Hace una década que la Xunta de Galicia renovó la concesión de sus cuatro autovías con peajes a la sombra en una operación que salió muy cara a las arcas públicas: en lugar de limitarse a abonar a las empresas concesionarias por el tráfico de las vías, el Gobierno gallego decidió sobrepagarles, salvándolas así de una quiebra que habría permitido rescatar las concesiones.
Ahora, diez años después, la Xunta de Galicia ha dado un volantazo y ha decidido desembolsar 297 millones para rescatar las concesiones de estas cuatro autovías —las autovías do Barbanza (AG-11), do Salnés (AG-41), Ourense-Celanova (AG-31) y Santiago-Brión (AG-56)—, que concluirían entre 2035 y 2040 y no estaban resultando demasiado lucrativas a las empresas.
Así, una operación que se podría haber resuelto con coste cero en tiempos de Alberto Núñez Feijóo esperando a que las empresas concesionarias renunciasen ante la ausencia de beneficios se solventó sobrepagándoles: el Consello de Contas denunciaba hace un año en un informe que la Xunta, que podía haber renovado los convenios por 161 millones, decidió hacerlo por 44 millones más, 205, generando beneficios a las empresas a costa del dinero público.
“La Xunta podría haber rechazado estas renegociaciones: la caída de ingresos podía ser asumida por las empresas concesionarias o los bancos financiadores sin invertir más fondos públicos”, recogía el informe, que apuntaba que la administración “no tiene la obligación de asumir las pérdidas de las concesionarias”, ya que “podrían hacerlo las propias empresas o los bancos que las financian”.
Tras conocer este duro informe la Xunta de Galicia descartó la posibilidad de rescatar la concesión, si bien ahora, con Alfonso Rueda al frente, ha dado marcha atrás, enmendando la decisión del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, aunque con un coste adicional: el del rescate y el de los cerca de 500 millones que han recibido las concesionarias a lo largo de estos diez años.
Grandes empresas y un negocio redondo
Según los propios datos facilitados por la Xunta, para “rescatar” las concesiones en total se desembolsarán 297 millones a sociedades controladas por grandes grupos empresariales. El mayor coste será el de la autovía Santiago-Brión (AG-56), controlada por el grupo de Florentino Pérez, ACS, que se llevará 95 millones para resolver su contrato, que finalizaba en 2035.
Mientras tanto, Sacyr se llevará 72 millones por su concesión de la autovía do Barbanza (AG-11), que finalizaría en 2036. Las otras dos vías tienen como principal accionista a la constructora ourensana Copasa. En total la Xunta tendrá que pagar 85 y 45 millones para rescatar las concesiones de las autovías Ourense-Celanova (AG-31) y do Salnés (AG-41), que finalizarían en 2040 y 2036, respectivamente.
Rechazo de la oposición
El anuncio de la Xunta ha suscitado fuertes críticas entre los grupos de la oposición: tanto BNG como PSdeG han expresado sus dudas sobre la operación, cuestionando tanto la selección de las autovías afectadas como el beneficio que podría suponer para las empresas concesionarias.
Olalla Rodil, viceportavoz parlamentaria del BNG, ha incidido en la “falta de transparencia en el proceso”, exigiendo al Gobierno autonómico que explique por qué ha decidido rescatar determinadas vías y no otras. “La Xunta debe justificar por qué se prioriza el rescate de unas autovías mientras otras, también de titularidad autonómica, quedan fuera de esta operación”, afirmó.
En concreto, ambas formaciones han destacado el caso de la autovía A Coruña-Carballo (AG-55) y de la do Val Miñor (AG-57). En contraposición a las cuatro rescatadas, con “peaje a la sombra”, en los dos casos tienen lo que el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, calificó de “peaje al sol”, donde los usuarios tienen que pagar de forma directa por el uso de la vía.
Por su parte, Elena Espinosa, viceportavoz parlamentaria del PSdeG, ha mostrado su escepticismo respecto a las motivaciones de la Xunta, a la que acusa de favorecer a las empresas concesionarias en lugar de defender los intereses de los ciudadanos. “Con esta operación, las concesionarias siguen ganando y los gallegos seguimos perdiendo”, afirmó, subrayando que la inversión de casi 300 millones de euros para finalizar los contratos, que expiraban entre 2035 y 2040, no está justificada desde el punto de vista del interés general.