El Parlamento Gallego arrancará el nuevo curso con un asunto trascendental sobre la mesa: la transferencia de la AP-9 a la Xunta de Galicia. El Partido Popular, que defenderá esta postura, ha pedido a través de su portavoz parlamentario, Alberto Pazos, que esto «no suponga una carga económica» para los gallegos. Fue precisamente el Partido Popular quien, durante el gobierno de José María Aznar en el año 2000, quién aprobó hasta 2048 la prórroga de la concesión a Audasa que entró en vigor el pasado mes de agosto por un periodo de 25 años adicionales. «Queremos una AP-9 plenamente gallega y sobre la que podamos decidir y mejorar el servicio que reciben sus usuarios, pero nunca que suponga una carga para los gallegos», ha asegurado Pazos.
Además, el dirigente popular ha asegurado no acabar de entender la postura del BNG cuando, por una parte, «se enorgullecen de haber conseguido una rebaja histórica de los peajes, sin mencionar la subida sufrida cada año, y ahora pretenden que esa rebaja histórica recaiga en los bolsillos de todos los gallegos» al asegurar que con su proposición de ley «serían los que tendrían que pagar a la concesionaria». Enfrente, el viceportavoz parlamentario del BNG Luís Bará ha asegurado que el PPdeG tiene «mala conciencia» en relación con el traspaso de la AP-9 toda vez que «el máximo responsable» de que no se llevase a efectivizar su transferencia. El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha responsabilizado al PP de la prórroga de la concesión y ha destacado las bonificaciones en los peajes aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez como medida para minimizar su impacto en los usuarios gallegos.
En este escenario, la Autopista del Atlántico, principal vía de vertebración del territorio gallego, sigue siendo objeto de debate, especialmente después de que, tras la convocatoria del proceso electoral del pasado julio, el proceso de transferencia a Galicia haya quedado en el aire sin completar. Por otra parte, la ampliación de la concesión hasta 2048 está bajo la lupa de la Comisión Europea que, en septiembre de 2021 anunció la apertura de expediente a España por ese periodo de explotación extra, sin haber convocado una licitación pública. Bruselas envió una carta de emplazamiento, el primer paso en los procedimientos comunitarios de infracción, a las autoridades españolas para garantizar la correcta aplicación de la regulación europea en la concesión de contratos, al considerar que España no cumplió con sus obligaciones en esta materia.
