José Ramón Franco es un veterano del asociacionismo empresarial en Galicia y un firme defensor de la importancia del trabajo colectivo en el desarrollo económico e industrial. Actualmente, preside Cluergal, el Clúster de Energías Renovables de Galicia, una entidad que representa a más de un centenar de empresas relacionadas con la transición energética y el desarrollo de proyectos renovables en la comunidad.
Para Franco, el estancamiento actual en los proyectos eólicos no solo supone un retraso en los objetivos ambientales, sino que compromete la viabilidad de la industria gallega, tanto la existente como la que podría implantarse en el futuro. El empresario naronés advierte que Galicia, a pesar de su potencial, está perdiendo competitividad frente a otras regiones y países como Portugal, donde los inversores encuentran menos trabas burocráticas y mayor seguridad energética.
—Este es su segundo mandato como presidente de un Clúster de Energías Renovables de Galicia que no deja de crecer: pasan ya del centener de empresas.
—Creo en el asociacionismo y hablo desde mi propia experiencia. Empecé hace más de 30 años, cuando se creó la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, y desde entonces he estado vinculado a distintas entidades: la Cámara de Comercio, confederaciones empresariales, ASIME… Siempre he defendido que es necesario tener asociaciones fuertes, no solo para sumar números, sino para que realmente sirvan de soporte al entorno empresarial.
Sin embargo, en los últimos años, noto un cambio en la mentalidad. La pandemia marcó un punto de inflexión: nos aisló y llevó a muchos a centrarse exclusivamente en sus propios intereses, dejando de lado lo colectivo. Esto no solo ocurre en el mundo empresarial; en general, la sociedad está menos dispuesta a trabajar por el bien común. Esto tiene consecuencias, porque cuando quienes lideran o trabajan en asociaciones se sienten solos en su esfuerzo, al final también terminan abandonando. Es un problema que debemos atajar porque el asociacionismo, bien gestionado, puede ser un motor clave para nuestro desarrollo.
—Desde Cluergal no se han puesto de perfil respecto a si las grandes eléctricas deben devolver al territorio parte de sus beneficios.
—Mantenemos esa postura porque creemos que ya estamos en ese modelo. No estamos en el extremo contrario, no hay un expolio del territorio. Es decir, ya existe un marco regulatorio que obliga a las empresas a contribuir mediante impuestos, tasas o compensaciones directas, como en el caso de los montes en mano común. Además, las empresas generan un impacto positivo en las zonas donde se implantan, desde actividad económica hasta empleo.
Dicho esto, siempre se puede buscar un mayor nivel de retorno. Por ejemplo, con los PPAs [siglas en inglés de Power Purchase Agreement, son un acuerdo de compraventa de energía limpia a largo plazo desde un activo concreto y a un precio prefijado entre un desarrollador renovable y un consumidor] que está planteando la Xunta, se podrían beneficiar empresas que, por su tamaño, no tienen capacidad de negociar condiciones competitivas. También creo que es fundamental fomentar acuerdos basados en el consenso. Las imposiciones suelen ser contraproducentes. Eso no quita que la administración deba actuar cuando sea necesario para garantizar que los intereses de la ciudadanía estén protegidos
—Galicia parece estar quedándose atrás en el desarrollo eólico. ¿Qué está ocurriendo?
—Lo que está pasando en Galicia no tiene comparación, ni siquiera a nivel europeo. Somos la única comunidad que ha experimentado un bloqueo jurídico de esta magnitud. Esto no solo frena el trabajo de los técnicos y profesionales encargados de evaluar los proyectos, sino que genera una enorme inseguridad jurídica para los inversores. Esa falta de claridad y rapidez ya está pasando factura.
Vamos tarde, muy tarde. Mientras en otros lugares avanzan, aquí estamos atrapados en trámites y disputas judiciales. Los plazos europeos para la transición energética son claros, y no estamos cumpliéndolos. Tenemos recursos en abundancia y, aun así, no los estamos aprovechando. El desarrollo eólico es clave para cumplir con los objetivos de descarbonización, y Galicia debería estar liderando ese proceso. Sin embargo, estamos perdiendo oportunidades, y eso podría tener consecuencias irreversibles. Los inversores, cuando ven estas trabas, buscan otros destinos, y eso es algo que no podemos permitirnos.
“La incertidumbre energética en Galicia pone en riesgo millones de euros en inversiones industriales”
—Son ya 68 los parques eólicos suspendidos por la justicia ¿Considera que hay fundamentos técnicos y jurídicos para lo que está ocurriendo?
—La pregunta es sencilla, pero la respuesta muy complicada. No me gusta entrar a juzgar ni valorar decisiones ni actuaciones judiciales porque si se abre ese melón tendríamos que entrar a valorar todas las sentencias o pronunciamientos de la justicia. Sin embargo, en este caso, da la impresión de que hay algo más que simples fundamentos legales. El nivel de bloqueo que estamos viendo no tiene sentido desde una perspectiva técnica o medioambiental.
Las coincidencias son demasiado evidentes, y esto está perjudicando gravemente al sector. El desarrollo eólico en Galicia ya iba a marchas forzadas, había lleva muchos años paralizada, pero este proceso de judicialización puede terminar por rematarlo.
—Desde el cluster han advertido que de no poner en marcha estos parques eólicos muchas otras inversiones empresariales se verían comprometidas
—Así es. Muchas de las nuevas industrias que se quieren implantar en Galicia necesitan una gran cantidad de energía, y si no hay proyectos eólicos en marcha, esa energía no estará disponible o no será competitiva. Pero no solo hablamos de atraer nuevas inversiones; también está en juego el futuro de la industria ya instalada. Sin una garantía energética adecuada, corremos el riesgo de deslocalizaciones.
Un ejemplo claro es lo que está pasando en As Pontes. Allí había proyectos industriales que dependían del plan eólico de Endesa [1.000 millones para desarrollar parques eólicos en Galicia que sumarán 800 megavatios de nueva capacidad en 2025], que estaba diseñado como acompañamiento para estas implantaciones. Pero ese plan está totalmente paralizado, y con él, todas esas expectativas de desarrollo y reindustralización de esa comarca y de buena parte de Galicia. Los inversores, ya sean fondos o empresas, lo que buscan es claridad, transparencia y rapidez en los procesos. Si no encuentran eso aquí, se van a otras regiones o países donde los trámites son más ágiles, la energía es más accesible, y hay menos incertidumbre.
Estamos dando demasiadas vueltas y el dinero se mueve y no espera. Esto genera frustración y hace que Galicia pierda el tren. Imagínate que tienes una inversión de 500 millones de euros y necesitas ponerla en marcha en uno o dos años. Si no tienes la seguridad de que el entorno te permitirá hacerlo, simplemente no arriesgas. Aquí es donde entra la competencia, y no estamos a la altura. Incluso dentro de España, otras comunidades están yendo mucho más rápido que nosotros en este aspecto. Pero el caso más claro es Portugal, que está siendo un captador de inversiones muy importante. Tienen un marco más atractivo para los inversores, menos trabas burocráticas y más seguridad energética.Nosotros, en cambio, estamos atrapados en bloqueos judiciales y una falta de claridad en los procesos. Esto se traduce en oportunidades perdidas, no solo para atraer nuevas industrias, sino también para consolidar las que ya están aquí.
—La alternativa al carbón tampoco parece satisfacer a algunos sectores sociales y políticos
—Ninguna tecnología es completamente inocua, pero la eólica, la solar y la hidráulica son las mejores opciones que tenemos ahora mismo. Los impactos, como el visual o los ambientales puntuales, se pueden minimizar con un trabajo adecuado. Aspirar a un impacto cero es poco realista, pero eso no debería ser una excusa para no avanzar. Tenemos recursos en Galicia y debemos aprovecharlos de forma responsable.
Lo importante es que todos los implicados –promotores, administraciones, empresas y ciudadanos– trabajemos juntos para reducir esos efectos al máximo. Lo que no podemos hacer es frenar el desarrollo de estas energías porque no existe una alternativa viable que sea igual de eficiente y no contaminante. Si queremos cumplir con los objetivos de reducción de la huella de carbono, debemos aprovechar los recursos que tenemos en Galicia de forma responsable y sostenible.
—Mencionas que Galicia tiene un gran potencial, pero ¿qué le falta para convertirse en una verdadera potencia industrial?
—Galicia tiene muchas ventajas competitivas: una posición geográfica estratégica, una costa extensa, recursos naturales y un tejido industrial con experiencia. Sin embargo, hay déficits que nos están frenando. Por ejemplo, nuestras infraestructuras no están al nivel que deberían. La conexión ferroviaria en el norte de Galicia es prácticamente inexistente, y las comunicaciones viarias, como la AP-9 o la A-6, tienen problemas importantes.
Además, está el tema de la energía. Muchas empresas deciden instalarse en otros lugares donde la energía es más barata o más accesible. Y, por supuesto, necesitamos más mano de obra cualificada. Galicia tiene todo para liderar en industria y renovables, pero necesitamos inversiones en infraestructuras, políticas claras y una apuesta decidida por la formación profesional.
—Esa es otra de las demandas que resuena constantemente en los foros industriales. No hay gente para trabajar.
—Este es un problema estructural que arrastramos desde hace años, especialmente en el sector metalmecánico. Nos faltan soldadores, caldereros, fresadores, torneros… Y esta escasez no solo afecta al sector renovable, sino también a otros ámbitos industriales. En nuestro caso, en Intaf, hemos llegado a rechazar proyectos porque simplemente no tenemos personal suficiente para afrontarlos.
Lo preocupante es que esta situación no está mejorando. Formar a estos profesionales lleva tiempo, y no se están cubriendo las necesidades del mercado. Esto limita nuestra capacidad de captar nuevos proyectos y supone un freno para el crecimiento del sector. En Galicia, estamos fabricando componentes para parques eólicos en otros países, lo cual es positivo, pero también refleja que no estamos aprovechando todo el potencial que tenemos aquí. Podríamos captar hasta un 20% más de carga de trabajo si tuviéramos la mano de obra necesaria.
—¿Ha habido falta de pedagogía por parte del sector?
—Sin duda. Creo que no hemos sabido comunicar bien las ventajas de las energías renovables. En su momento, no lo vimos necesario porque la implantación de estos proyectos no generaba grandes polémicas. Sin embargo, con el tiempo, ciertos colectivos, como algunos grupos ecologistas o partidos políticos, han logrado posicionar un discurso muy crítico que ha calado en parte de la sociedad.
Nosotros, como sector, deberíamos haber sido más proactivos. No basta con trabajar bien; también hay que explicarlo. Sin embargo, una vez que el proceso se judicializa, la capacidad de comunicación pierde fuerza. Lo ideal hubiera sido evitar llegar a ese punto, pero ahora el reto es recuperar la confianza de la sociedad y demostrar que las renovables son beneficiosas para todos.
