El último informe del Pleno del Consello de Contas sobre la eficacia del Plan de Transporte Público de Galicia (PTPG) ha revelado serias deficiencias en la gestión de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. El informe, recientemente publicado, habla de un “fallo estrutural” en el ejercicio de las competencias de inspección y control sobre los contratos con concesionarias. Según el documento, la administración autonómica ha renunciado a la imposición del canon de explotación a las concesionarias del servicio hasta que ha sido requerida por el Consello de Contas, con una demora de 338 días en la que no se aplicaron recargos. Esta falta de diligencia se ha repetido hasta al menos el año 2021. Además, numerosas quejas de usuarios han quedado sin respuesta o han sido atendidas de manera “tardía, escueta y superficial”. A ello se suma el cierre de expedientes de infracción contra concesionarias por faltas graves o muy graves, sin que se impusieran penalidades.
Del informe del Consello de cuentas se desprende un dato especialmente negativo: el 96% de las concesiones de transporte de viajeros por autobús son deficitarias. Es decir, solo cinco de los 127 contratos son viables económicamente. En la esfera financiera, el sistema se apoya en varios módulos de compensación económica. La financiación del sistema, para el período de junio de 2020 a julio de 2021, incluye compensaciones y bonificaciones que suman un total de 84.046.797,66 euros. La compensación por obligación de servicio público (COSP) representa la mayor parte de esta financiación, con 43.550.116,06 euros. Esto está destinado a cubrir el déficit económico para mantener el equilibrio financiero de las concesiones. Le sigue la compensación por reserva de plaza a escolares (CURP), con 15.407.946,32 euros, la compensación tarifaria en las Autoridades de Transporte Metropolitano (ATM) con 3.675.216,47 euros y la bonificación por el uso de la Tarjeta Metropolitana General de Galicia Joven (TMGGJ) con 2.371.614,31 euros. La recaudación por viajes aporta 19.041.904,50 euros al total.
En la gráfica presentada en el informe, se observa que la compensación por obligación de servicio público constituye el 51,8% de la financiación, seguido por la recaudación por viajes de los usuarios, que representa el 22,7%. La compensación por reserva de plaza a escolares y la compensación tarifaria en las Autoridades de Transporte Metropolitano aportan un 18,3% y un 4,3%, respectivamente, mientras que la la bonificación por el uso de la Tarjeta Metropolitana General de Galicia Joven refleja el 2,8%. Estos datos reflejan la relevancia de las compensaciones públicas en la sostenibilidad del sistema de transporte gallego, particularmente en tiempos de disminución de la demanda debido a la crisis sanitaria de la COVID-19.
Calidad del servicio
El desinterés de la administración parece extenderse al trato de las quejas de los usuarios, con numerosas incidencias que quedan sin respuesta o con soluciones tardías e insuficientes. Particularmente alarmante es el caso de la UTE HÉRCULES, que presta servicio en la comarca de Betanzos, sur de la de Ferrol y oeste de Eume, con un total de 39 de las 83 presentadas por los usuarios del transporte público. La mayor parte de estas quejas se deben a la insuficiencia de plazas de los autobuses para recoger a todas las personas en las paradas. El Consello de Contas también ha identificado que, pese a las infracciones graves detectadas, no se han impuesto las penalidades estipuladas, desatendiendo el procedimiento descrito en las cláusulas administrativas particulares. Esto se evidencia en la acumulación de 81 expedientes por incumplimientos graves a 61 concesionarias, sin resolución a la fecha del informe.
En términos de puntualidad, se han registrado incidencias relacionadas con la regularidad de las expediciones. Las quejas de los usuarios han puesto en evidencia situaciones donde los autobuses no cumplen con los horarios establecidos, causando retrasos significativos en los desplazamientos diarios de los pasajeros. Este factor es uno de los más valorados por los usuarios, ya que incide directamente en la confianza hacia el servicio y su utilidad práctica. La frecuencia del servicio también ha sido un punto crítico. El informe destaca que ha habido cancelaciones de expediciones sin previo aviso, lo que resulta en largos períodos de espera para los usuarios que dependen de estos servicios para sus traslados habituales. La falta de vehículos suficientes para cubrir todas las rutas programadas es una de las causas subyacentes de este problema, afectando negativamente la percepción de fiabilidad del servicio de transporte público.
En lo que respecta a la cobertura del servicio, se han cerrado quejas por insuficiencia de plazas, especialmente en horas pico y en rutas con alta demanda, lo que pone de manifiesto una desconexión entre la capacidad del servicio y las necesidades reales de transporte de la población. Esto sugiere que la planificación de la red de transporte y la asignación de recursos no están siendo optimizadas para responder de manera efectiva a la demanda existente. La satisfacción del usuario, medida a través de las quejas y sugerencias, refleja una gestión deficiente en la respuesta a las preocupaciones del público. La falta de una atención adecuada a las quejas, con respuestas tardías o insuficientes, erosiona la confianza en la capacidad del sistema para mejorar y adaptarse a las necesidades de los usuarios.