El acceso a derechos básicos como la vivienda y la sanidad, así como la acogida de menores migrantes, siguen siendo motivos de preocupación en Galicia, según recoge el Informe Anual 2025 de Amnistía Internacional. La organización advierte de que la comunidad presenta deficiencias estructurales en servicios esenciales y pide a la Xunta medidas concretas y urgentes para garantizar los derechos fundamentales de toda la población.
Uno de los puntos destacados en el informe es la situación de la sanidad pública. Según los datos recogidos por la entidad, entre 2009 y 2022 la inversión general en sanidad en Galicia cayó un 5 %, y en Atención Primaria, el recorte llegó al 7 %. Amnistía insiste en que es imprescindible reforzar los recursos humanos y materiales del sistema, y reclama que al menos el 25 % del presupuesto sanitario se destine a la Atención Primaria, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud.
En materia de vivienda, la organización valora como «insuficiente» el plan de la Xunta para construir 8.000 viviendas públicas hasta 2028. Calculan que, incluso si se alcanza esa cifra, Galicia seguiría lejos de la media europea de vivienda social, que representa el 15 % del parque residencial. Amnistía plantea establecer objetivos anuales de construcción y, al mismo tiempo, priorizar la salida al mercado de pisos vacíos mediante ayudas a la rehabilitación, programas de intermediación de alquiler y control de precios allí donde sea posible.
22.000 viviendas vacías solo en Vigo
Vigo es uno de los ejemplos citados en el informe. En la ciudad, donde actualmente hay más de 22.000 viviendas vacías según el INE, el Concello ha comenzado a aplicar programas de rehabilitación y medidas para facilitar el alquiler social. AI celebra estos avances, pero subraya la necesidad de dotarlos de recursos y reforzar los servicios sociales municipales. En 2024 se produjeron 316 desahucios en Vigo, la mayoría por impago del alquiler, y en lo que va de 2025 ya se han registrado 66, según la Oficina de Notificaciones y Embargos.
Respecto a la infancia migrante, el informe llama la atención sobre la próxima llegada a Galicia de más de 300 menores procedentes de Canarias. Amnistía exige garantías para una acogida digna, con acceso a documentación, educación, protección internacional y programas que faciliten su transición a la vida adulta. Piden también más recursos para los juzgados especializados en violencia sobre la mujer y formación para erradicar prejuicios que dificultan el acceso de las víctimas a la justicia.
Las leyes estatales también suspenden
A nivel estatal, Amnistía señala que el derecho a la protesta pacífica «sigue en retroceso» y vuelve a pedir la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’. En Galicia, pone como ejemplo la falta de investigación judicial sobre las cargas policiales durante la huelga del metal de Vigo en 2023 o el uso de pistolas táser por parte de policías locales en municipios como Poio y Redondela.
Por último, el informe dedica un apartado a la política exterior del Gobierno de España. Valora positivamente algunas decisiones sobre Gaza, como el respaldo a la denuncia de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, pero reclama mayor firmeza para reconocer lo que califican como “prácticas de genocidio”. También advierte de un retroceso global en los derechos humanos, con más conflictos armados, represión a la disidencia, discriminación y escasa acción ante el colapso climático.
