El proyecto de Altri para establecer una planta de macrocelulosa en Palas de Rei terminará siendo llevado a los tribunales. Según el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, es “inevitable” que los tribunales sean los que determinen si la empresa cumple con los parámetros medioambientales y evalúen su impacto en los recursos naturales y los sectores productivos, debido al elevado número de alegaciones presentadas. Aunque ha matizado que “primero tiene que ser autorizado por la Xunta de Galicia”.
Gómez y Díaz-Castroverde también ha dicho “entender” la preocupación del sector eólico y de la Xunta por las paralizaciones de parques, que ya va por más de medio centenar de sentencias, pero ha explicado que son medidas cautelares “a expensas del resultado final” de los recursos presentados en el Tribunal Supremo.
En ese contexto, ha señalado que se han llevado varias cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante el “procedimiento acelerado”, algo que valora como “positivo”. “Esto también indica que quienes han planteado estas cuestiones lo han hecho con la sensibilidad necesaria para entender el problema que representa la solicitud”, ha enfatizado.
Defiende a Villadares
También ha sido preguntado sobre las críticas hechas desde la Xunta y el PP por el hecho de que el exlíder de En Marea Luís Villares, sea uno de los principales jueces que firman las resoluciones que paralizan los proyectos eólicos.
En ese sentido, el presidente del TSXG ha respaldado la competencia profesional “que nadie puede cuestionar” de Villares y ha apuntado que lleva “más de cuatro años fuera de la vida política”. Se ha preguntado: “¿cuánto vamos a estigmatizar a un magistrado que esté en esta situación?”.
Seguidamente, trasladó que hay “otros medios, como la recusación”, para poder cuestionar su trabajo durante el proceso. Además, ha rechazado que se “deslegitimen las resoluciones de todos los magistrados que trabajan” con Villares: “Es algo completamente exagerado y que no debe de asumirse”.
Sobre la sentencia del juicio del accidente ferroviario de Angrois, en Santiago, en julio de 2013, tras la finalización del juicio el año pasado, no ha ofrecido un plazo para conocerla, pero sí ha dado por “seguro” que será antes de que termine el 2024. El presidente del TSXG ha dicho confiar “plenamente” en la magistrada María Elena Fernández Currás, por lo que quiere evitar que “parezca que la está presionando”.
Renovación del CGPJ
En otro orden de cosas, Gómez y Díaz-Castroverde celebra el pacto entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años de interinidad, una situación “completamente disfuncional” y “preocupante” a nivel político y social.
“Es una anomalía democrática que se pueda producir un bloqueo de estas características durante tanto tiempo”, ha recalcado el presidente del TSXG, quien también ha asegurado que esto permitirá desbloquear otros asuntos “pendientes” en la Comunidad gallega, entre ellos la propia Presidencia del Tribunal Superior que él mismo ocupa, que se renovará “en dos o tres meses”.
Asimismo, en tiempos en los que se pone en entredicho la labor de jueces y del fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, Gómez y Díaz-Castroverde considera “legítima la crítica de las instituciones” y de las “personas que las representan”, pero cree que tiene “ciertos límites” como “el respeto”.
En este sentido, aunque cree que “efectivamente determinados jueces pueden acercarse” a la política, son “los que menos”. En cualquier caso, el titular del TSXG cree que las decisiones judiciales deben explicarse “suficientemente” para evitar que se cuestionen.
Sobrecarga en los juzgados gallegos
Por otro lado, Gómez y Díaz-Castroverde señalan que la pandemia y el incremento de litigios en los últimos años han mantenido los juzgados gallegos, especialmente los de las ciudades, con una alta carga de trabajo.
“Siempre hay carencia de recursos”, reconoció el presidente, quien reiteró la solicitud de establecer hasta 12 nuevos órganos judiciales en la Comunidad. Entre estos, uno de los más prioritarios sería un juzgado especializado en violencia de género en Santiago, con ámbito comarcal.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia ya ha informado a los tribunales superiores que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para este año podría “dificultar” la creación de nuevos órganos, o que, en el mejor de los casos, se mantenga el mismo número del año pasado, que fue de tres. A pesar de todo, se muestra optimista y confía en que, si solo se crean tres juzgados nuevos, el de violencia de género en Santiago será uno de ellos.
