La reciente revelación de que Audasa, concesionaria de la AP-9, facturó 210 millones de euros en 2024, la cifra más alta de su historia, ha desencadenado un fuerte rechazo político y social en Galicia. La indignación ha unido a municipios, diputaciones y colectivos ciudadanos en una lucha que exige tanto la gratuidad de la autopista como el pago de impuestos atrasados que la empresa ha esquivado durante décadas gracias a una polémica bonificación fiscal. «Estamos ante un caso flagrante de abuso de posición dominante», denuncia el alcalde de Ames, Blas García, voz destacada entre los siete regidores que lideran esta insurrección institucional. Los números cantan: mientras la empresa celebra sus mejores resultados económicos, los gallegos siguen pagando unos peajes que muchas familias consideran «un impuesto al derecho a moverse por su propia tierra», en palabras del concejal de Rianxo, Julián Bustelo.
Los ayuntamientos de Ames, Padrón, Dodro, Rianxo, Boiro, A Pobra y Ribeira han transformado su malestar en acción coordinada. En febrero firmaron un manifiesto titulado «Por una AP-9 al servicio de Galicia», dirigido al Ministerio de Transportes, donde no solo critican los peajes, sino que proponen un calendario concreto para su eliminación progresiva. «No es protesta, es justicia», sentencia Xavier Castro, alcalde de Dodro, mientras muestra el documento. «El tramo Santiago-Padrón debería ser prioritario», explica José Ramón Romero, regidor de Boiro, «porque es donde más se nota la asfixia económica que supone pagar para ir al trabajo o llevar los niños al colegio». La ausencia de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en la última reunión generó cierto malestar, aunque ella misma aclaró: «Comparto la lucha, pero no me invitaron. Santiago lleva años reclamando lo mismo».
Aunque las primeras iniciativas de presión institucional llegaron desde la provincia de A Coruña, el ejemplo ha cundido en toda Galicia. Recientemente, los alcaldes de los doce concellos pontevedreses por los que discurre la autopista y que tienen delegado en el ORAL el cobro del IBI —entre ellos Barro, Caldas, Meis, Moaña, Mos, Poio, Pontecesures, O Porriño, Portas, Tui, Valga y Vilaboa— se han sumado al clamor colectivo. Tras conocerse los beneficios históricos de Audasa, han exigido responsabilidades a la concesionaria y reclamado el fin de los peajes que, en palabras de varios regidores, “están lastrando la competitividad y calidad de vida de las comarcas”.
Ofensiva fiscal desde las diputaciones
Tanto la Diputación de A Coruña como la de Pontevedra han emprendido acciones para exigir a Audasa el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) tras el fin, en agosto de 2023, de la bonificación del 95 % que la empresa disfrutó durante más de medio siglo.
En el caso coruñés, la institución presidida por Valentín González Formoso reclama 1,3 millones de euros correspondientes al IBI de 2023 en 18 municipios afectados por la autopista —todos salvo las ciudades de A Coruña, Ferrol y Santiago—. Esta cifra se suma a los más de 3,8 millones de euros ya liquidados para 2024. «Audasa ha disfrutado durante más de cincuenta años de un privilegio fiscal injusto heredado del franquismo, un privilegio que ya no podemos permitir», declaró Formoso, quien no duda en calificar de «escándalo histórico» el trato fiscal que ha recibido la concesionaria. «Mientras los vecinos pagaban religiosamente sus impuestos, esta empresa se beneficiaba de un trato de favor», remató.
Año de récord para la concesionaria de la AP-9: cerró 2024 con 90 millones de beneficios
Por su parte, la Diputación de Pontevedra también ha dado pasos firmes. Ya en enero de 2025, Audasa abonó el IBI correspondiente a la capital provincial y a otros concellos que no tienen delegada la recaudación en el ORAL. Poco después, la institución que preside Luis López anunció que reclamaría los 700.000 euros pendientes correspondientes a los cuatro últimos meses de 2023 en los municipios que sí tienen la recaudación delegada. «Audasa debe entender que los tiempos del privilegio han terminado», afirmó con contundencia. En su despacho del Pazo Provincial, López detalló cómo la recaudación ha pasado «de las migajas a cantidades significativas». «En Portas hemos multiplicado por 19 lo que ingresábamos antes», comentó con satisfacción. Además, la Diputación estudia ahora la actualización del valor catastral de la AP-9 —vigente desde 2007— para ajustar el impuesto a la realidad actual de la infraestructura.
Un privilegio fiscal que viene de lejos
El conflicto en torno a la AP-9 y Audasa tiene profundas raíces históricas. Todo comenzó en 1972 cuando el régimen franquista concedió una bonificación del 95% en el pago del IBI a la autopista para fomentar infraestructuras. Esta exención se prolongó incluso tras la privatización de la gestión en 1998, otorgada a Audasa, filial de Abertis.
El fin de la bonificación en agosto de 2023 debería haber supuesto el pago íntegro del impuesto, pero Audasa muestra resistencia a asumir plenamente estos compromisos. La situación se complicó aún más cuando en 2024, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) eximió a la Xunta de pagar 12 millones de euros que Audasa reclamaba por supuestas pérdidas durante la pandemia, debilitando así aún más la posición jurídica de la concesionaria.
Escenarios para una solución
Los municipios y diputaciones implicados barajan diversos escenarios para alcanzar la gratuidad de la autopista y el pago íntegro del IBI atrasado. Una de las propuestas más firmes pasa por la liberación progresiva de peajes en tramos estratégicos, comenzando por el acceso a Padrón.
Otra opción sería transferir la titularidad de la AP-9 a la Xunta de Galicia, aunque esta posibilidad requeriría complejas negociaciones económicas con el Estado. «No descartamos una prolongada batalla legal si Audasa sigue ignorando sus obligaciones», advirtió Luis López. Lo que comenzó como una protesta por peajes elevados se ha convertido en una reivindicación transversal por la equidad territorial.
La presión sobre Audasa y el Gobierno central crece día a día. Municipios grandes y pequeños, diputaciones y colectivos cívicos están ahora alineados en una demanda histórica: una autopista justa, pública y libre de cargas abusivas. «El récord histórico de facturación de Audasa debería ser la última evidencia necesaria para acabar con este monopolio abusivo. Queremos una autopista pública y gratuita que beneficie verdaderamente a todos los gallegos», concluyó Blas García, alcalde de Ames.
