En julio de 2024, la Audiencia Nacional puso en marcha uno de los mayores procesos judiciales por fraude fiscal de los últimos años. En el centro de la investigación, la empresa Hafesa Energía, acusada de defraudar más de 154 millones de euros en el IVA de hidrocarburos mediante una red de sociedades pantalla. Entre los principales acusados figura Alejandro Hamlyn, presidente de la compañía, y justo después, otro nombre con menos titulares pero más carga política: José Norberto Uzal, exdirector general de Administración Local de la Xunta de Galicia durante el primer mandato de Feijóo y vinculado al actual presidente gallego, Alfonso Rueda.
Uzal está imputado por su papel como director general en el entramado empresarial de Hafesa, donde, según el juez José Luis Calama, colaboró activamente en una estructura de fraude fiscal, blanqueo de capitales y organización criminal. Se enfrenta a una petición de 53 años de prisión. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos y de su clara vinculación con el Partido Popular gallego, su nombre ha sido omitido de la comisión de investigación abierta en el Senado. Mientras Borja Sémper anunciaba con firmeza nuevas comparecencias para llegar «hasta el fondo» de la trama, el pasado institucional de Uzal ha desaparecido de golpe del radar político del PP. Los de Feijóo sí han decidido centrar su estrategia comunicativa en Leire Díaz, una militante de base del PSOE que apareció en unos audios grabados en el despacho desde el que operaba Hafesa. Esa grabación, cuyo contenido señala supuestas presiones y maniobras oscuras, ha sido utilizada por la derecha para agitar el caso mediáticamente y apuntar hacia el entorno socialista.
Cargos e influencia en el PP gallego
Uzal no solo fue director general de Administración Local, sino que es el segundo encausado más relevante del caso, justo después del presidente de Hafesa, Alejandro Hamlyn. Sin embargo, en las listas de comparecientes propuestas por el Partido Popular para la comisión del Senado no aparece su nombre. El partido parece decidido a proteger ese eslabón de su pasado reciente, pese a que la conexión con el fraude es más que evidente. Para el PSOE, este movimiento no es casual: «como cada vez que alguien vinculado al PP acaba sentado en un banquillo, los casos giran y acaban centándose en terceras personas», denuncian desde Ferraz.
El perfil de Uzal es, cuanto menos, pintoresco. Además de su paso por la Xunta, fue concejal del PP en Rianxo y jefe territorial en Galicia de Falange Española Independiente en los años noventa. De hecho, se presentó a las elecciones europeas de 1994 con ese partido. Con ese bagaje ideológico, terminó siendo uno de los hombres de confianza de Feijóo en su primer Gobierno autonómico. Pero Uzal no operaba solo. Su nombre aparece vinculado a Lupicinio International Law Firm, el despacho donde también trabajaba Pedro Mouriño Uzal, su familiar, empresario gallego y cónsul honorario de Rusia en Galicia. Ambos compartieron mesa, oficina y clientes entre 2015 y 2016. Desde esa posición, Mouriño hizo de intermediario en la compra de una mansión a Antonio Oburu, director general de GEPetrol, la empresa petrolera de Guinea Ecuatorial.
La red de conexiones no acaba ahí. Pedro Mouriño también aparece en fotos junto a Pablo Casado, al que apoyó como compromisario en su candidatura a la presidencia del PP. En 2008 colaboró con Aznar en la organización del Fórum Hispano-Ruso, un evento en el que participaron representantes de Gazprom y otros viejos conocidos del PP como David Erguido (imputado en la Púnica) o Percival Manglano. En 2021, Mouriño se reunió con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, para intentar vender la vacuna rusa Sputnik. Que se sepa, no lo consiguió, pero demuestra hasta qué punto las redes de influencia del entorno Uzal llegan a lo más alto.
El fraude de Hafesa
La trama que se juzga ahora no es una historia menor. Según el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, Hafesa Energía constituyó una organización criminal entre 2016 y 2019 que operaba con sociedades fantasma para vender carburantes sin pagar el IVA correspondiente. Esas sociedades eran simples «cascarones vacíos» interpuestos entre Hafesa y las gasolineras, que usaban el impago del impuesto como margen comercial. El resultado: competencia desleal, precios por debajo de coste y un fraude fiscal estimado en 154 millones de euros.
También se investiga un presunto blanqueo de capitales por 46,5 millones, de los cuales ya se ha rastreado el destino de casi 30. Parte del dinero podría haber circulado incluso mediante criptomonedas. El juicio está, de momento, suspendido. Hamlyn no se presentó a la primera sesión porque está en Dubái, envuelto en otro proceso judicial. La defensa alegó problemas logísticos. La Fiscalía y la Abogacía del Estado no se lo creen. Mientras tanto, Uzal sí se presentó, pero no ha dicho ni pío. Y en todo este embrollo, el PP gallego se hace el sueco. Ni Feijóo, ni Rueda, ni Génova. Nadie menciona a Norberto Uzal, como si jamás hubiese estado en sus gobiernos, como si nunca hubiera sido uno de los suyos. Pero la hemeroteca es tozuda, y las fotos existen. Y las conexiones, también.
