Galicia se sumó este miércoles al plantón de las comunidades gobernadas por el PP a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y dejó sin quórum la Conferencia Sectorial en la que el Gobierno pretendía informar sobre la actualización del decreto que regula la capacidad ordinaria de acogida. La ausencia gallega llega tras meses de choque político y judicial con el Ejecutivo central por el reparto de menores migrantes no acompañados, un sistema del que la comunidad ya ha recibido más de 90 de los 317 menores asignados.
La reunión ni siquiera llegó a abrirse. El Ministerio había convocado a las autonomías para trasladarles los detalles del nuevo real decreto, un trámite que consideraba meramente informativo antes de elevar la norma al Consejo de Ministros. Pero las comunidades del PP, Galicia incluida, decidieron no acudir al considerar que la convocatoria era “ilegal”, lo que impidió alcanzar el mínimo necesario para celebrar la sesión.
La Xunta se aferró precisamente a ese argumento. Fuentes de la Consellería de Política Social e Igualdade insistieron que la sectorial no cumplía la normativa y recordaron que el Gobierno gallego había remitido un requerimiento previo sin obtener respuesta. Es la misma línea que la Xunta mantiene desde hace meses: cuestionar no solo el reparto, sino también el procedimiento elegido por el Ejecutivo central para aplicarlo.
Un conflicto político que se arrastra desde hace meses
A comienzos de primavera, Alfonso Rueda rebajó el tono más duro, pero dejó clara la posición de fondo: Galicia “cumplirá la ley”, dijo, aunque solo “siempre que sea posible”, y condicionó ese cumplimiento a una mayor “planificación y financiación”. Sus palabras llegaron tras el acuerdo del Gobierno con Junts y en un momento en el que la Xunta buscaba conjugar la imagen de cumplimiento formal con una crítica abierta a la falta de negociación previa.
Unas semanas antes, el propio Rueda había subrayado la presión sobre el sistema gallego. Aseguró entonces que Galicia disponía de 868 plazas en centros de protección pero atendía a 938 menores, una sobreocupación del 110%. Defendió que la comunidad había ido acogiendo a todos los menores solicitados cuando los traslados se hacían con aviso y planificación, y dejó una idea que ha vertebrado el discurso posterior: Galicia se presenta como una comunidad colaboradora, pero rechaza que esa colaboración se convierta en una obligación impuesta desde Madrid.
La conselleira Fabiola García elevó aún más el tono. En una sectorial celebrada a comienzos de mayo, afirmó que Galicia “no aceptará ninguna imposición más” y acusó al Gobierno de actuar con “burla y falta de respeto institucional” al comunicar los criterios del reparto primero a los medios, luego a través de Junts y solo después mediante el BOE. Su intervención reforzó la idea de que la Xunta no discutía únicamente el número de menores, sino la legitimidad del mecanismo.
El choque escaló en verano. Entonces, García aseguró que Galicia tenía “cero plazas” disponibles, reclamó “diálogo, consenso y financiamiento” y calificó de “tomadura de pelo” que el Gobierno pretendiese enviar 317 menores mientras, según denunció, territorios como Cataluña y Euskadi no recibían ninguno en esa fase. Días después, la Xunta anunció que no acudiría a otra sectorial por estar, a su juicio, “convocada de forma ilegal”, el mismo argumento que ha vuelto a emplear ahora.
En paralelo, el Ejecutivo gallego llevó el conflicto a los tribunales. A finales de otoño informó de que recurría ante el Supremo los decretos que regulaban tanto los traslados obligatorios como la capacidad ordinaria de acogida, y recordó que la reforma aprobada en marzo ya había sido impugnada ante el Constitucional junto a otras comunidades. En esa nota, la Xunta insistía en que más de 300 menores llegarían a Galicia con ese sistema.
Con este recorrido, el plantón de este miércoles no es un gesto aislado, sino un nuevo capítulo de una estrategia sostenida. La Xunta ha oscilado entre dos mensajes: reivindicar que Galicia es una comunidad “solidaria” y “acogedora”, y advertir de que su red está tensionada y no aceptará un reparto decidido unilateralmente. El hecho de que ya haya recibido más de 90 menores asignados añade una paradoja evidente: mientras mantiene el pulso institucional, Galicia participa de facto en el sistema que cuestiona.
Tras el fracaso de la sectorial, Sira Rego aseguró que el Gobierno seguirá adelante con la actualización del decreto y defendió que el sistema ha permitido tramitar unos 1.700 expedientes sin incidencias, aliviando la presión en territorios como Canarias, Ceuta y Melilla. La ministra dio por cumplido el trámite informativo pese a la ausencia de reunión formal, lo que abre una nueva fase del conflicto con las comunidades del PP, incluida Galicia: menos debate técnico y más confrontación política y judicial.
