El PSdeG llevará a las instituciones europeas la situación de los medios públicos gallegos para que analicen si la nueva ley autonómica garantiza la independencia y el pluralismo informativo. El eurodiputado Nicolás González Casares confirmó que trasladará el caso tanto al Parlamento Europeo como a la Comisión Europea, en un contexto marcado por el deterioro de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, con caída de audiencias, conflictividad laboral y centenares de sentencias judiciales en contra.
La iniciativa busca que Bruselas examine si la Lei de Servizos dos Medios Públicos de Comunicación Audiovisual cumple con los estándares comunitarios en materia de libertad de prensa. “Queremos que Bruselas analice si la nueva ley de medios públicos garantiza realmente la independencia y el pluralismo informativo”, señaló Casares.
El eurodiputado explicó que el PSdeG impulsará nuevas iniciativas en el ámbito europeo para que la Unión Europea supervise de cerca la situación de los medios públicos gallegos. En su intervención, recordó que el pluralismo informativo es uno de los principales indicadores de la calidad democrática y que la normativa europea establece garantías específicas para evitar el control político de los medios públicos.
En este sentido, lanzó una advertencia sobre el uso partidista de la televisión y la radio públicas: «non imos aceptar que se utilicen os medios públicos como ferramenta partidista como está a facer o PP nin que Europa mire cara outro lado». Además, insistió en que corresponde a las instituciones comunitarias comprobar si en Galicia se están respetando los estándares europeos en materia de libertad informativa, “que xa sabemos que non”.
El objetivo de esta ofensiva política, subrayó, es garantizar que la corporación pública cumpla su función de ofrecer información plural, independiente y al servicio de la ciudadanía.
Conflictos y costes millonarios
Durante la comparecencia, la diputada autonómica Silvia Longueira dibujó un diagnóstico detallado de la situación interna de la corporación, que cuenta con cerca de mil trabajadores y un presupuesto anual de 140 millones de euros.
Según expuso, desde 2009 se acumulan alrededor de 450 procedimientos laborales perdidos en los tribunales, lo que refleja un conflicto sostenido entre la dirección y el personal. Este escenario ha tenido además un elevado impacto económico. “Se se suman indemnizacións, atrasos salariais, regularizacións e custas xudiciais acumuladas durante anos, distintas investigacións sitúan o custo total destes conflitos por riba dos 60 millóns de euros de diñeiro público”, explicó.
A ello se suma la continuidad de las protestas internas. Los llamados “Venres Negros”, iniciados para denunciar manipulación informativa, superan ya las 400 semanas consecutivas, reflejando la persistencia del malestar dentro del ente público.
Audiencias en mínimos históricos
La evolución de la audiencia es otro de los factores que los socialistas consideran clave. Longueira recordó que durante el gobierno presidido por Emilio Pérez Touriño la TVG alcanzaba cuotas del 13 % y 14 % y lideraba en Galicia, mientras que en los últimos años la caída ha sido continuada.
En 2024, la audiencia descendió hasta el 8,6 %, y en 2025 se situó en el 8,4 %, el peor dato de la historia del canal, con momentos puntuales en los que llegó a caer hasta el 7,7 %. Para la diputada, estos datos evidencian un problema de fondo que va más allá del ámbito laboral. «Non estamos só ante un conflito laboral. Estamos ante un problema democrático», advirtió.
Ante la ausencia de soluciones en el Parlamento gallego, el PSdeG ha decidido trasladar el debate al ámbito europeo con la expectativa de que una evaluación externa permita esclarecer si la ley y el funcionamiento de la corporación se ajustan a los principios de independencia, pluralismo y libertad informativa que exige la normativa comunitaria.
Los socialistas confían en que la intervención de Bruselas contribuya a reforzar las garantías democráticas en los medios públicos gallegos en un momento que consideran especialmente delicado para su credibilidad y su papel como servicio público.
