La Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) avanza en la elaboración de un protocolo de seguridad para las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), un documento que busca dar una respuesta coordinada a una realidad que durante años ha permanecido en un segundo plano: los riesgos a los que se enfrentan las auxiliares cuando prestan servicio en domicilios particulares.
Hoy, 28 de enero, la sede de la FEGAMP en Santiago acoge la tercera reunión de la mesa de trabajo creada para definir ese protocolo. Se trata de un encuentro de carácter técnico y político a la vez, en el que participan representantes del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), de la Inspección de Servizos Sociais, de la Delegación del Gobierno, de las organizaciones sindicales y empresariales del sector y del Colexio Oficial do Traballo Social de Galicia, además de una delegación de alcaldes y alcaldesas en representación de los concellos.
Sobre la mesa está ya un segundo borrador del protocolo, revisado a partir de las aportaciones realizadas en reuniones anteriores. El debate se centra en definir con mayor precisión los objetivos del documento, las obligaciones y funciones de cada una de las partes implicadas en la prestación del SAF, los factores de riesgo asociados al trabajo domiciliario y los efectos de la violencia sobre la salud de las trabajadoras, así como las medidas preventivas necesarias. La reunión se plantea como un paso clave para avanzar hacia un texto consensuado y operativo.
Desde la FEGAMP se insiste en que el protocolo debe ser útil y aplicable, y no un simple marco de recomendaciones. La federación, que aglutina a municipios y provincias de Galicia, actúa como espacio de coordinación entre administraciones con competencias distintas y con realidades muy dispares en la gestión del SAF, un servicio esencial que depende en gran medida de los concellos.
El trabajo de esta mesa no surge de la nada. Llega después de años de advertencias por parte de las propias trabajadoras y de los sindicatos, y especialmente tras un suceso que marcó un antes y un después. El 29 de julio de 2025, una trabajadora del SAF fue asesinada en O Porriño (Pontevedra) mientras realizaba su labor en un domicilio. El ataque se produjo durante una intervención en casa de una usuaria, presuntamente a manos del marido de esta. La víctima había alertado con anterioridad de situaciones incómodas y de riesgo, y había solicitado no volver a ese domicilio. Aun así, el servicio continuó asignado y el desenlace fue fatal.
Aquel crimen puso de forma brutal el foco sobre las deficiencias en la prevención de riesgos laborales en el SAF, la falta de evaluación previa de determinados domicilios y la ausencia de protocolos claros que respalden a las trabajadoras cuando comunican que no se sienten seguras. Lo que hasta entonces se percibía como conflictos puntuales pasó a entenderse como un problema estructural.
Fue en ese contexto cuando la FEGAMP convocó la primera reunión de la mesa de trabajo, a comienzos del otoño. Aquel primer encuentro tuvo un carácter principalmente organizativo. Sirvió para sentar a todas las partes implicadas y constatar la necesidad de elaborar un protocolo específico, aunque todavía sin entrar en detalles operativos. Desde el inicio quedó claro que no bastaba con un documento genérico y que sería necesario abordar cuestiones sensibles como las responsabilidades de las administraciones, el papel de las empresas concesionarias y el respaldo normativo de las medidas que se planteasen.
La segunda reunión, celebrada semanas después, supuso un paso más concreto. En ella, el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia presentó por primera vez una propuesta inicial de protocolo, que incluía criterios para identificar situaciones de riesgo, pautas de actuación ante episodios de violencia y la necesidad de mejorar la coordinación entre los distintos niveles administrativos. Sin embargo, aquel primer texto dejó abiertas cuestiones clave, especialmente en lo relativo a la financiación de las medidas, la cobertura legal de determinadas decisiones —como la suspensión de un servicio por motivos de seguridad— y el margen real de protección para las trabajadoras.
La reunión que se celebra hoy se apoya precisamente en esas carencias detectadas. El debate avanza hacia una mayor concreción de los contenidos y hacia la necesidad de que el protocolo tenga respaldo suficiente para ser aplicado en el día a día del servicio, independientemente del municipio o de la empresa que lo gestione.
Desde la FEGAMP se reconoce la complejidad del proceso. El SAF se presta en contextos muy distintos, con modelos de gestión diversos y con recursos económicos limitados en muchos concellos. Aun así, la federación defiende que contar con un marco común es imprescindible para evitar desigualdades y para garantizar que la seguridad de las trabajadoras no dependa de decisiones aisladas o de la buena voluntad de cada administración.
Los trabajos continuarán en las próximas semanas, con nuevas reuniones previstas para seguir puliendo el texto y cerrar un documento consensuado. El reto no es menor: transformar una sucesión de advertencias y tragedias en medidas preventivas reales, que permitan anticiparse al riesgo y proteger a quienes sostienen uno de los servicios públicos más esenciales del sistema de cuidados.
Para las miles de mujeres que cada día llaman a una puerta sin saber qué les espera al otro lado, el protocolo que ahora impulsa la FEGAMP representa algo más que un documento técnico. Es la posibilidad de que, por primera vez, la seguridad deje de ser una cuestión secundaria en el trabajo de cuidar.
