La relación entre la Xunta y el Ministerio del Interior por la renovación del convenio de la Policía Nacional Adscrita atraviesa un momento delicado después de que el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, señalara que Galicia podría dejar de prestar la protección a víctimas de violencia machista si no se avanza en el acuerdo. La advertencia ha provocado una respuesta inmediata del PSdeG, que acusa al Gobierno gallego de situar un servicio especialmente sensible en medio de una negociación administrativa.
La Policía Adscrita lleva operando en Galicia desde principios de los años noventa y depende de un acuerdo entre la Xunta e Interior que debía actualizarse hace más de una década. La plantilla prevista es de 500 agentes, pero actualmente hay 338. La Xunta sostiene que esta reducción condiciona el funcionamiento de la unidad y explica decisiones recientes como retirar policías del Parlamento o de San Caetano para destinarlos a otros servicios.
El punto principal de desacuerdo es el reparto del coste salarial. Hoy el Estado paga las nóminas y la comunidad asume los complementos y los gastos de funcionamiento. Interior plantea una cofinanciación al 50% de los salarios sin cambios en el resto del reparto, lo que, según la Xunta, supondría multiplicar por tres su presupuesto para la unidad. Como alternativa, el Gobierno gallego propone mantener el modelo actual para los agentes en activo y aplicar las nuevas condiciones solo a las plazas pendientes de cubrir. Afirma que trasladó esta propuesta al ministro Fernando Grande-Marlaska en febrero, sin obtener respuesta.
En este contexto, Diego Calvo afirmó este miércoles 4 de diciembre que, si no se consigue avanzar en la renovación del convenio, la Policía Adscrita dejará de asumir tareas que no son competencia autonómica. Entre ellas mencionó la protección de mujeres en situación de violencia machista, un servicio que Galicia presta desde 2016 por acuerdo con Interior y que no realizan otras comunidades con unidades policiales adscritas.
El conselleiro insiste en que esta función corresponde exclusivamente al Estado y que la actual falta de efectivos no permite garantizarla en condiciones adecuadas. También subraya que un cambio de este tipo no sería inmediato y que se coordinaría con Interior para evitar que las víctimas queden sin atención policial.
La mención directa a este servicio, ante un escenario de negociación bloqueada, ha generado inquietud en la oposición y ha desplazado la discusión del ámbito administrativo al político.
Reacción del PSdeG
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, considera que el planteamiento de la Xunta «es inasumible» porque introduce incertidumbre en un ámbito especialmente sensible. Acusa al PP gallego de «usar a las víctimas de violencia machista como herramienta de presión» para forzar un acuerdo con Interior.
Besteiro recuerda que comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía o Madrid, ya aplican el modelo de cofinanciación que la Xunta rechaza. Además, cita datos sindicales que indican que solo 13 agentes de la unidad están dedicados a labores vinculadas a VioGén mientras unos 20 se destinan a la seguridad personal del presidente Alfonso Rueda, un reparto que cuestiona la argumentación de falta de efectivos. El PSdeG ha solicitado la comparecencia urgente de Calvo en el Parlamento para explicar el alcance de su advertencia y los motivos que han llevado a la situación actual.
La senadora socialista Carmela Silva ha ido un paso más allá al pedir el cese inmediato de Calvo. Considera «inadmisible» plantear públicamente que la protección a víctimas pueda verse afectada por un desacuerdo entre administraciones y responsabiliza a la Xunta del bloqueo del convenio. Silva afirma que otras comunidades sí han aceptado la financiación que propone Interior y reclama al presidente Alfonso Rueda que pida disculpas por lo que califica de «declaraciones impropias de un responsable público».
A este escenario se suma el malestar dentro de la propia Policía Adscrita. El sindicato mayoritario de la Policía Nacional en Galicia lleva semanas criticando que la Xunta haya sustituido agentes por seguridad privada en algunos edificios institucionales. Lo consideran una «privatización encubierta» y niegan que la explicación oficial de falta de personal se corresponda con necesidades operativas reales.
El sindicato denuncia carencias materiales que arrastra la unidad desde hace años, como la falta de chalecos antibalas, así como duplicidades en algunos servicios y ausencia de diálogo con la Consellería. Piden el cese del director xeral de Interior, Santiago Villanueva, y anuncian movilizaciones si continúan estos cambios.
