La Xunta de Galicia ha salido al paso de las acusaciones del sindicato CIG, que este lunes denunció que el exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, es «personal laboral indefinido no fijo» de la Administración autonómica y se encuentra en estos momentos ocupando una “plaza escondida y no ofertada” después de haber dimitido en junio, investigado por una presunta agresión sexual.
El Gobierno gallego asegura que Villares se reincorporó a su puesto en virtud de una excedencia forzosa por haber ocupado un cargo público. En el momento en el que cesó de este cargo, se habría incorporado «al puesto que tenía reservado, tal y como establece la normativa de aplicación».
Desde la CIG sostienen que el exconselleiro no tenía derecho a esa reserva de plaza, pues Villares era «personal temporal». Por eso, desde el sindicato denuncian que se le ha asignado una plaza de veterinario en la oficina de Viveiro que “no fue incluida en los concursos de traslados ni ofertada al personal funcionario con más derecho sobre ella”. También recalcan que Villares participó en un proceso de estabilización para el cuerpo facultativo superior, escala de veterinarios, en el que “no obtuvo plaza”.
Otra crítica que realiza ahora la CIG hace referencia al destino adjudicado a Alfonso Villares. Aseguran que antes de ocupar el cargo de conselleiro do Mar su puesto estaba en el área de Mondoñedo. Sin embargo, ahora ha sido destinado a Viveiro, «más cerca de su domicilio». Una cuestión que, a su juicio, refuerza la sospecha de un trato de favor.
El sindicato insta ahora al ejecutivo gallego a incorporar esta plaza al concurso de traslados, con el fin de garantizar que su adjudicación se realice con transparencia.
