El Concello de Valga ha ganado en los tribunales a la concesionaria de la autopista AP-9, la empresa Audasa, en relación con el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al último cuatrimestre de 2023. La resolución judicial obliga a la compañía a abonar 59.284,40 euros a las arcas municipales.
La sentencia fue dictada el pasado 2 de marzo por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Pontevedra, que desestimó el recurso presentado por la concesionaria y confirmó la liquidación realizada por el Concello.
El conflicto surgió tras la supresión, el 18 de agosto de 2023, de la bonificación del 95% del IBI de la que se beneficiaba la empresa. A partir de esa fecha, el consistorio remitió a la concesionaria una liquidación reclamando el 100% del impuesto correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de agosto y el 31 de diciembre de ese año.
En su fallo, el juzgado señala que Audasa “sabía perfectamente dende anos atrás” que en 2023 la bonificación solo se aplicaría hasta el 18 de agosto y no durante todo el ejercicio.
Tras conocer la resolución, el alcalde, José María Bello Maneiro, manifestó la “satisfacción” del gobierno local por esta victoria judicial que “abre camiño para os demais concellos”. El regidor subrayó que Valga fue el único municipio de las provincias de A Coruña y Pontevedra por las que pasa la autopista que presentó esta liquidación y que la sentencia “abre agora camiño para que os demais tamén poidan cobrar integramente o IBI”. Además, concluyó que “Valga defendeu os intereses de todos os concellos afectados”.
