La educación social en Galicia reclama derechos. El pasado lunes, a las puertas del Parlamento de Galicia, un centenar de educadores y educadoras sociales exigieron la creación de una categoría profesional específica en la administración autonómica. En la actualidad, la Xunta permite que en el proceso selectivo de las plazas de Educación Social también puedan participar otros profesionales que no poseen esta titulación universitaria, una situación que el Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG) denuncia como “un menosprecio” a la profesión y un obstáculo para garantizar la calidad de los servicios socioeducativos.
“El principal problema es que en Galicia las plazas están abiertas a profesionales de otras disciplinas como psicología, pedagogía o magisterio y, al final, esto nos quita valor porque parece que todo el mundo sirve para trabajar de ello”, explica Yovana Fernández, educadora social natural de A Capela. “Nosotras no podemos ir a una posición específica de psicólogos, como es lógico”, compara.
“¿Quién se atrevería a hacer voluntariado como fisioterapeuta o entrenador personal?”
“La ciudadanía debe ser atendida por profesionales especializados”
Y ahí es donde se concentran las principales preocupaciones de este colectivo, que creen que la Xunta debería garantizar “que la ciudadanía sea atendida por profesionales con una formación especializada en el ámbito de que se trate; y en el caso de la intervención socioeducativa, esa formación especializada es el título universitario de Educación Social”.
Esta desigualdad con respecto a otras categorías en el empleo público va en paralelo con la precariedad e inestabilidad laboral. Una constante en la carrera de Fernández, que explica que muchos de los contratos que se ofertan son temporales o de categorías inferiores como integradora social, auxiliar educativo, monitora, etc. “He trabajado en programas de cooperación financiados por el Fondo Social Europeo, pero esos contratos duran seis meses, y luego tienes que esperar dos años para poder optar a otro. Es desesperante”, afirma la educadora de 37 años.
Cuenta que en este mundo hay muchas asociaciones y ONGs, que dependen de subvenciones, que tampoco pueden ofrecer las condiciones laborales adecuadas. “Es un círculo vicioso: las entidades necesitan voluntarios porque no tienen recursos y esto perpetúa la idea de que cualquiera vale para este trabajo. Pero, ¿quién se atrevería a hacer voluntariado como fisioterapeuta o entrenador personal? Parece que para lo social vale cualquiera”, cuenta Yovana, que cree que su profesión “no se valora igual que otras”.
“Cuesta ser optimista”
La situación de los educadores sociales en Galicia contrasta con comunidades como Cataluña y el País Vasco, donde, según Fernández, la profesión está mucho más reconocida. “Allí el papel del educador social está valorado, especialmente en ámbitos como la intervención escolar. En Galicia, ni siquiera hay educadores sociales en los colegios, mientras que en otros lugares desempeñan un rol crucial en casos de absentismo, bullying o como enlace entre las familias y los centros”.
Fernández observa con escepticismo los avances en las reclamaciones del CEESG. “Llevamos años pidiendo lo mismo y cuesta ser optimista. Aunque con la pandemia parece que hay más conciencia de la necesidad de trabajar en salud mental, educación social y otros ámbitos relacionados, no parece que haya mucho avance”, lamenta. A pesar de las dificultades, sostiene que en el ámbito social “siempre van a ser necesarios” y que “no se trata de un gasto sino inversión en bienestar”.
