Pocos días después de convocar las elecciones a la Xunta, miles de gallegos comenzaron a recibir una carta firmada por el propio presidente Alfonso Rueda, en la que se anununciaba “un bono universal de 5.000 euros al año para todas las personas con dependencia que reciban los cuidados de un familiar, un vecino o un profesional en su propia casa”. Se trataba del Bono Coidado no Fogar que el ejecutivo gallego había aprobado el pasado 9 de octubre y que prometía convertir a Galicia en la primera comunidad con un bono universal. Más allá de la utilización electoralista de este anuncio, que fue denunciada por la diputada socialista Marina Ortega, entidades sociales y ayuntamientos han denunciado la realidad que se esconde tras este anuncio y que nada tiene que ver con lo prometio por el gobierno de Rueda.
Y es que el llamado Bono Cuidado es en realidad una actualización de las cantidades a las que tienen derecho los ciudadanos a través del Sistema de Atención a la Dependencia. No es una nueva ayuda de 5.000 euros. Desde julio de 2023, por orden del Gobierno central, es obligatorio actualizar las cantidades de la Dependencia que serían, como máximo, de 416 euros mensuales —5.000 euros anuales—. Hasta el momento el máximo era 387,64 euros mensuales —4.651,68 euros anuales—. Además, según el documento que regula este bono, para el caso de las situaciones de dependencia de grado 2 y 3, “será necesaria la convivencia con la persona cuidadora no profesional, dada la necesidad de atención permanente y apoyo indispensable y continuo que se requiere”. Si el grado de dependencia reconocido es 1, no será obligatoria la convivencia “siempre que se asegure la atención inmediata por parte de la persona cuidadora no profesional”.
De hecho, la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) especifica que los 5.000 euros no constituyen una contribución adicional a las ya existentes, ni se otorgarán en un único pago. El procedimiento establece que si la prestación calculada para una persona no alcanza los 416,66 euros al mes, esta se ajustará aumentándola hasta llegar a dicha cifra. Este monto mensual de 416,66 euros se deriva de dividir los 5.000 euros en 12 meses. Esta es la única novedad que establece la nueva normativa, que la cuantía máxima se otorgará a cualquier receptor de la ayuda, independientemente del grado de dependencia.
Entidades como Colexio de Traballo Social advirtieron que el anuncio estaba generando mucha confusión entre las familias de las personas afectadas y muchas dificultades a las trabajadoras y trabajadores sociales en el desarrollo de su labor, que en la mayoría de los casos ya es muy precario. Explican que el mencionado “bono” está siendo divulgado generando mucha expectación inicial y posterior decepción ya que se anuncia como “universal” y “automático”, y después desde la propia Consellería de Política Social confirman que solo lo recibirán los solicitantes que ya cobren prestación de asistencia en el entorno familiar, que es la cantidad más baja de todo el Estado.
En realidad el “bono coidado” está vigente desde el año 2006 y en la actualidad representa “una ayuda de apenas 416 euros al mes para cuidadoras no profesionales de familiares con dependencia”. Una ayuda que fue reduciéndose poco a poco después de los fulminantes recortes de más de 4.000 millones de euros durante los gobiernos de Mariano Rajoy en Madrid y de Alberto Núñez Feijóo en Galicia. Esos recortes afectaron directamente a los familiares y cuidadoras y cuidadores no profesionales que sufrieron recortes en su prestación económica y en la eliminación de su cotización especial.
Y lo cierto es que el anuncio ha conseguido hacer creer a muchos beneficiarios de las ayudas que sí recibirían ese bono de 5.000 euros. Así lo denuncian, por ejemplo, desde la Asociación de Padres y Madres de Niños con Minusvalía de Narón (Aspanemi), asegurando que la Xunta “hizo creer desde hace un tiempo que se va iba aplicar un bono de 5.000 euros adicionales a lo que se venía cobrando por los cuidados de personas dependientes en el entorno familiar y esto no es así”. Describen como “indignante” y “un engaño” la carta que han recibido sus asociados en la Xunta explica que ‘ideó el bono Coidado no Fogar’, cuando en realidad ya se descuentan las cantidades que estaban siendo abonadas.
“Por ejemplo, un grupo medio no tendría 5.000 euros adicionales, sino simplemente 1452 euros a lo largo del año, por no hablar del grupo de grandes dependientes que tendrían un incremento de 540 euros al año, muy lejos de esos llamativos 5.000 que anuncia. ¿De verdad creen que, por poner un ejemplo intermedio, una persona por 416 euros al mes puede dedicar su vida a cuidar a un dependiente?”, lamentan desde Aspanemi.
Tintes electoralistas
El Movemento Galego pola Defensa das Pensións e dos Servizo Públicos (Modepen), Traballadores de Residencias de Galicia (Trega) y el colectivo Vellez Digna critican el Bono Coidado de la Xunta por considerar que tiene “una clara intención electoralista”, así como que “intenta manipular a los dependientes y comprar su voto con dinero sin corregir ninguno de los problemas que lastran la dependencia”. En una nota de prensa, las tres asociaciones denuncian que la administración autonómica ha enviado una carta a los usuarios de residencias en la que informa, “de manera propagandística”, sobre el “apoyo, ayuda y comprensión” que brinda la Xunta a los dependientes y que, por eso, “idearon el Bono Coidado en residencias con un complemento universal de 1.200 euros”.
“Nos preguntamos si hacían falta cuatro años para idear esto. Nosotros le habríamos dado mejores ideas en solo 10 minutos”, cuestionan en el comunicado. Así, realizan una valoración “negativa” de esta medida que, en su opinión, “solo trata de ocultar la mala gestión de la Xunta en esta legislatura y en los 10 años anteriores”, en los que aseguran que el “maltrato a residentes y familiares se extendió parejo al empeoramiento de los servicios en la mayoría de las residencias gallegas”.
En esta línea, defienden que en los últimos 14 años el Gobierno gallego “boicoteó a su propio servicio de inspección avisando a las residencias cuando van a ser inspecciones”, permitió “el empeoramiento de los cuidados y de la comida”, “incumplió las ratios”, instauró “un total oscurantismo y opacidad” en este ámbito y convirtió las residencias de mayores en “lugar de ingreso para pacientes psiquiátricos, extoxicómanos o víctimas de accidentes”.
Además, critica que no haya creado “ni una sola residencia pública” durante estos años y que “haya privatizado las que ya había”: “Convierten a los dependientes en un negocio donde priman los beneficios y no los cuidados”. En este contexto, los colectivos de pensionistas y de trabajadores de residencias consideran que “acordarse ahora” de los dependientes y “como única medida darles 1.200 euros a cuatro días de las elecciones”, tiene una “clara intención electoralista”. Además, sostienen que los 1.200 euros (“100 euros mensuales”) es una cantidad “cutre”, ya que las residencias “cuestan bastante más de 2.300 euros al mes”.