La Xunta de Galicia ha aprovechado la II Cumbre Nacional del Litoral, celebrada este jueves en Valencia, para situar su normativa propia como el referente necesario ante una futura reforma de la Ley de Costas estatal. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, defendió ante representantes de siete comunidades costeras —la Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias y Cantabria— que la ley gallega (LOXILGA) logra integrar tres ejes que, a su juicio, son hoy irreconciliables en la gestión del Ministerio: la protección ambiental, la realidad social de la costa y la actividad económica vinculada al mar.
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ejerció de portavoz de una tesis que une a estos territorios: la actual Ley de Costas estatal es «rígida» y no entiende las particularidades de cada región. Galicia sostiene que su norma propia, la LOXILGA, es el ejemplo de que se puede proteger el medio ambiente sin asfixiar la economía local ni ignorar la realidad social de los pueblos marineros. Esta visión ha servido de pegamento político para un bloque de comunidades que suman miles de kilómetros de costa y que denuncian sentirse «ninguneadas» por la administración central.
El punto de mayor fricción radica en la metodología que está siguiendo el Ministerio. Mientras que este frente autonómico reclama una nueva ley que nazca del consenso y se debata en el Congreso de los Diputados, el Gobierno central ha optado por modificar el Reglamento de Costas. Para la Xunta y el resto de comunidades de la cumbra, este movimiento es una «reforma por la puerta de atrás». Argumentan que un reglamento es una herramienta de menor rango que permite al Ejecutivo introducir cambios restrictivos de forma unilateral, evitando así un debate parlamentario donde el Gobierno carece de una mayoría sólida.
Este bloque de siete comunidades —seis de ellas gobernadas por el Partido Popular— denuncia que el Ministerio utiliza la vía reglamentaria para endurecer las condiciones de las concesiones en el litoral. Se trata de un asunto crítico que afecta a miles de viviendas, hoteles, industrias y negocios situados en el dominio público marítimo-terrestre. Las autonomías temen que, bajo criterios de protección ambiental mal entendidos, se acabe con actividades económicas históricas que son el motor de muchas zonas costeras, especialmente en territorios con gran peso pesquero como Galicia o turístico como Baleares y Canarias.
La estrategia de Galicia y sus socios se apoya en una idea central: la diversidad. Vázquez subrayó en Valencia que no es razonable aplicar las mismas reglas a una ría gallega, con su dispersión poblacional y su dependencia del marisqueo, que a una playa del Mediterráneo o a los acantilados de las islas Canarias. El bloque denuncia que el Ministerio legisla «desde los despachos de Madrid» sin tener en cuenta que las comunidades autónomas son las que mejor conocen su terreno.
Este argumento ha ganado fuerza desde que Galicia asumió, el pasado 1 de julio, las competencias plenas de gestión sobre su costa. Aunque la propiedad del terreno sigue siendo del Estado, la Xunta es ahora la que tramita los permisos y expedientes. Al presentar su modelo como un éxito de «agilidad y cercanía», Galicia intenta demostrar que la descentralización de la gestión costera no solo es posible, sino más eficiente.
Otro punto grande de discrepancia es la existencia de un dictamen motivado de la Unión Europea que insta a España a actualizar su normativa de costas. La Xunta ha utilizado este documento para reforzar su posición, asegurando que Bruselas exige cambios de calado que no pueden resolverse con un simple parche reglamentario. Además, la conselleira denunció que el Gobierno central conocía este dictamen desde diciembre de 2024 y que «ocultó» su contenido a las comunidades autónomas hasta hace apenas unos días.
Para las comunidades del PP y Canarias, este retraso en la comunicación es una prueba de la «falta de lealtad institucional» del Ministerio. Sostienen que el Ejecutivo central ha intentado ganar tiempo para avanzar en su reforma del reglamento antes de que las autonomías pudieran organizarse y utilizar el dictamen europeo como argumento legal en su contra.
La cumbre concluyó con la firma de un manifiesto conjunto en el que las siete comunidades exigen una reunión urgente con la ministra Sara Aagesen. El documento es un aviso político claro: este bloque de autonomías no aceptará cambios impuestos sin negociación previa. Piden seguridad jurídica para los usuarios de la costa, respeto a las competencias autonómicas y una ley que armonice la defensa del litoral con el desarrollo sostenible.
