La reciente desclasificación de documentos sobre la planificación del golpe de Estado de 1981 ha sacado a la luz un hallazgo clave: un esquema manuscrito de seis folios, incautado en su día por la Guardia Civil y fechado en noviembre de 1980, donde el nombre de Manuel Fraga Iribarne aparece citado hasta siete veces. Bajo el título “Panorámica de operaciones en marcha”, este borrador anónimo trazaba una hoja de ruta para desalojar a Adolfo Suárez de La Moncloa mediante operaciones civiles, militares y mixtas.
En aquel momento, tres meses antes de que los golpistas «espontáneos» de Tejero irrumpieran en el Congreso, los cerebros de la conspiración barajaban al líder de Alianza Popular (AP) como una pieza polivalente para sus distintos tableros.
La vía civil: entre el rechazo y el «gobierno de desgaste» El documento analiza en primer lugar las opciones institucionales. En una vía de ideología democristiana, que habrían protagonizado figuras como Miguel Herrero de Miñón, José Luis Álvarez o Landelino Lavilla, el manuscrito anota de forma tajante: «No cuente con Fraga». Esta opción era considerada de escasa viabilidad por los redactores del plan.
Sin embargo, el escenario cambia en la propuesta de un gobierno mixto de concentración entre el PSOE y Alianza Popular. Aquí, el plan preveía que Fraga asumiera inicialmente la presidencia para liderar un plan antiterrorista. La intención real, según desgrana el esquema, era puramente instrumental: que el político gallego «se quemara» gestionando el orden público para abrir paso a una candidatura de Rodolfo Martín Villa en unas elecciones posteriores.
El encaje militar: un civil frente al modelo de «Junta» En el bloque de las operaciones militares, el nombre de Fraga resurge con fuerza. El documento señala que los tenientes generales eran contrarios a establecer un protagonismo personalista al estilo de las dictaduras de Pinochet o Videla. Por ello, ante la falta de una «cobertura política de partido», el manuscrito apunta que Fraga intentaría posicionarse como el líder civil necesario si el deterioro del Gobierno de Suárez se aceleraba.
Especial relevancia tiene la denominada “estrategia de los coroneles”, un plan cocinado a fuego lento en «conspiraciones de café» que buscaba quemar políticamente tanto a la UCD como al PSOE hasta que el pueblo «llamara» a filas. El texto recoge explícitamente que “se rumorea que Fraga está también en relación con este grupo conspirador”, vinculando su figura a la opción que los redactores consideraban con mayor capacidad de éxito.
Logística y listados de control El documento no se limitaba a la teoría política; incluía un despliegue operativo minucioso con comandos de observación aérea y el control de objetivos estratégicos como el Palacio de la Zarzuela, ministerios, medios de comunicación e infraestructuras críticas. En este marco de control absoluto, el nombre del líder de AP aparece de nuevo en un listado de personalidades clave (Grupo F). Allí figura como “Sr. Fraga”, identificado como uno de los dirigentes nacionales que debían ser controlados o tenidos en cuenta durante la ejecución de la operación.
El contraste del 23-F: «Esto es un atentado» Pese a su recurrencia en estos planes previos, la realidad del 23 de febrero de 1981 mostró una imagen muy distinta de Manuel Fraga. Según los teletipos de la época, el líder de AP se enfrentó a los secuestradores en el hemiciclo manifestando: “Quiero salir porque esto es un atentado contra la democracia”. Ante su negativa a sentarse como ordenaba Tejero, Fraga fue expulsado del salón de sesiones con violencia.
La desclasificación de estos papeles evidencia que, mientras el sistema democrático apenas caminaba, diversos sectores conspirativos analizaban el tablero político situando a Fraga en el centro de sus hipótesis. Siete menciones en un plan que finalmente fracasó, pero que retrata la extrema fragilidad institucional de la España de 1980.
