Era el año 2023 cuando el Bloque Nacionalista Galego presentaba una proposición de ley en la que proponían rebajar la edad de voto. Una idea planteada ante el Parlamento de Galicia que fue rechazada de forma unánime por el PPdeG y de la que el PSdeG decidió abstenerse.
Tras este intento fallido de permitir a los jóvenes de 16 y 17 años acudir a las urnas, tanto los populares como los socialistas gallegos sugirieron que el BNG habría propuesto esta rebaja para «mejorar sus resultados electorales». Desde las filas nacionalistas, Ana Pontón fue rotunda, asegurando que «non hai que ter medo á participación política da xente nova».
En el caso gallego, el censo electoral actual es de más de dos millones de personas, y la inclusión de los jóvenes de 16 y 17 años haría que este creciera en unas 46.000 personas.
Pero esta disputa no sólo se ha dado en Galicia, sino que habría llegado antes, en el 2022, al Congreso. Allí, ERC no contó con los apoyos necesarios para ampliar el derecho a voto. Y este año, el debate reaparece.
Lo hace de la mano del Ministerio de Juventud e Infancia, que ahora trabaja en la creación de una nueva Ley de Juventud estatal. En las fases previas de la presentación de la propuesta ante el Congreso, la ministra Sira Rego ha recalcado que la rebaja de la edad de voto es una de las propuestas más repetidas. Asegura que este derecho «ensancha la democracia», pues considera «imprescindible» la participación de la juventud en la política.
Un mensaje similar daba la líder del BNG, pues asegura que «se tes idade para traballar e pagar impostos, tamén a tes para votar e decidir o futuro do teu país».
A medida que avanza la tramitación de la futura Ley de Juventud, la propuesta vuelve a situarse en el centro del debate político. Aunque sigue generando divisiones, el planteamiento gana terreno en algunos sectores como un paso necesario para adaptar la democracia a una sociedad más inclusiva y representativa con los jóvenes.
