El Parlamento de Galicia se prepara para abrir una comisión de investigación destinada a examinar los contratos públicos adjudicados por la Xunta desde 2009 hasta 2024, abarcando un periodo de dos presidencias: la de Alberto Núñez Feijóo y la de Alfonso Rueda. Esta comisión ha sido impulsada principalmente por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el Partido Socialista de Galicia (PSdeG), que buscan esclarecer si existieron irregularidades y tratos de favor en contratos de alto valor económico, con un enfoque especial en sectores de infraestructura sanitaria y contratos de emergencia durante la pandemia de COVID-19.
El foco de la investigación está centrado en contratos adjudicados a empresas que, según la oposición, mantienen vínculos estrechos con el PP. Entre los temas destacados está la concesión del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, cuyo sobrecoste ha sido estimado en unos 470 millones de euros. Esta obra fue adjudicada bajo una fórmula de concesión que integraba la construcción y la gestión de servicios no médicos, lo que, según el Consello de Contas, aumentó los costos en comparación con una licitación que hubiese separado ambos servicios. La comisión abordará también los contratos de emergencia adjudicados durante la pandemia a empresas como Universal Support, Mape Asesores y Eulen, a las que se atribuyen servicios esenciales sin pasar por concursos abiertos, decisión que los socialistas califican de “opaca”.
Para garantizar una investigación exhaustiva, el PSdeG ha solicitado la comparecencia de un amplio grupo de personas vinculadas a estos contratos. Entre ellas figuran los expresidentes de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, además de conselleiros de Sanidade durante los últimos quince años y directores generales del Sergas. Además, se convocará a representantes de empresas clave como PricewaterhouseCoopers, que elaboró el informe de viabilidad económica para el hospital Álvaro Cunqueiro, y de la UTE Copasa-Iridium-OHL-San José, encargada de la construcción del mismo hospital. También se esperan las declaraciones de Micaela Núñez Feijóo, directora de Eulen para el noroeste y vinculada familiarmente a Feijóo.
Contraataque del PP
En respuesta a la activación de esta comisión, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acusó al PSdeG y al BNG de emplear la investigación con fines partidistas, señalando que el objetivo real de estos partidos sería erosionar la imagen del PP en Galicia. Rueda calificó la comisión como una “caza de brujas” y expresó su preocupación de que se esté usando la investigación como un arma política para desacreditar a Alberto Núñez Feijóo, quien actualmente lidera la oposición a nivel nacional. Desde el PP se ha argumentado que las prácticas de adjudicación de la Xunta fueron en todo momento transparentes y en conformidad con la normativa, destacando que la gestión del hospital Álvaro Cunqueiro fue fiscalizada por el Consello de Contas y que no se hallaron irregularidades graves. “Es una maniobra de distracción”, declaró Rueda, señalando que la oposición intenta empañar el prestigio del PP con investigaciones “sin fundamento”.
Además, el PP ha tomado la iniciativa de solicitar que comparezca en la comisión Salvador Illa, exministro de Sanidad, para que aclare el papel del gobierno central en la compra de material sanitario durante la pandemia. En este sentido, el PP gallego sostiene que las decisiones adoptadas en Galicia no difirieron de las de otras comunidades autónomas y que los contratos de emergencia fueron una respuesta adecuada a la crisis de COVID-19. La solicitud de comparecencia de Illa se justifica, según el PP, para entender el contexto en el que se realizaron estas adjudicaciones y mostrar que la Xunta actuó de manera responsable en medio de una situación crítica.
Uno de los temas centrales de la investigación será el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, cuyo sobrecoste estimado en 470 millones de euros es motivo de preocupación para la oposición. El Consello de Contas concluyó que la concesión que unió la construcción del hospital con la gestión de servicios no médicos, como lavandería, limpieza y restauración, aumentó los costos notablemente, en lugar de optar por licitaciones separadas. Según el plan de trabajo del PSdeG, se convocará a figuras clave que intervinieron en este proceso, como Juan Carlos Aladro, Conselleiro Maior del Consello de Contas, quien elaboró el informe de fiscalización; Tomás Pérez Vidal, quien fue parte de la concesionaria del hospital; y Elena Muñoz, interventora general que aprobó el contrato. La lista de comparecencias incluye también a representantes de la UTE Copasa – Iridium – OHL – San José Constructora y de PricewaterhouseCoopers Corporate Finance SL, que evaluaron la viabilidad económica de la concesión.
Otro tema que será abordado con profundidad en la comisión son los contratos de emergencia adjudicados durante la pandemia de COVID-19. Empresas como Universal Support, Sibucu 360 y Mape Asesores recibieron múltiples adjudicaciones sin pasar por un proceso de licitación abierta, una medida que el PSdeG considera opaca. El plan de trabajo solicita al Servicio Galego de Saúde (Sergas) documentación sobre los gastos de la línea de atención ciudadana 900400116, usada durante la crisis sanitaria para rastreo y apoyo. Además, se analizarán las quejas e incidencias que rodearon el funcionamiento de esta línea de atención telefónica entre 2020 y 2023, y se espera contar con testimonios de ejecutivos como Ignacio Pío Cárdenas Botas -cuñado de Feijoo-, de Konecta, y Rafael Ignacio Botas Díaz, de Universal Support, para esclarecer el uso de los fondos públicos en estos servicios de emergencia
La investigación también examinará los contratos menores y procedimientos negociados sin publicidad, una práctica que el PSdeG considera pudo facilitar el favorecimiento de empresas afines. La comisión ha solicitado expedientes detallados de las contrataciones de empresas como Grupo Konecta, Allwork Vestuario Laboral, Sismédica SL y Maxwel Cremona SL, entre otras. En cada caso, el PSdeG requiere conocer la justificación de cada adjudicación, las facturas emitidas y la correspondencia entre los funcionarios de la Xunta y las empresas involucradas, con el fin de detectar posibles conflictos de interés y evaluar la transparencia en la administración autonómica
Por último, el PSdeG también ha solicitado una extensa documentación sobre las relaciones económicas y la participación societaria entre directivos de empresas adjudicatarias y funcionarios de la Xunta. En el caso de Universal Support, por ejemplo, se requerirá información sobre las remuneraciones de Ignacio Cárdenas Botas y sus posibles vínculos con Grupo Konecta y otras empresas adjudicatarias.