Más de un año después del crimen que conmocionó al concello de Narón, la acusación particular ha presentado su escrito de conclusiones provisionales, solicitando la prisión permanente revisable para el joven de 26 años que, el pasado 31 de marzo de 2024, mató a su padre en una agresión “brutal, consciente y premeditada”. La defensa de la víctima, ejercida por el penalista Alejandro Seoane Pedreira, considera que se trata de un caso de “asesinato agravado”, en el que concurren todos los elementos que justificarían la máxima pena contemplada por el Código Penal español: alevosía, ensañamiento, parentesco y condición de víctima especialmente vulnerable.
Los hechos se remontan a una tarde de domingo en la que el acusado, tras pedirle 20 euros a su padre, pasó más de cuatro horas en un bar cercano al domicilio familiar, bebiendo y comiendo. A las 15:30, regresó a la vivienda con las llaves que su progenitor le había facilitado por la mañana. Lo que ocurrió a continuación está recogido en el escrito judicial: “accedió directamente al dormitorio donde descansaba su padre y, sin que mediara discusión alguna, inició una agresión física repentina con el objetivo de terminar con su vida”.
Según el relato de la acusación, el acusado golpeó a su padre “con gran violencia en la cabeza”, provocando su caída al suelo, donde quedó inconsciente. Lejos de detenerse, “continuó golpeándolo con patadas y pisotones en la cabeza, mientras profería expresiones como ‘¡Muérete, cabrón!’ o ‘¿Te moriste ya, cabrón?’”. La escena fue presenciada por la hermanastra del agresor, que intentó detener la agresión sin éxito. También se encontraba en la vivienda la madre de la víctima, de más de 90 años y completamente dependiente, que no pudo intervenir.
Los gritos y los golpes alertaron a varios vecinos, quienes llamaron a la policía. A las 16:20, los agentes lograron acceder a la vivienda y encontraron al joven en estado de extrema agresividad. Fue necesario el uso de la fuerza conjunta de varios efectivos para reducirlo. Según consta en el atestado, el acusado “reiteró insistentemente su deseo de matar a su padre”.
La víctima: “en situación de absoluta vulnerabilidad”
El padre, de 66 años, padecía diversas patologías crónicas: desnutrición severa, debilidad muscular, problemas digestivos graves, coxalgia izquierda severa y un traumatismo craneoencefálico reciente. Todo ello, según la acusación, lo situaba en una “situación de absoluta vulnerabilidad”, algo que el acusado conocía perfectamente. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Arquitecto Marcide, donde falleció pocas horas después por un “traumatismo craneoencefálico severo, múltiples hemorragias intracraneales y lesiones compatibles con una agresión extrema”.
El abogado Alejandro Seoane, que representa a la hija del fallecido —y hermana del acusado—, considera que los hechos encajan “sin lugar a dudas” en la figura de asesinato con agravantes. En declaraciones recogidas en el escrito, señala que “la forma del ataque, súbito, inesperado, contra una persona acostada y enferma, encaja de lleno en la alevosía”. Añade además que “el ensañamiento queda acreditado al continuar la agresión cuando la víctima ya estaba inconsciente”.
Además del agravante de parentesco, Seoane subraya la condición del fallecido como “víctima especialmente vulnerable”, por lo que solicita la aplicación del artículo 140 del Código Penal, que contempla la prisión permanente revisable. La acusación también reclama una indemnización de 100.000 euros en favor de la hija del fallecido por “daños morales y perjuicio personal básico”.
El juicio se celebrará ante un Tribunal del Jurado, conforme al auto de transformación del procedimiento dictado en febrero de este año. Aunque la fecha aún no ha sido fijada, se prevé una amplia repercusión mediática y social por la gravedad del crimen, su impacto en la comunidad y la excepcionalidad de la pena solicitada. La acusación ha propuesto una batería de pruebas que incluye el interrogatorio del acusado, declaraciones de testigos presenciales, vecinos, agentes de policía y peritos forenses, así como informes médicos que descartan cualquier alteración mental o intoxicación en el momento de los hechos.
