La Consellería de Educación ha emitido recientemente una instrucción que permitirá aumentar hasta 25 el número máximo de alumnos por aula en el último curso de Educación Infantil y en todos los cursos de Educación Primaria, siempre que exista demanda suficiente. Esta decisión contradice parcialmente el acuerdo alcanzado hace unos meses entre la Xunta y algunos sindicatos educativos, en el que se establecía una reducción progresiva hasta un máximo de 20 alumnos por aula como medida para mejorar la calidad educativa y las condiciones laborales del profesorado.
Según la nueva instrucción publicada por la Consellería, los centros podrán aumentar el número de alumnos por aula hasta 25 si el alumnado solicitante vive en la zona de influencia del centro educativo o si tiene hermanos ya matriculados en el mismo colegio. Esta medida, amparada por el artículo 40.4 de la reciente Ley 4/2024, busca gestionar la alta demanda en determinados centros escolares considerados «zonas tensionadas», donde tradicionalmente existe más presión en la matrícula debido al elevado número de solicitudes.
Desde la Consellería se defiende que esta ampliación es necesaria para garantizar la escolarización del alumnado que cumple con los requisitos prioritarios de admisión y destacan que se trata de una solución excepcional y puntual, adaptada a contextos específicos. Además, añaden que esta flexibilidad busca evitar situaciones en las que las familias tengan que buscar alternativas fuera de su entorno cercano.
La decisión ha generado críticas desde algunos sectores sindicales como la CIG-Ensino, que sostienen que esta excepción deja sin efecto práctico la reducción de ratios que se había anunciado como una mejora sustancial del sistema educativo gallego. Consideran que la aplicación frecuente de esta excepción puede generalizarse, afectando negativamente a la calidad educativa al mantener aulas más numerosas de lo recomendado.
Por otro lado, parte del profesorado también manifiesta su preocupación por las implicaciones prácticas de esta instrucción, especialmente en colegios con mucha demanda, donde la ampliación podría convertirse en norma más que en excepción. Esto generaría incertidumbre sobre la capacidad real de la Xunta para cumplir con su promesa inicial de reducir progresivamente el número de estudiantes por aula.
Ante estas dudas, la comunidad educativa espera que la Consellería aclare cómo controlará la aplicación de esta instrucción para evitar que la excepción acabe generalizándose y garantice efectivamente una disminución de la ratio de alumnado por aula, tal y como se había comprometido inicialmente.
