Cuatro personas han sido detenidas en Galicia en el marco de una macrooperación nacional contra la posesión, producción y distribución de material de explotación sexual infantil, coordinada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Las detenciones se han llevado a cabo en las provincias de Ourense y Lugo —un detenido en cada una— y en A Coruña —dos en la provincia— y se enmarcan dentro de una de las operaciones más amplias realizadas hasta la fecha en España en este ámbito.
Uno de los arrestos más relevantes en la comunidad gallega ha tenido lugar en Ourense, donde los agentes lograron localizar a un individuo que utilizaba la red wifi pública de un establecimiento hostelero para conectarse y distribuir material ilícito. Los investigadores detectaron un patrón de actividad en horarios específicos que permitió interceptar la conexión en tiempo real y proceder a su detención cuando accedía desde su ordenador portátil.
Aunque no han trascendido más detalles sobre los otros tres arrestados en Lugo y A Coruña, fuentes policiales han confirmado que en todos los casos se trata de personas que almacenaban o compartían contenido pedófilo, y que están siendo investigadas por delitos relacionados con la pornografía infantil.
La operación, llevada a cabo a principios de junio, ha contado con la participación de más de 200 agentes desplegados por casi todas las provincias del país. En total, han sido detenidas 61 personas y se ha investigado a otras 17, con más de 100 registros domiciliarios efectuados a lo largo del territorio nacional.
Entre los arrestados hay perfiles especialmente preocupantes, como un profesor de secundaria que tenía menores en régimen de acogida y que fue detenido en Las Palmas, un exmilitar hallado con nueve armas de fuego y abundante munición en Madrid, y un ingeniero informático en Castellón que compartía conexión por cable con su hermano para ocultar su rastro digital.
Durante los registros, la Policía Nacional ha intervenido una ingente cantidad de dispositivos electrónicos: 63 ordenadores, 229 discos duros, 58 memorias USB, 37 teléfonos móviles y más de 1.600 dispositivos de almacenamiento en total. Los análisis forenses de estos dispositivos están aún en curso, y podrían derivar en nuevas imputaciones.
La investigación ha sido coordinada con la Fiscalía Especial de Criminalidad Informática, y ha requerido la colaboración de numerosas autoridades judiciales en distintas provincias, dada la magnitud y dispersión de los casos.
Desde la Policía Nacional se recuerda a la ciudadanía que la tenencia o difusión de este tipo de contenido constituye un delito grave, e instan a colaborar mediante el correo electrónico [email protected], habilitado para recibir información de forma anónima y confidencial.
