El Partido Popular de Galicia (PPdeG) acusó a BNG y PSdeG-PSOE de ser “cómplices” del ataque vandálico al busto de Manuel Fraga en esta localidad lucense, después de que la organización juvenil vasca Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) difundiera un video de la acción y la reivindicara.
El busto, situado en la Plaza de la Constitución, apareció cubierto de pintura roja el sábado y ya ha sido limpiado casi por completo, aunque aún quedaban restos este lunes, según explicó presidenta local del PP, Sandra Vázquez. El partido anunció que formalizaría una denuncia ante la Guardia Civil, que ya había sido informada y realizó diligencias.
GKS reivindicó el ataque el domingo y lo enmarcó en el 50 aniversario de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz. En el mensaje que acompaña al video, el grupo acusa a Fraga —entonces ministro de Gobernación— de ser “uno de los principales responsables” de la represión policial que terminó con cinco muertos y más de un centenar de heridos, según la motivación recogida por distintos medios.
En un comunicado difundido tras conocerse la reivindicación, el PPdeG condenó el vandalismo y afirmó que “os ataques de encapuchados non son democracia”. A continuación, pidió a BNG y PSOE que se sumaran a la condena y sostuvo que no debían “avalarlos” como parte de una “estratexia de conflito”, antes de calificarlos como “tamén cómplices” por su supuesta cercanía a “movementos do independentismo vasco”.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se desmarcó del ataque y aseguró que “esa manera de hacer política no nos representa”. En la misma línea, defendió que cuando su formación pide retirar símbolos lo hace “de forma democrática”, citando como ejemplo iniciativas parlamentarias. Por su parte, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias trasladó una “absoluta condena” a “todo acto vandálico” y advirtió de los efectos de la polarización política.
La polémica llega días después de que varias formaciones con representación en el Senado registraran una solicitud para retirar el busto de Fraga de los pasillos de la Cámara Alta, fundamentándola en la Ley de Memoria Democrática y en su papel político durante la dictadura y la Transición. Ese escrito vincula la petición, entre otros argumentos, a los sucesos de Vitoria-Gasteiz de 1976.
