Un ex alto cargo de la Xunta condenado por el fraude millonario de Hafesa

La Audiencia Nacional condena a Norberto Uzal por su papel en la trama de Hafesa, una organización que defraudó más de 154 millones de euros en IVA de hidrocarburos entre 2016 y 2019 a través de un entramado de empresas instrumentalizadas
Norberto Uzal, durante su etapa como director xeral de Administración Local de la Xunta, junto a Alfonso Rueda | XUNTA
Norberto Uzal, durante su etapa como director xeral de Administración Local de la Xunta, junto a Alfonso Rueda | XUNTA

La Audiencia Nacional ha condenado a Norberto Uzal, ex alto cargo de la Xunta de Galicia, por su implicación en la trama de fraude fiscal vinculada a la empresa Hafesa Energía. Según la sentencia, participó en una organización criminal que defraudó más de 154 millones de euros en el mercado de los hidrocarburos mediante el impago sistemático del IVA en operaciones de compraventa de carburantes.

El fallo, que aún puede ser recurrido, considera a Uzal culpable de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las penas que se le atribuyen varían según las informaciones publicadas, oscilando entre los 12 y los 19 años de prisión en función de la acumulación de condenas por cada delito. A ello se suma una multa que supera los 100 millones de euros.

La resolución, de más de 400 páginas, detalla el funcionamiento interno de una estructura empresarial creada con el objetivo de eludir el pago de impuestos mientras operaba a gran escala en la distribución de hidrocarburos.

Cómo operaba la trama

Según la Audiencia Nacional, Hafesa Energía y las sociedades vinculadas a su entorno articulaban un sistema basado en la creación de empresas instrumentales destinadas a acumular deuda con la Agencia Tributaria. Una vez alcanzado un nivel elevado de impago, estas sociedades eran liquidadas o vaciadas de contenido y sustituidas por nuevas mercantiles que continuaban con la actividad.

Este mecanismo permitía mantener el negocio operativo sin asumir las obligaciones fiscales, transfiriendo el IVA no ingresado al margen de beneficio de la organización. El tribunal subraya que esta práctica dio lugar a una competencia desleal, ya que las empresas de la trama podían ofrecer precios más bajos que sus competidores directos al no soportar la carga fiscal que sí asumían otras operadoras del sector. El perjuicio económico causado a Hacienda ha sido cifrado en exactamente 154.729.899,59 euros, correspondientes a operaciones realizadas entre los años 2016 y 2019.

Además de los 14 directivos condenados, la propia empresa Hafesa Energía ha sido condenada como persona jurídica. La Audiencia Nacional le impone sanciones económicas equivalentes al importe defraudado y la obligación de responder solidariamente ante la Agencia Tributaria junto con los condenados.

El papel de Norberto Uzal

Norberto Uzal ocupó responsabilidades directivas dentro de Hafesa y está considerado por la sentencia como una de las figuras clave dentro de la estructura empresarial. El tribunal sostiene que actuaba como uno de los principales colaboradores del empresario Alejandro Hamlyn, propietario de la compañía y considerado líder de la trama.

Uzal fue uno de los acusados principales en el juicio y uno de los cargos más relevantes que sí compareció ante el tribunal, debido a que Hamlyn permanece huido en Dubái. La Fiscalía llegó a solicitar para él más de 50 años de prisión antes del inicio del proceso.

Antes de incorporarse al sector privado, Uzal desempeñó diferentes cargos en la administración pública gallega. Entre 2002 y 2007 trabajó como asesor jurídico en el Ayuntamiento de Cambados. Posteriormente fue director general de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) entre 2007 y 2009 y, más tarde, director xeral de Administración Local de la Xunta de Galicia entre 2009 y 2013. Ese cargo lo desempeñó durante el primer mandato de Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta, con Alfonso Rueda al frente de la Consellería de Presidencia.

Hamlyn, el líder ausente

Alejandro Hamlyn, propietario y máximo responsable de Hafesa según la sentencia, no pudo ser juzgado al encontrarse huido en Dubái. A pesar de su ausencia, la Audiencia Nacional decidió seguir adelante con el procedimiento para evitar que el proceso quedase paralizado indefinidamente.

La sentencia lo sitúa como el principal organizador del entramado, señalando que desde su posición se diseñó y coordinó la estructura destinada al fraude fiscal.

Su nombre volvió al foco mediático este año tras la difusión de una grabación en la que participaba por videoconferencia junto a Leire Díez, exmilitante socialista, en una conversación que giraba en torno a la búsqueda de información comprometedora contra mandos de la UCO de la Guardia Civil. Aunque este episodio no está relacionado directamente con esta causa, ha reactivado el interés en su figura.

El recurso anunciado por Hafesa

Tras conocerse la sentencia, Hafesa Energía ha anunciado que recurrirá la decisión ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. En un comunicado, la empresa sostiene que las conclusiones del tribunal no reflejan adecuadamente las pruebas practicadas durante el juicio.

Según la compañía, su relación con las operadoras implicadas en el fraude se limitó a una colaboración comercial y niega que existiera una estructura de colusión dirigida a defraudar el IVA. También asegura que la sentencia no afecta al normal desarrollo de su actividad empresarial.

Además, el tribunal ha tenido en cuenta una atenuante de dilaciones indebidas y la existencia de medidas de cumplimiento normativo implantadas por la empresa antes del juicio oral, lo que ha influido en la cuantía final de algunas sanciones.

«Amistades peligrosas do PP»

José Ramón Gómez Besteiro, líder de los socialistas en Galicia, ha vinculado la condena a Norberto Uzal con lo que definió como un entorno de «amistades peligrosas» en torno a Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda. El secretario xeral del PSdeG se refirió así a la sentencia de la Audiencia Nacional durante un acto celebrado en A Coruña con motivo del 25-N.

Según Besteiro, Uzal fue «el brazo derecho» de Rueda cuando este ocupaba la Consellería de Presidencia. En su intervención, sostuvo que la resolución judicial «confirma un ámbito de intrigas, de negocios oscuros y de amistades peligrosas» en el entorno del actual liderazgo del PP gallego.

El fallo no es firme, pero sienta un precedente importante en un caso que ha tardado años en llegar a juicio y que ha implicado a una red empresarial compleja, con ramificaciones tanto económicas como institucionales.

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