla sostiene lo contrario: que la precariedad en la cobertura de turnos incrementa el riesgo operativo y la exposición de los efectivos y que llevaban meses advirtiéndolo.
Exigen responsabilidades
La reunión celebrada ayer entre representantes del servicio y el alcalde, José Manuel Rey Varela, se produjo después de semanas de desencuentros y de un pleno en el que el gobierno local había rechazado una moción de la oposición que instaba a ese encuentro directo. Los bomberos reclamaban una conversación sin intermediarios para abordar la aplicación de la RPT y la planificación de la plantilla. En un primer momento, el regidor había evitado ese cara a cara en los términos solicitados, remitiendo la cuestión al ámbito de la negociación sindical y a la Mesa Xeral.
El accidente en Recimil alteró ese escenario. Tras la concentración ante el Concello y la presión pública generada por la amputación de un compañero, el alcalde accedió a mantener la reunión. Según fuentes del operativo, el encuentro se centró en analizar lo sucedido en el incendio, las condiciones del turno de esa madrugada y el estado de las incorporaciones pendientes. Desde el gobierno municipal se trasladó el compromiso de colaborar con la investigación y de continuar con los procesos de refuerzo de plantilla ya anunciados.
Los representantes de los bomberos insistieron en que la cuestión no es solo cubrir vacantes, sino garantizar una estructura estable que permita cumplir los servicios mínimos sin depender de horas extra y que asegure condiciones de trabajo seguras. El clima fue tenso, marcado por la gravedad de lo ocurrido y por la sensación, expresada por la plantilla, de que el diálogo llega después de un accidente irreversible.
Tras el accidente, la postura más contundente ha sido la de la Confederación Intersindical Galega (CIG). El sindicato anunció que activará los mecanismos previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para que la investigación no se limite al ámbito interno del servicio. Reclama que el expediente pase al Servicio de Prevención Municipal, participación directa en el proceso y acceso al informe técnico completo, y que, por tratarse de un accidente grave con resultado de amputación, intervenga la Inspección de Trabajo.
La CIG no se ha quedado en el plano técnico. Ha pedido la dimisión del alcalde y de los responsables políticos y directivos del área de Seguridad y Recursos Humanos, al entender que el accidente no puede desvincularse de la gestión del servicio y de la aplicación de la nueva RPT. En su argumentación sostiene que existen carencias en materia de evaluación de riesgos según el tipo de intervención y cuestiona que se haya impartido formación específica sobre el uso del nuevo camión autoescalera implicado en el siniestro.
En el ámbito político, los grupos de la oposición han reforzado sus críticas al gobierno local. El PSOE ha exigido transparencia absoluta y medidas estructurales inmediatas, el BNG ha reclamado explicaciones detalladas sobre medios y valoración técnica de los puestos, y Ferrol en Común ha pedido una investigación exhaustiva y ha vinculado el accidente con la falta de diálogo previa.
Desde el gobierno municipal se rechaza que exista una relación directa entre el conflicto laboral y lo ocurrido en Recimil y se defiende que el dispositivo activado fue el adecuado con los recursos disponibles. Sin embargo, la petición formal de dimisiones y la presión política creciente sitúan el foco sobre la gestión del servicio en un momento de máxima tensión institucional.
