El narcohistorial del clan de la Mora llega de nuevo a juicio en A Coruña con penas de hasta 17 años

El fiscal pide 9 años de prisión por tráfico de drogas para la matriarca, su marido y dos hijos, y 7 años más por emplear a dos menores de 17 años en el trapicheo; el juicio arranca el martes 23 de abril en la Audiencia Provincial tras dos aplazamientos anteriores
Operativo de la Guardia Civil en mayo de 2022 en Meicende
Operativo de la Guardia Civil en mayo de 2022 en Meicende

La Audiencia Provincial de A Coruña volverá a sentar en el banquillo al clan de la Mora. Siete de sus miembros, entre ellos la matriarca, su marido y tres de sus hijos, serán juzgados la próxima semana acusados de pertenecer a un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en el antiguo poblado de San José. El fiscal pide para ellos penas de hasta 17 años de prisión y fuertes multas económicas.

El juicio está previsto para los días 23, 24 y 25 de abril, tras dos aplazamientos anteriores. En uno de ellos, en 2023, la vista se suspendió por discrepancias entre las defensas y la Fiscalía; en la segunda ocasión, en noviembre de 2024, fue la renuncia del abogado y del procurador de cuatro de los procesados lo que obligó a posponer de nuevo el proceso.

Hechos juzgados

Los hechos que se juzgarán se remontan a 2018, aunque la investigación comenzó un año antes. Desde septiembre de 2017, las fuerzas de seguridad mantenían una vigilancia constante sobre cinco viviendas del poblado de San José, consideradas punto negro de venta de estupefacientes. Las pesquisas culminaron el 20 de noviembre de 2018 con un gran operativo policial y varios registros simultáneos.

Durante la redada, los agentes intervinieron marihuana, cocaína, heroína, metadona, papelinas preparadas para la venta, básculas de precisión, dos escopetas de aire comprimido y más de 5.000 euros en billetes. También se documentaron hasta 34 actas de denuncia por consumo y posesión de droga entre clientes que se desplazaban al lugar para comprar, en su mayoría heroína.

Espacio registrado en el marco de la ‘Operación Morochos’ en noviembre de 2024 | GUARDIA CIVIL

Según el escrito de acusación, cada miembro del clan tenía un papel asignado. La matriarca se encargaba de coordinar la recepción y venta de la droga; dos de sus hijos eran los responsables de controlar el acceso de los consumidores a las casas, mientras que una hija y su pareja, que vivían fuera del poblado, se encargaban del transporte de la mercancía y de retirar el dinero de la recaudación. Estos últimos se desplazaban habitualmente en un Audi A4 propiedad de otro miembro de la familia.

Uno de los aspectos más graves de la causa es el uso de dos menores de edad para facilitar la actividad delictiva. Se trata del nieto de la matriarca, de 17 años en aquel momento, y de su pareja, también menor. Ambos residían en el mismo poblado y, según la Fiscalía, realizaban funciones de vigilancia mientras se efectuaban las ventas, además de encargarse de mover la droga y el dinero entre viviendas.

Registro de la casa

En el registro del domicilio familiar de la Mora se hallaron 5.155 euros en efectivo, mientras que en la casa de la hija se encontraron importantes cantidades de cocaína y heroína, cuyo valor superaría los 6.000 euros en el mercado.

Cuatro de los siete acusados —la Mora, su marido y dos de sus hijos— ya tienen antecedentes penales computables por reincidencia. Además, tres de ellos estuvieron en prisión provisional por esta causa desde noviembre de 2018 hasta mediados de 2019, tiempo que, en caso de condena, se les descontará.

El Ministerio Fiscal solicita para todos los procesados un año de cárcel por pertenencia a grupo criminal. Para la matriarca, su marido y dos hijos más, pide además nueve años de prisión y una multa de 40.000 euros por tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud pública. Los otros tres encausados —entre ellos otro hijo y el yerno— se enfrentan a siete años adicionales y 30.000 euros de multa por haber utilizado a los menores para facilitar el trapicheo.

El clan de la Mora es ya un viejo conocido de las fuerzas del orden. En noviembre del año pasado, apenas dos semanas antes de la anterior citación para este juicio, hasta diez personas vinculadas a la misma familia fueron arrestadas en Meicende donde, según la investigación, habían trasladado su actividad tras la demolición de las casas de San José en enero de 2022.

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