La Xunta ha confirmado hoy el archivo del proyecto de Altri en Palas de Rei, un desenlace que cierra —salvo cambios de última hora en la tramitación— varios años de anuncios, trámites, debate político y contestación social en Galicia. Esta es la cronología del caso, ordenada por mes y año, desde su primer impulso a través de Impulsa Galicia hasta el carpetazo administrativo de febrero de 2026, con los principales hitos empresariales, institucionales, ambientales y sociales que marcaron su recorrido.
Se constituye formalmente Impulsa Galicia (Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia), la sociedad público-privada impulsada por la Xunta junto a Abanca, Reganosa y Sogama para captar fondos europeos y promover grandes proyectos industriales. Ese vehículo será el que acompañe el desembarco de Altri en Galicia.
Llega el primer gran anuncio: Xunta/Impulsa y Altri hacen público un acuerdo para estudiar e impulsar en Galicia una fábrica de fibras textiles de base forestal, presentada como proyecto tractor vinculado a fondos europeos. Es el arranque político y empresarial de la operación.
El Parlamento de Galicia aprueba una proposición no de ley (por unanimidad) para dar prioridad al diseño de la futura fábrica de fibras textiles y reclamar al Gobierno central líneas de apoyo con fondos Next Generation, además de pedir que su emplazamiento se priorice en Lugo a través de la sociedad Impulsa. Ese respaldo parlamentario se convirtió en uno de los argumentos recurrentes de la Xunta en los meses siguientes.
Altri comunica que elige Palas de Rei como “mejor localización posible” para su complejo de fibras textiles. La decisión fija definitivamente el foco territorial del proyecto en A Ulloa y abre la fase de defensa pública del plan por parte de la Xunta.
La Xunta intensifica el respaldo institucional: altos cargos del Gobierno gallego defienden públicamente el proyecto en Palas, subrayan su encaje como inversión estratégica y reclaman al Estado instrumentos de apoyo y financiación. Es el momento en el que el proyecto pasa de anuncio a ofensiva política para acelerar su aterrizaje.
El proyecto es declarado por la Xunta como Proyecto Industrial Estratégico (PIE). Esa figura le da un tratamiento preferente en la tramitación y se presenta como el gran acelerador administrativo de la macroplanta.
La tramitación da un salto societario y técnico: según el expediente ambiental, la solicitud pasa a nombre de Greenfiber, S.L., que queda acreditada como promotora del proyecto. Es el momento en que la estructura empresarial del plan se estabiliza de cara a la fase de permisos.
El expediente recoge una ampliación de capital en Greenfiber (más de 44 millones), otro hito relevante porque refuerza la ingeniería societaria y financiera con la que se presenta el proyecto antes de la fase decisiva de evaluación ambiental.
La Xunta abre la información pública de la solicitud de autorización ambiental integrada y de la declaración de utilidad pública del proyecto. Con este paso, el expediente entra de lleno en la fase de alegaciones y oposición formal por parte de vecinos, colectivos y organizaciones ambientales.
Se celebra en Palas de Rei una de las primeras grandes manifestaciones multitudinarias contra Altri. La protesta visualiza que el conflicto ya no es solo administrativo: se ha convertido en un asunto social y territorial de primer orden en Galicia.
Las movilizaciones continúan y miles de personas rodean la sede de la Xunta en Santiago al grito de “Altri non”. La contestación se consolida y gana dimensión autonómica, con presencia de plataformas vecinales, ecologistas y sectores vinculados al agua, el mar y el rural.
Nueva manifestación multitudinaria en Santiago de Compostela contra la macrocelulosa. El proyecto, ya plenamente identificado con Greenfiber (filial de Altri y Greenalia), entra en 2025 con un nivel de rechazo social muy alto y sostenido.
El DOG publica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto de Greenfiber en Palas de Rei. Es el mayor avance administrativo de toda la tramitación, porque la Xunta da el visto bueno ambiental, aunque todavía quedaban trámites clave pendientes.
Apenas días después de la DIA, se celebra la protesta de A Pobra do Caramiñal “por tierra y mar”, con miles de personas y cientos de embarcaciones. La movilización vincula de forma explícita el conflicto de Palas con el impacto potencial sobre el Ulla y la ría de Arousa, y amplía aún más el frente social contra el proyecto.
Llega un golpe económico y político: el proyecto queda fuera de las ayudas del PERTE de descarbonización. El Ministerio de Industria sostiene que no alcanzó la puntuación mínima exigida, y Altri anuncia recurso. A partir de ahí, la viabilidad financiera del plan se complica de forma visible.
Los socios acuerdan la disolución de Impulsa Galicia, la sociedad que había servido de paraguas institucional al desembarco de Altri. El acuerdo de disolución se formaliza mercantilmente y se nombra liquidadora, lo que supone el desmantelamiento del vehículo público-privado más ligado al origen del proyecto.
Se produce el hito que termina siendo decisivo: el Gobierno central deja fuera la subestación/conexión eléctrica que necesitaba Altri en la planificación, y la Xunta reconoce que sin ese “enganche” el proyecto queda comprometido a corto plazo. Desde ese momento, el expediente sigue vivo, pero con un problema estructural de viabilidad.
La Xunta empieza a rebajar públicamente el tono: Rueda señala que la tramitación de Altri ya no es prioritaria, mientras el expediente continúa sin autorización ambiental integrada y con la conexión eléctrica bloqueada. Es el giro político más claro respecto al impulso inicial.
La Xunta admite ya de forma explícita que no puede otorgar la autorización ambiental integrada “sin luz”. La propia Consellería de Medio Ambiente vincula la resolución final del proyecto a la falta de conexión eléctrica, confirmando que el cuello de botella ya no está en la DIA, sino en la infraestructura energética.
El BORME publica el cese de la liquidadora de Impulsa Galicia, paso mercantil que certifica la extinción de la sociedad. Es el cierre formal del instrumento creado en 2021 para impulsar proyectos como Altri.
En paralelo al frente industrial, el TSXG admite a trámite el recurso del BNG para acceder a los acuerdos entre Xunta y Altri firmados a través de Impulsa Galicia. El conflicto entra también en una fase judicial centrada en la transparencia y el contenido de esos pactos.
Se da por ratificada la extinción definitiva de Impulsa Galicia y se confirma públicamente el cierre del proceso de liquidación de la sociedad, que ya había culminado en lo mercantil con los asientos del BORME. Es el final del vehículo institucional que acompañó el proyecto desde su origen.
La Xunta comunica el inicio del archivo del proyecto industrial de Altri por falta de conexión eléctrica, tras su exclusión de la planificación estatal. La empresa dispone de un plazo para alegar y justificar técnicamente el acceso a la red, pero el Gobierno gallego asume que, sin subestación ni nueva planificación antes de 2030, el proyecto queda prácticamente sin recorrido en su formulación actual.
