Alfonso Rueda ha dado el último paso para asegurarse el control total del Instituto Galego de Estatística (IGE). Tras trasladarlo a la consellería de Presidencia y cesar a su director histórico, el presidente de la Xunta aprovecha ahora la lei de acompañamento dos orzamentos de 2026 para modificar, de forma discreta, la composición del Consello Galego de Estatística. Con este cambio, desaparecen los grupos políticos y el Gobierno central del órgano que supervisa la política estadística gallega, cerrando así un proceso de tres fases que coloca toda la estructura del IGE bajo la órbita directa de Presidencia.
Durante casi cuatro décadas, el Instituto Galego de Estatística funcionó dentro de la consellería de Facenda, como organismo técnico encargado de elaborar los datos oficiales de Galicia. Esa adscripción garantizaba un cierto grado de autonomía: los indicadores sobre empleo, población, lengua o vivienda se generaban en un entorno más técnico que político.
Sin embargo, a lo largo de 2025 el Gobierno de Alfonso Rueda ha ejecutado una serie de movimientos que alteran esa arquitectura. Primero trasladó el IGE al área de Presidencia, el núcleo político del Ejecutivo gallego. Después, cesó al director histórico del organismo. Y ahora, mediante la lei de acompañamento de los orzamentos de 2026, introduce una modificación legal que cambia la composición del órgano consultivo que supervisa la estadística pública.
El traslado a Presidencia: del ámbito técnico al control político
El primer paso se produjo en marzo de 2025. La Xunta aprobó una reestructuración interna para trasladar el IGE desde la consellería de Facenda a la de Presidencia, bajo la Oficina de Coordinación Económica dirigida por Diego Calvo, considerado el hombre de máxima confianza de Rueda.
La explicación oficial fue que el cambio serviría para “facilitar la toma de decisiones con base en datos”. En la práctica, supuso que la información estadística sobre Galicia —desde la economía hasta el uso del gallego— quedaba bajo el departamento más político del Gobierno, el que depende directamente del presidente.
Presidencia no solo coordina al resto de consellerías, sino que también controla la comunicación institucional y la estrategia política del Ejecutivo. Situar el IGE bajo su paraguas significó integrar la producción de datos en el corazón del poder.
El movimiento vino acompañado de un relevo clave. El 24 de junio de 2025, el Diario Oficial de Galicia publicó el cese de José Antonio Campo Andión, que llevaba más de treinta años al frente del IGE. Su salida, acordada en Consello da Xunta y sin comunicación pública, fue interpretada internamente como la culminación de una “anexión” del instituto a Presidencia.
Sindicatos como la CIG alertaron de que, con esta reorganización, el IGE pasaba a depender “do control directo do presidente”, que además preside por ley tanto el propio instituto como su Consello Reitor y el Consello Galego de Estatística. También denunciaron la creación de nuevos puestos cubiertos por libre designación, lo que abre la puerta a nombramientos de confianza y a una futura externalización de trabajos estadísticos.
La reforma silenciosa: la Xunta cambia la composición del Consello Galego de Estatística
El segundo paso de esta estrategia llega a través de la lei de acompañamento dos orzamentos da Xunta para 2026, un documento extenso que se aprueba junto a los presupuestos y que suele incluir modificaciones legislativas de todo tipo. Entre esas disposiciones se encuentra el artigo 18, dedicado a alterar la Lei 6/2024, de 27 de decembro, de Estatística de Galicia, aprobada apenas un año antes.
La modificación afecta directamente al artículo 15 de la Lei 6/2024, que regula la composición del Consello Galego de Estatística. En su versión original, ese artículo incluía a representantes de los grupos parlamentarios del Parlamento de Galicia y del Gobierno central, además de otros sectores sociales. Con la nueva redacción introducida en la lei de acompañamento, la Xunta elimina esas referencias y redefine la lista de miembros del órgano, que pasa a estar dominado por representantes de la propia Administración autonómica y por ocho personas designadas directamente por la Presidencia.
El nuevo texto establece lo siguiente:
Artigo 18. Modificación da Lei 6/2024, do 27 de decembro, de estatística de Galicia
Un. Suprímese o número 3 do artigo 8, que queda sen contido.
Dous. Modifícase a letra c) do número 1 do artigo 15, que pasa a ter a seguinte redacción:«c) As seguintes persoas vogais:
1º. Unha persoa en representación da Presidencia da Xunta de Galicia e unha persoa en representación de cada consellería, por proposta da persoa titular do órgano.
2º. As titulares da Secretaría Xeral e das subdireccións xerais do Instituto Galego de Estatística.
3º. Unha designada polo Consello Galego de Cámaras.
4º. Tres designadas pola asociación empresarial intersectorial máis representativa de Galicia.
5º. Unha designada por cada unha das tres organizacións sindicais intersectoriais máis representativas de Galicia.
6º. Unha designada polo Consello Agrario Galego.
7º. Unha designada pola Federación Galega de Confrarías de Pescadores.
8º. Unha designada polo Consello Galego de Consumidores e Usuarios.
9º. Dúas designadas pola Federación Galega de Municipios e Provincias.
10º. Unha designada por cada universidade pública de Galicia.
11º. Oito de relevancia profesional no campo da estatística, designadas pola persoa titular da Presidencia».
La disposición final añade que «realízase unha revisión puntual da Lei 6/2024 coa finalidade de modificar a composición do Consello Galego de Estatística». Detrás de esta formulación técnica hay una consecuencia directa: la eliminación de los grupos parlamentarios de la oposición y del Goberno de España del órgano consultivo que supervisa la política estadística de Galicia.
Hasta ahora, el Consello Galego de Estatística contaba con representantes del PP, BNG, PSdeG y del Grupo Mixto, además de un miembro del Gobierno central. Su función era servir como foro de transparencia y deliberación sobre qué estadísticas se elaboran, qué metodologías se aplican y cómo se difunden los resultados. Con la nueva redacción, esa representación política y estatal desaparece.
La Xunta aprovecha así una ley presupuestaria —una norma tramitada por vía rápida y con menor debate público— para introducir una modificación estructural que altera el equilibrio institucional del sistema estadístico.
Fuentes parlamentarias del BNG denuncian que se trata de una “reforma encubierta” y de un “novo golpe democrático” que vacía de pluralidad el órgano consultivo. Los socialistas también han advertido que la maniobra refuerza la concentración de poder en manos del Ejecutivo y elimina la supervisión externa de la oposición.
Qué cambia realmente y por qué es relevante
La nueva redacción del artículo 15 deja un órgano prácticamente controlado por el Gobierno. Presidencia de la Xunta, todas las consellerías y los altos cargos del propio IGE tendrán asiento garantizado. El resto de los puestos se reparten entre representantes empresariales, sindicales, del ámbito universitario y personas designadas directamente por la Presidencia.
En total, el Gobierno podrá tener mayoría absoluta en la mesa que aprueba los programas estadísticos y revisa los informes del IGE. Y, lo más importante, ya no habrá presencia política que pueda ejercer un control efectivo sobre las decisiones internas.
Esa eliminación de contrapesos convierte al Consello Galego de Estatística en un órgano prácticamente subordinado a Presidencia. Los informes, metodologías o calendarios de publicación podrán definirse sin debate político, lo que, según los sindicatos, pone en riesgo la independencia y la credibilidad de la estadística pública gallega.
Una estrategia de poder más amplia
Los movimientos sobre el IGE encajan en una tendencia más general del Gobierno de Rueda: reforzar el control político sobre los ámbitos de información pública.
Meses antes, la Xunta había impulsado la nueva ley de medios públicos que elimina órganos de participación y reduce la autonomía de la CRTVG, concentrando su gestión en una dirección nombrada por mayoría automática del PP.
Con el IGE, el Ejecutivo completa ese esquema: ahora controla tanto el flujo de información mediática como el de la información estadística. Presidencia —la consellería más política de la Xunta— se convierte así en el centro neurálgico no solo del poder ejecutivo, sino también de la producción de datos y de la narrativa institucional.
El Instituto Galego de Estatística no solo elabora números. Define cómo se mide la realidad de Galicia. Sus informes sobre empleo, demografía, idioma, vivienda o sanidad determinan el debate público y la rendición de cuentas del Gobierno. Colocar ese organismo bajo Presidencia y vaciar de pluralidad su órgano consultivo significa que la medición de esa realidad pasa a depender directamente del poder político.
La maniobra se ha realizado de manera gradual y discreta: primero la transferencia, luego el relevo en la dirección, y finalmente la modificación legal camuflada dentro de una ley de acompañamiento presupuestario. Lo que se presenta como una “revisión puntual” de la Lei de Estatística es, en realidad, una reescritura del equilibrio institucional sobre el que descansaba la credibilidad del sistema estadístico gallego.
