El Servizo de Axuda no Fogar (SAF) es mucho más que un programa asistencial: es lo que permite que miles de personas dependientes en Galicia puedan seguir viviendo en su hogar, recibiendo apoyo para tareas básicas como la higiene, la alimentación o la limpieza. Pero mantener ese modelo tiene un precio cada vez más difícil de asumir para los ayuntamientos, que en muchos casos hacen malabares para sostenerlo.
Un estudio elaborado por la Fegamp con datos de 213 concellos gallegos —el 70 % del total— alerta de que el coste medio del SAF ya supera los 20 euros por hora, mientras que la aportación conjunta de Xunta y Estado se queda en solo 12 euros. El desfase, advierten, lo están cubriendo los municipios con fondos propios.
Los datos de 2024 revelan un reparto que, aunque aparentemente equilibrado, deja a los concellos en una situación muy comprometida. Según el informe, el Ministerio de Derechos Sociales cubre el 30,56 % del coste, la Xunta de Galicia el 27,35 % y los concellos el 29,82 %. El resto se completa con la aportación directa de las personas usuarias (11,23 %) y remanentes municipales (1,04 %). Esto significa que los ayuntamientos financian casi una tercera parte del servicio, pese a no tener competencias directas en dependencia.
En 2024, la media del precio por hora es de 20,22 euros, aunque varía según el modelo de gestión: 20,07 euros en el servicio externalizado (53 % de los casos), 20,35 euros en el municipalizado (27 %) y 20,88 euros en el mixto (20 %).
Las previsiones para 2025 agravan aún más la situación. En los 16 contratos adjudicados recientemente, el coste medio sube ya a 22,75 euros por hora, y en los 22 contratos en tramitación, la cifra se eleva a 23,66 euros, con máximos de hasta 28,58 euros. Además, 50 concellos han confirmado que licitarán nuevos contratos entre 2025 y 2026, lo que anticipa una presión aún mayor sobre sus presupuestos.
Desde la entrada en vigor de nuevas intensidades horarias por grado de dependencia, los usuarios del SAF reciben más horas de atención semanal. Esto, que en principio debería ser una mejora, está generando un efecto en cadena: los concellos asumen más coste y, además, los nuevos usuarios entran más tarde, porque la cobertura se concentra en los ya beneficiarios. «O incremento nas intensidades horarias repercutiu significativamente na mobilidade das listaxes de agarda», recoge el informe. A esto se suma la falta de personal para cubrir vacaciones, bajas o nuevas plazas, especialmente en zonas con población dispersa o envejecida.
Una de las críticas más repetidas por los concellos es que no existe financiación específica para los costes indirectos del SAF. Ni los sueldos de trabajadoras sociales ni el personal administrativo están incluidos en el cálculo del precio/hora, pese a que gran parte de la jornada se dedica a gestionar este servicio. Según la Fegamp, los servicios sociales de base están siendo financiados prácticamente en su totalidad por los propios ayuntamientos. Y todo indica que la tendencia se agravará: el coste anual del SAF en Galicia podría situarse entre 260 y 420 millones de euros, dependiendo de la intensidad horaria aplicada.
La Xunta, en el foco de las críticas municipales
Aunque el reparto de 2024 muestra una participación significativa del Gobierno central, la Xunta —que tiene la competencia exclusiva en servicios sociales— aporta menos que el Estado, con un 27,35 % del total. Esta cifra contrasta con su papel institucional y con su compromiso de alcanzar un acuerdo estable con los concellos. Desde el Ejecutivo autonómico aseguran que están «conscientes» del aumento de costes, pero insisten en que es el Estado quien ha reducido su contribución: del 40 % en 2023 al 34,9 % en 2024, lejos del 50 % que marca la ley. También denuncian una deuda histórica de más de 2.500 millones de euros en materia de dependencia.
Sin embargo, los datos del informe apuntan a una realidad incómoda: la Xunta es, proporcionalmente, la administración que menos aporta al SAF, pese a ser la responsable del sistema. Y no basta con señalar a Madrid mientras los concellos sostienen casi una tercera parte del servicio y financian por completo los servicios sociales de base.
Para entender el contexto, el informe también repasa la evolución de la financiación del conjunto de los servicios sociales básicos en Galicia. En 2007, los ayuntamientos asumían el 73,83 % del gasto, la Xunta el 14,56 % y el Estado el 11,62 %. Pero en 2023, esa proporción ha cambiado radicalmente: los concellos pagan ahora el 85,30 %, mientras que la Xunta se queda en un 7,80 % y el Estado en un 6,91 %. Esta evolución evidencia una tendencia: las administraciones con más recursos y competencias se han ido retirando, dejando la carga en manos de los municipios.
En las próximas semanas, Xunta y Fegamp volverán a reunirse para intentar alcanzar un acuerdo estable. Pero desde los concellos la petición es clara: que el 100 % del SAF sea financiado por Xunta y Estado, y que el nuevo precio por hora se aplique desde el 1 de enero de 2025. Mientras tanto, cientos de personas en Galicia siguen esperando una solución para poder seguir viviendo donde quieren: en casa y con apoyo.
