Tras una de las olas de incendios forestales más destructivas de los últimos años en Galicia, con decenas de miles de hectáreas calcinadas y numerosos espacios protegidos afectados, el primer acto público de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, relacionado con la crisis no ha sido ni una reunión con vecinos damnificados, ni una visita a zonas agrícolas arrasadas, ni una comparecencia técnica para explicar las medidas adoptadas. Ha sido, en cambio, una visita a un coto de caza en el municipio de Dozón, en la comarca de Deza, para anunciar ayudas económicas dirigidas a los Tecores: los cotos de caza.
La conselleira detalló que estas ayudas, enmarcadas en un paquete de medidas urgentes que se aprobará próximamente en el Consello da Xunta, contemplan dos líneas: una para las sociedades de caza y otra para ayuntamientos y comunidades de montes con infraestructuras públicas afectadas por los incendios. En el caso de los Tecores, la Xunta financiará la siembra de cereales destinados a alimentar a la fauna silvestre y facilitará la reposición de instalaciones como bebederos, comederos, refugios y cercados. Bajo el argumento de “recuperar los hábitats cinegéticos”, el Gobierno gallego vuelve a situar al sector de la caza en el centro de su acción política, incluso en un contexto tan grave como el que vive el territorio gallego este verano.
Diez días sin actividad pública en plena emergencia ambiental
El anuncio no llega en un contexto neutro. Según la propia agenda oficial de la Xunta, Ángeles Vázquez no tuvo ningún acto vinculado a la crisis de los incendios entre el 9 y el 18 de agosto, a pesar de que durante ese periodo se desataron fuegos de gran intensidad en Chandrexa de Queixa, A Gudiña, O Barco, Cervantes o Carballeda de Valdeorras. Durante más de una semana, con miles de hectáreas ardiendo, la conselleira permaneció ausente de la escena pública, mientras su departamento difundía únicamente fotos de reuniones previas con representantes de sectores sin relación directa con la emergencia.
No fue hasta el lunes 18 —seis días después de que la Xunta declarase la Situación 2 en toda la provincia de Ourense, el nivel más alto de alerta— cuando el Gobierno autonómico decidió suspender la actividad cinegética en la zona. Una decisión que, por su evidente retraso, fue interpretada como una muestra más de la falta de voluntad política para adoptar medidas que afecten a uno de los sectores más protegidos por la Xunta: los cazadores.
Ayudas para los cotos, pero sin rastro de un plan de restauración integral
En el acto celebrado en Dozón, Vázquez estuvo acompañada por el alcalde del municipio, Adolfo Campos, y por Tomás Fernández-Couto, actual subdirector xeral de Espazos Naturais y durante dos décadas responsable de la política de incendios del Gobierno gallego. El lugar elegido y el perfil de los acompañantes dejan poco lugar a dudas sobre el mensaje político: la consellería prioriza, incluso en un momento de crisis ambiental, el respaldo a los cotos de caza.
La presentación de estas ayudas se ha hecho, además, sin concretar las cantidades presupuestadas, ni detallar qué criterios se seguirán para su reparto, ni explicar cómo se evaluará el impacto real de las actuaciones. Tampoco se ha anunciado ningún plan global para restaurar los ecosistemas arrasados por el fuego, ni se han previsto fondos específicos para agricultores, ganaderos o pequeños propietarios que hayan sufrido pérdidas directas. La recuperación del monte, en este planteamiento, queda supeditada a una lógica utilitarista que gira en torno al aprovechamiento cinegético del territorio.
Una política ambiental al servicio del interés cinegético
El papel central de la caza en la agenda política de la Xunta no es nuevo. En los últimos años, el Gobierno gallego ha multiplicado los gestos hacia este colectivo: desde subvenciones directas, como los 200.000 euros destinados a sociedades de caza en 2023, hasta propuestas para flexibilizar la caza del lobo, desafiando la normativa estatal que lo protege como especie vulnerable. El propio presidente Alfonso Rueda ha reivindicado en varias ocasiones la “valía” de Ángeles Vázquez como representante de un modelo que combina Medio Ambiente y Vivienda, pero cuyas prioridades parecen estar marcadas por los equilibrios con sectores tradicionalmente afines al Partido Popular.
La conselleira, que ya fue titular de Medio Rural antes de asumir la cartera de Medio Ambiente, ha consolidado una línea de actuación en la que los intereses cinegéticos gozan de un acceso privilegiado a los recursos públicos. Su visita al Tecor de Dozón, en un momento tan sensible, no hace más que reforzar esa tendencia.
El abandono del territorio y la falta de prevención
Mientras se anuncian ayudas para comederos y cereales destinados a la fauna de caza, siguen sin abordarse las causas estructurales que permiten que Galicia arda cada verano. El BNG, que calificó de “ofensiva” la visita de Vázquez, recordó que en el incendio del 12 de agosto en Dozón, los medios terrestres no daban abasto y los aéreos tardaron en llegar. Varias aldeas, como Castro, Bidueiros o Amear, quedaron expuestas al fuego sin apenas apoyo institucional, mientras los propios vecinos trataban de contener las llamas con medios precarios.
Además, se denuncian graves deficiencias en la limpieza de la AG-53, que no actuó como cortafuegos por la biomasa que crece sin control en sus márgenes. Tampoco existían franjas de protección adecuadas en los márgenes de las aldeas, una obligación legal que no se cumple de forma sistemática. Y sin embargo, en lugar de proponer un plan riguroso de revisión, desbroce y prevención a escala local y comarcal, la Xunta centra su primera medida visible en los terrenos cinegéticos.
El fuego como oportunidad para mantener el mismo modelo
Lo más preocupante del anuncio de la consellería no es solo el destinatario de las ayudas, sino lo que revela sobre el modelo forestal y ambiental que sigue vigente en Galicia. Un modelo que prioriza el rendimiento económico inmediato del monte —a través del eucalipto o la caza— frente a cualquier apuesta de restauración ecológica, gestión sostenible o prevención real.
No hay, por ahora, ninguna propuesta clara para recuperar las masas forestales autóctonas perdidas, ni un estudio en profundidad sobre las pérdidas medioambientales y económicas provocadas por los incendios. Tampoco se ha planteado la revisión del marco normativo para asegurar una mayor implicación de los propietarios, la mejora de los dispositivos de extinción o la coordinación entre administraciones. Lo que sí hay, como casi siempre tras un gran fuego, es un paquete de ayudas urgentes, diseñado más para apagar la presión social que para abordar los problemas de fondo.
