La proliferación de los pisos turísticos en Galicia ha alcanzado tal velocidad que esta comunidad autónoma se ha convertido en la que más ha crecido en número de Viviendas de Uso Turístico (VUT). En solo un año, ha experimentado un aumento del 21%. Según el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia (REAT), a fecha de junio de 2024, se registran 27.984 alojamientos turísticos, de los cuales 23.772 son VUT. Esto representa un notable incremento desde 2017, cuando solo había 948 de estas viviendas, lo que equivale a un aumento del 2.403% en solo siete años.
Estas cifras preocupan. Y los concellos se están viendo obligados a adoptar medidas urgentes y estratégicas para abordar las necesidades del sector turístico, a falta de una normativa clara por parte de la Xunta de Galicia. Los hoteleros, por su parte, se quejan de que son una competencia desleal al no estar sujetas a las mismas regulaciones y cargas fiscales que los hoteles.
Y es que actualmente, en Galicia, el número de plazas ofrecidas por las viviendas de uso turístico supera ampliamente al de los establecimientos hoteleros tradicionales. Con 93.663 plazas disponibles frente a 64.951 en el resto de alojamientos, entre los que se incluyen albergues, hostales, pensiones, apartamentos turísticos… Es decir, las VUT representan el 84,9% de la oferta total.
Las siete ciudades gallegas
Entre las siete principales ciudades gallegas, se contabilizan 3.896 viviendas turísticas. Vigo destaca con 1.324, seguida de A Coruña con 847 y Santiago de Compostela con 619. Pontevedra cuenta con 368, Ourense con 306, Ferrol con 226, y Lugo con 206. Sin embargo, es importante señalar que una gran concentración de estas viviendas se encuentra en destinos cercanos a la costa. En particular, la provincia de Pontevedra acapara casi la mitad de estos alojamientos, con un 47,7%. En Sanxenxo, por ejemplo, se registran 1.431, superando a Vigo y A Coruña y duplicando el número de plazas en ambas ciudades. O Grove, por su parte, también tiene más que Pontevedra, con 550.
Por otro lado, este aumento no solo preocupa en el sector turístico. El incremento de este modelo de negocio tiene consecuencias graves para la población. Genera un proceso de gentrificación con efectos evidentes, como el desplazamiento de los residentes más vulnerables de sus comunidades, privándolos del acceso a servicios básicos y dificultando su capacidad para encontrar alquileres asequibles cerca de sus redes sociales o lugares de trabajo. Unos alquileres que desde hace unos años siguen al alza.
Diferentes posturas
Sin embargo, existe cierta polarización en la sociedad y, consecuentemente, también en las administraciones. Mientras que el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, afirma que “hay mucha gente que no quiere alquilar su vivienda en el mercado convencional porque se la pueden quitar”, el Bloque Nacionalista Galego, desde el gobierno municipal de Santiago de Compostela, ya ha dado los primeros pasos para poner coto a este fenómeno aprobando la ilegalización de 646 pisos turísticos que no cuentan con la licencia municipal correspondiente, aunque estén inscritos en el registro de la Xunta de Galicia. Sin embargo, esto no les prohíbe volver al mercado de alquiler residencial si así lo quisieran.
Las quejas a esta medida vienen porque durante el gobierno del PSdeG santiagués en el 2023, una modificación del PXOM restringió los pisos turísticos en el Casco Histórico y los limitó a primeros pisos o bajos, pero sometiendo a consulta pública un documento sobre la posible regularización de VUTs que operaban sin licencia. Esto generó expectativas entre los propietarios de que pudieran ser regularizadas en un futuro.
Sin embargo, ahora, el nuevo gobierno del BNG y Compostela Aberta ha decidido que solo podrán legalizarse y ofrecerse como alojamientos turísticos hasta 60 días al año, únicamente los que cumplan con el PXOM. De las 816 viviendas inscritas en el registro autonómico, solo 170 se encontrarían en localizaciones que cumplen la normativa vigente.
Estudiar cada caso por separado
Paula Noya, geógrafa especializada en Planificación y Gestión Territorial, cree que para legislar correctamente “habría que hacer un estudio individualizado de cada uno de los lugares, para poder identificar cuáles son los problemas y adaptarse a unas posibles soluciones porque no es lo mismo Santiago que tiene unas particularidades diferentes, que Carballo, por ejemplo.”
En concreto, Santiago de Compostela tiene una población que no llega a los 100.000 habitantes, pero existe una población flotante, compuesta por universitarios, peregrinos y trabajadores, que puede aumentar hasta los 30.000. Las consecuencias son múltiples: en los últimos cinco años, el precio medio de los alquileres ha subido un 33%, pasando de 424 a 564 euros mensuales; el stock de vivienda está disminuyendo; se expulsa a los vecinos de las zonas tensionadas, y aquellos que permanecen sufren las molestias de este tipo de turismo.