El polémico proyecto de Altri vuelve a estar en lo más alto de la agenda política gallega. Esta vez la actualidad gira en torno al acuerdo firmado en 2021 por el entonces conselleiro de Industria, Francisco Conde, con la multinacional portuguesa Altri, tras conocerse que la Xunta de Galicia alega no disponer —o no conocer— el contenido de un acuerdo firmado en 2021 por uno de sus conselleiros con la multinacional portuguesa. Un acuerdo oculto, del que no se ha hecho público ni el texto ni los compromisos asumidos, y cuya existencia solo ha ido aflorando a raíz de reclamaciones de transparencia y de la presión política en el Parlamento, pese a haber sido suscrito por un miembro del Gobierno gallego en ejercicio.
Lo que empezó como un debate sobre un proyecto industrial concreto se ha convertido en una cuestión de mayor calado institucional. La firma de un acuerdo secreto, fuera de los cauces administrativos habituales y a través de una entidad que el propio Gobierno define como privada, ha abierto dudas sobre la transparencia, el control público y la eventual asunción de compromisos que podrían condicionar decisiones futuras de la Xunta.
Las preguntas se acumulan: quién firmó ese pacto, en nombre de quién lo hizo, qué se acordó exactamente con la empresa y por qué, a día de hoy, el Gobierno gallego sostiene que no tiene acceso al documento. A falta de respuestas claras, la oposición habla de opacidad y reclama una investigación parlamentaria para esclarecer un episodio que, según denuncia, se intentó mantener fuera del foco público.
A continuación, desgranamos los hechos conocidos, las lagunas existentes y las preguntas que siguen sin respuesta y que alimentan la sospecha de que el alcance real del pacto podría ser mayor de lo que se ha reconocido hasta ahora.
¿En qué consiste este acuerdo?
El documento en cuestión es un memorando de entendimiento firmado el 1 de octubre de 2021 para encauzar la implantación en Galicia del proyecto industrial de Altri. Se trata de un texto marco, previo a cualquier contrato definitivo, que sirve para fijar las bases de una relación entre la empresa y el entorno institucional.
La firma la realizó Francisco Conde, entonces vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, en una etapa en la que Alberto Núñez Feijóo presidía la Xunta de Galicia. El Gobierno autonómico sostiene que Conde no actuó como conselleiro, sino como representante de Impulsa Galicia, una sociedad instrumental de la Xunta, creada en el entorno del propio Ejecutivo autonómico para impulsar proyectos industriales considerados estratégicos.
Ese matiz es clave para entender el conflicto, ya que la Xunta utiliza esa vía societaria para defender que el memorando no es un convenio administrativo clásico y que, por tanto, no estaría sometido a los controles y obligaciones de publicidad habituales de la Administración.
¿Qué sabemos de él?
Buena parte de la información conocida hasta ahora sobre el acuerdo procede del trabajo periodístico de Praza.gal, que ha seguido el caso desde el ámbito de la transparencia administrativa. Tras las primeras respuestas de la Xunta alegando que el pacto no estaba sometido a publicidad, este medio formuló en julio del año pasado una nueva solicitud de acceso a la información al amparo de la Ley de Transparencia.
En esa petición, Praza.gal sostuvo que el documento del acuerdo con Altri debía estar necesariamente en poder de la Xunta, al tratarse de un pacto firmado por un conselleiro en activo y en el marco de una sociedad participada por el propio Gobierno gallego. Además, incidió en que la Xunta, en el ejercicio de sus funciones de supervisión sobre su participación en Impulsa Galicia, debía haber tenido acceso al texto.
El medio añadió otro elemento relevante: incluso aceptando la tesis de la Xunta de que Impulsa Galicia es una entidad de carácter privado y que en su accionariado había empresas privadas, la ley prevé un mecanismo para consultar a esos terceros sobre la publicación del documento y divulgarlo si no se oponen, una vía que ya se ha utilizado en otros casos.
La Consellería de Economía volvió a denegar el acceso, insistiendo en que Impulsa Galicia quedaba fuera del ámbito de la Ley de Transparencia. Ante esa negativa, Praza.gal acudió de nuevo a la Comisión de Transparencia, órgano entonces dependiente de la Valedora do Pobo. En ese trámite, el departamento ahora dirigido por María Jesús Lorenzana fue más allá y sostuvo no solo que no poseía el documento del pacto con Altri, sino que también desconocía su contenido.
En una resolución dictada a mediados de enero, la Comisión de Transparencia recogió ese argumento y señaló que, según el informe remitido por la Consellería, el documento «no fue elaborado ni adquirido por la Xunta de Galicia en el ejercicio de sus funciones», sino que tendría carácter privado y no constituiría información pública. La Comisión asumió además el criterio de que Impulsa Galicia no debía ser tratada como entidad pública a efectos de control y transparencia, una interpretación que contrasta con la mantenida por otros órganos fiscalizadores.
¿Por qué es grave?
Es grave, en primer lugar, por una cuestión elemental de control democrático. El acuerdo se vincula a uno de los proyectos industriales más controvertidos de los últimos años y, sin embargo, fue firmado fuera de los cauces administrativos ordinarios, sin debate parlamentario y sin publicidad. Que un pacto de este alcance permanezca oculto cuestiona los mecanismos básicos de fiscalización del poder.
La gravedad aumenta por quién firmó el acuerdo y cómo lo hizo. No se trata de un intermediario externo ni de un técnico sin capacidad de decisión, sino de un conselleiro en activo, con competencias directas en política industrial, que suscribió el memorando a través de una sociedad instrumental de la Xunta. Esa fórmula permitió situar el pacto en una zona opaca, alejada de los controles que se aplicarían si lo hubiese firmado directamente el Gobierno.
También es grave por la contradicción institucional que deja al descubierto. El mismo Ejecutivo que impulsó la creación de la sociedad instrumental sostiene ahora que desconoce el contenido del acuerdo o que no dispone de él. Esa explicación resulta difícil de conciliar con una gestión diligente de los intereses públicos y refuerza la sensación de descontrol o de ocultación deliberada.
Pero, sobre todo, es grave porque el acuerdo pudo generar compromisos difíciles de revertir. Si el memorando incluye obligaciones económicas, garantías o mecanismos de compensación, Galicia podría verse condicionada durante años por un pacto firmado sin luz ni taquígrafos. Incluso aunque no existan cláusulas económicas explícitas, el solo hecho de haber asumido compromisos políticos o administrativos previos limita la capacidad de decisión futura del Gobierno.
En conjunto, lo que está en juego no es únicamente un documento, sino la posibilidad de que decisiones estratégicas para el país se adopten al margen del control público, creando un precedente que debilita la transparencia y abre la puerta a prácticas que rozan la irregularidad.
¿Qué podría acarrear para Galicia?
Es en este punto donde la falta de información resulta más inquietante. La ausencia del texto del acuerdo impide saber si el memorando se limitaba a una declaración de intenciones o si, por el contrario, incluía compromisos con efectos reales para las arcas públicas.
Una de las sospechas más repetidas es la posibilidad de que el pacto incorpore algún tipo de cláusula compensatoria o mecanismo de indemnización en favor de la empresa si el proyecto no llega a ejecutarse. De ser así, la pregunta es inevitable: ¿podría acabar asumiendo la ciudadanía gallega el coste de un acuerdo firmado de forma opaca y sin control parlamentario?
El debate se amplía cuando se analizan cambios normativos impulsados en los últimos años y que, según se ha denunciado, podrían facilitar indemnizaciones millonarias ligadas a proyectos industriales estratégicos. Sin el acuerdo sobre la mesa, resulta imposible descartar que exista una conexión entre esas reformas y el pacto firmado con Altri.
Más allá del impacto económico directo, el acuerdo podría haber generado compromisos políticos o administrativos menos visibles, pero igualmente determinantes, condicionando decisiones futuras del Gobierno gallego. Todo ello dibuja un escenario en el que la frontera entre una mala práctica institucional y una posible irregularidad se vuelve difusa.
¿Qué dice la Xunta?
La Xunta defiende que el memorando se firmó a través de Impulsa Galicia, una sociedad privada, y sostiene que, por su naturaleza jurídica, no estaría sujeta a las obligaciones de transparencia de un convenio administrativo. Sostiene, además, que se trata de un negocio jurídico privado sin efectos directos sobre fondos públicos.
En sus respuestas oficiales, el Ejecutivo autonómico ha llegado a afirmar que no dispone del documento o que desconoce su contenido, una posición que ha sido duramente cuestionada por la oposición.
¿Qué pide la oposición?
En las últimas horas el PSdeG ha exigido la publicación íntegra del memorando y explicaciones políticas al máximo nivel. Reclama que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aclare qué sabía el Gobierno sobre el acuerdo y qué consecuencias puede tener. Además, solicita la creación de una comisión de investigación en el Parlamento gallego para reconstruir todo el proceso: por qué se firmó el pacto, bajo qué cobertura jurídica, qué controles existieron y dónde se encuentra actualmente el documento tras la disolución de Impulsa Galicia.
También se pide la comparecencia de los responsables de aquella etapa, incluido Alberto Núñez Feijóo y Francisco Conde, y que se aclare si existe algún riesgo de que el acuerdo derive en costes o compensaciones con dinero público. Para la oposición, el caso Altri no es un episodio aislado, sino un ejemplo de una forma de gestionar grandes proyectos al margen del control parlamentario y de la transparencia exigible en una democracia.
¿Podría haber incurrido en un delito?
Con los datos disponibles, no es posible afirmar que se haya cometido un delito concreto. La falta de acceso al acuerdo impide realizar una valoración jurídica concluyente. Sin embargo, esa misma falta de transparencia es la que mantiene abiertas todas las hipótesis.
La firma de un acuerdo estratégico por parte de un conselleiro en activo, a través de una sociedad instrumental de la Xunta y fuera de los cauces administrativos ordinarios, plantea un escenario susceptible de conflicto de intereses. Si se demostrase que esa fórmula se utilizó para eludir controles, blindar a la empresa frente a decisiones futuras o comprometer recursos públicos sin supervisión, el caso podría situarse más allá de la mera responsabilidad política.
Mientras el contenido del memorando siga oculto, no puede descartarse que el acuerdo encierre elementos que lindan con prácticas irregulares. Esa es la razón por la que la oposición insiste en que sacar el documento a la luz no es una cuestión de oportunidad política, sino una condición imprescindible para despejar la sospecha de que, detrás del silencio, pueda haber algo más que un simple error de gestión.
