La alcaldesa del Cervo, del Partido Popular, evitó dar explicaciones y asumir responsabilidades en el pleno municipal celebrado este jueves sobre el episodio ocurrido en el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), en el que se solicitó la firma de documentación a una persona usuaria con dependencia reconocida de grado III. El caso fue puesto en conocimiento del Concello tras la denuncia realizada por un familiar de la afectada.
Los hechos se remontan al pasado 29 de enero, cuando una técnica municipal acudió al domicilio de la usuaria con varios documentos para su firma. Según relató la familia, la persona afectada no tiene capacidad para comprender ni firmar este tipo de escritos y solo la intervención de un familiar, que se encontraba en la vivienda en ese momento, evitó que se formalizase la firma de un documento que podía implicar la reducción de parte de las horas de atención que recibe a través del SAF.
La documentación presentada incluía, por un lado, un documento de prestación del servicio que debía haberse firmado en el momento del inicio de la atención, hace aproximadamente un año y medio, y por otro, una instancia en la que se hacía constar que era la propia usuaria quien consideraba suficientes las horas de ayuda que estaba recibiendo. La familia sostiene que la afectada nunca manifestó esa voluntad, lo que motivó la denuncia de lo ocurrido y la posterior puesta en conocimiento del caso a nivel municipal.
A raíz de estos hechos, el asunto fue llevado al pleno por el Grupo Municipal Socialista. La portavoz del PSdeG-PSOE, María Luján Ramos, formuló una batería de preguntas dirigidas a la Alcaldía para esclarecer el origen y el objetivo de la documentación presentada. Durante su intervención recordó que el SAF “es una pieza esencial del sistema público de atención a las personas en situación de dependencia, especialmente en el ámbito rural, y un derecho que debe prestarse con todas las garantías legales, éticas y profesionales”.
Ramos detalló que los escritos entregados en el domicilio incluían “un documento que debería haberse firmado al inicio del servicio y otro en el que se hacía constar que era la propia usuaria quien consideraba suficientes las horas de atención que recibía”, algo que, según subrayó, “no se corresponde en absoluto con la realidad”. “Estamos hablando de una persona con dependencia de grado III, sin capacidad para comprender ni firmar un documento de estas características. Nunca manifestó que quisiera renunciar a parte de las horas que tiene reconocidas”, afirmó en el pleno.
El Grupo Municipal Socialista preguntó de forma expresa quién elaboró esa documentación, si fue supervisada antes de entregarse, si la Alcaldía conocía su contenido y cuántas personas usuarias del SAF pudieron firmar escritos similares en los últimos días. También solicitó información sobre posibles inspecciones de la Xunta de Galicia al departamento municipal de Servicios Sociales y sobre los requerimientos realizados tras esas visitas.
Según expusieron los socialistas, la respuesta del gobierno municipal se limitó a señalar que los documentos procedían del departamento municipal de Servicios Sociales y que se elaboraron a partir de modelos de la Xunta, sin aclarar los hechos concretos denunciados ni responder al fondo de las preguntas planteadas.
Ramos quiso además dejar claro que en ningún momento se ha puesto en duda el trabajo del personal del SAF. “Las trabajadoras y trabajadores del Servicio de Ayuda en el Hogar cumplen funciones muy concretas y fundamentales, y entre ellas no está la de trasladar documentación administrativa a las personas usuarias”, señaló, diferenciando el papel del personal del servicio de la responsabilidad política de su gestión.
La portavoz socialista concluyó recordando que la responsabilidad última recae en el gobierno municipal del PP. “Aquí no estamos hablando de personas trabajadoras que cumplen órdenes, sino de decisiones políticas. Las explicaciones tiene que darlas la Alcaldía y el gobierno del PP, que son quienes deben garantizar la protección, la dignidad y los derechos de las personas dependientes”, afirmó.
El caso queda ahora a la espera de que el gobierno local aclare lo sucedido y adopte medidas que garanticen que el Servicio de Ayuda en el Hogar se preste con todas las garantías, especialmente cuando se trata de personas en situación de especial vulnerabilidad.
