El Hospital Povisa, pieza clave en la atención sanitaria del área de Vigo, tiene nuevo gerente. El nombramiento, en principio, podría haber pasado como un simple relevo organizativo dentro del grupo Ribera Salud, la empresa que gestiona el centro desde 2019. Pero el contexto lo cambia todo: Pablo Gallart, el nuevo responsable, es también el protagonista de los polémicos audios filtrados desde el Hospital de Torrejón, en Madrid, en los que se planteaba rechazar pacientes y condicionar la actividad asistencial para mejorar los resultados económicos.
Las grabaciones, que se hicieron públicas a principios de diciembre, recogían a Gallart —consejero delegado del grupo Ribera— dando instrucciones a directivos del hospital madrileño para limitar el acceso de pacientes no rentables, ajustar las listas de espera y mejorar así el EBITDA del centro. «Facemos actividade que nos prexudica», se le escucha decir, mientras plantea la posibilidad de aumentar el beneficio en varios millones si se modifican ciertos criterios asistenciales. La empresa alegó que las frases estaban sacadas de contexto, pero la reacción fue inmediata. La polémica saltó al plano político, los sindicatos levantaron la voz y el debate sobre la externalización de servicios sanitarios volvió al primer plano.
En Galicia, el impacto fue inevitable. Ribera Salud es hoy uno de los grupos privados con mayor peso dentro del sistema público gallego, gracias a una expansión iniciada en 2019 con la compra de Povisa y continuada con la adquisición de los hospitales Polusa (Lugo) y Juan Cardona (Ferrol), además de clínicas en A Coruña y Viveiro. Todo ello bajo el paraguas de una empresa que pasó de manos estadounidenses —la multinacional Centene— a francesas, cuando fue adquirida en 2022 por Vivalto Santé, uno de los mayores conglomerados sanitarios de Europa.
En este escenario, el aterrizaje de Gallart como nuevo gerente de Povisa —formalizado el pasado 10 de diciembre en el Registro Mercantil— ha vuelto a colocar al hospital vigués en el centro de la conversación pública. El detalle relevante, sin embargo, es que la decisión de nombrarlo fue adoptada antes del escándalo. Fuentes del grupo señalan que el nombramiento fue aprobado en junta de accionistas en octubre, es decir, semanas antes de que los audios salieran a la luz. Se trataba, aseguran, de un movimiento previsto desde hacía meses y que responde a la estrategia de reforzar el control directo de Ribera sobre su red gallega.
Pero que la decisión sea previa no elimina el ruido. Povisa, que atiende hoy a más de 110.000 pacientes públicos en la zona de Vigo, es el mayor centro concertado de Galicia y uno de los principales receptores de fondos públicos dentro del sistema sanitario. El nuevo concierto firmado en abril de 2025 con el Sergas supuso un desembolso de 195 millones de euros para los dos próximos años, lo que representa un incremento del 16% respecto al acuerdo anterior. El contrato cambió además el sistema de pago: se dejó atrás el modelo per cápita y se pasó a abonar únicamente los procedimientos efectivamente realizados, lo que algunos expertos consideran un incentivo para priorizar actividades más lucrativas.
Esa es justamente una de las críticas que resurgieron con fuerza tras la filtración de los audios. Aunque no se refieren a ningún hospital gallego, el caso Torrejón activó todas las alarmas sobre el riesgo de trasladar lógicas empresariales al ámbito sanitario. La Xunta intentó frenar la preocupación. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, aseguró que todos los hospitales del grupo Ribera en Galicia están “bajo supervisión” y que el concierto vigente incluye mecanismos de control específicos: desde la integración con el sistema IANUS hasta la obligación de invertir un 3% anual del contrato en equipamiento e infraestructuras.
Pero los números muestran el peso que Povisa tiene en el ecosistema sanitario gallego. Entre 2014 y 2024, el Sergas destinó al hospital más de 870 millones de euros en actividad concertada. Y, mientras la población adscrita al centro ha disminuido en los últimos años por la solicitud de traslados al sistema público, el esfuerzo económico ha seguido creciendo. El nuevo modelo de pago —basado en actos médicos realizados— ha sido cuestionado por sindicatos y profesionales que temen que pueda empujar a favorecer intervenciones más rentables.
