La atención a la dependencia sigue siendo una de las asignaturas pendientes en Galicia. Pese a que el Gobierno central acaba de aprobar una nueva inversión récord de 783 millones de euros para reforzar el sistema —de los que 52,4 millones se destinan a la comunidad—, la Xunta mantiene un discurso crítico con el reparto estatal mientras no logra resolver los problemas estructurales del modelo gallego.
Cerca de 3.000 personas siguen esperando en Galicia por una valoración de dependencia. Algunas, como señalan desde el Colegio de Trabajo Social, pueden llegar a esperar más de dos años si superan los 85 años. En 2024, al menos 345 gallegos murieron en lista de espera sin recibir la prestación a la que tenían derecho. Son cifras que contrastan con el discurso de la Consellería de Política Social, que insiste en que el Gobierno está “copiando” medidas ya vigentes en la comunidad, como el reconocimiento automático de discapacidad a personas con dependencia de grado 3 o la compatibilidad de servicios como el SAF y los centros de día.
Sin embargo, los datos muestran que Galicia continúa entre las comunidades que menos recursos propios destinan al sistema. Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la comunidad cubre solo el 65,1% del gasto, en línea con Andalucía y solo por encima de La Rioja y Castilla y León. En el otro extremo, territorios como el País Vasco, Navarra o Baleares superan el 80%. A esto se suma que el gasto medio por persona beneficiaria en Galicia —8.592 euros al año— también está por debajo de la media nacional.
Desde la Xunta reclaman al Estado que cumpla con su compromiso de financiar el 50% del sistema, una obligación que, según los cálculos autonómicos, acumula una deuda de más de 2.500 millones de euros con Galicia. Lo que no se menciona con la misma insistencia es que, pese a ese déficit estatal, la comunidad no ha incrementado su aportación para responder al aumento de personas beneficiarias ni a los tiempos de espera. El gasto por persona, en lugar de escalar, se mantiene estancado mientras otras comunidades lo han incrementado sustancialmente: en el País Vasco alcanza los 13.554 euros al año, y en Navarra supera los 10.400.
Además, el refuerzo del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) ha derivado en una ampliación de funciones sin financiación suficiente para los ayuntamientos, que deben asumir la carga económica. Municipios con alta población envejecida, como Vimianzo, alertan de que el sistema está al límite y que no pueden asumir más funciones sin respaldo económico. La Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) ha reiterado que sin más recursos, no es viable una expansión de servicios sin poner en riesgo la atención actual.
Una de las apuestas más relevantes del Gobierno gallego es el desarrollo de las Casas do Maior: pequeños centros de día en entornos rurales con un máximo de cinco plazas, diseñados para combatir la soledad y facilitar la conciliación en lugares con escasa cobertura. Desde 2018, Galicia ha desplegado 142 de estas unidades y prevé alcanzar las 162 a finales de 2026. Aunque son bien valoradas por las familias, la Xunta reclama que estas casas sean reconocidas dentro del sistema estatal de dependencia, lo que permitiría recibir financiación estatal. Por ahora, esa solicitud no ha sido atendida.
Pese a la innovación de algunas medidas, las limitaciones estructurales del modelo gallego siguen sin resolverse. El plan de choque anunciado en 2022 para reducir los tiempos de espera no ha logrado su objetivo. Según profesionales del sector, la Xunta ha optado por agilizar las valoraciones eliminando las visitas domiciliarias, una decisión que preocupa a trabajadores sociales por el riesgo de dejar fuera situaciones de desprotección no detectadas.
En paralelo, el Ministerio de Derechos Sociales ha aprobado una reforma legislativa que elimina incompatibilidades en las prestaciones, reduce los plazos para ayudas económicas y reconoce la accesibilidad como un derecho. La Xunta ha reprochado que estas reformas no fueron consensuadas con las comunidades ni con los ayuntamientos. Sin embargo, las críticas institucionales contrastan con la falta de autocrítica sobre la propia capacidad de respuesta del sistema gallego.
Galicia sigue exigiendo más compromiso del Estado, pero sin reforzar su propia apuesta presupuestaria. La comunidad mantiene niveles de inversión inferiores a la media, altas listas de espera y un sistema sostenido en buena parte por la implicación de los municipios y de las familias. Las medidas innovadoras conviven con carencias estructurales y con la ausencia de una estrategia clara de refuerzo económico.
Mientras tanto, miles de personas siguen esperando una valoración, un recurso o una ayuda. Algunas fallecen antes de recibirlos. La dependencia no entiende de competencias ni de réplicas entre administraciones: solo de necesidades. Y en Galicia, por ahora, sigue siendo un sistema en deuda con los más vulnerables.
