Antes de que se hiciese patente el acuerdo oculto entre la sociedad instrumental de la Xunta, Impulsa Galicia, y Altri, el PSdeG-PSOE ya había dejado constancia en sede parlamentaria de que algo no cuadraba. Fue en diciembre de 2023, cuando los socialistas denunciaron el oscurantismo que rodeaba la creación de la sociedad Recursos de Galicia y alertaron de una forma de actuar marcada por la falta de transparencia, el uso de dinero público y versiones oficiales cambiantes.
La advertencia no fue genérica ni retórica. El 20 de diciembre de 2023, en el Pleno del Parlamento de Galicia, la viceportavoz socialista Begoña Rodríguez Rumbo acusó a la Xunta de ocultar información clave sobre una empresa recién creada, de la que no se sabía con claridad si era pública o privada, pero que ya había recibido una inyección inicial de 4,5 millones de euros de fondos públicos. “Luz, taquígrafos y explicaciones”, reclamó entonces.
Una sociedad con millones públicos
El núcleo de la denuncia estaba en el origen mismo de Recursos de Galicia. La sociedad había sido constituida antes de que existiese la ley que supuestamente debía ampararla. De hecho, cuando el Gobierno gallego puso en marcha la empresa, la norma ni siquiera había iniciado su tramitación parlamentaria. Pese a ello, la Xunta no solo activó la sociedad, sino que la dotó de recursos económicos y fijó su sede en el Igape, en San Lázaro, un espacio de la propia administración autonómica.
A esa anomalía se sumaba un relato oficial cambiante. Primero, la Xunta habló de una sociedad pública. Después, de una sociedad mixta y, finalmente, la definió como una “utility”, un concepto anglosajón inexistente en el ordenamiento jurídico español. Para el PSdeG, esa evolución no era casual, sino la forma de encubrir una privatización de facto mientras se empleaban fondos públicos.
El papel de Impulsa Galicia resultaba especialmente sensible. La Xunta controla el 48,02 % del capital y el 50 % de los votos, y fue esta sociedad la que creó Recursos de Galicia como socia única, pese a no existir aún cobertura legal. Aun así, el Ejecutivo autonómico defendía que la nueva empresa era ajena al sector público, mientras aprobaba aportaciones millonarias y operaciones societarias de gran calado.
Las dudas crecieron con la designación del director general de Recursos de Galicia. La persona elegida procedía de una de las empresas privadas con participación en Impulsa Galicia y, al mismo tiempo, había formado parte de su consejo de administración. Un perfil que, según denunciaron los socialistas, planteaba evidentes conflictos de intereses en una sociedad llamada a gestionar recursos estratégicos.
El 23 de noviembre de 2023, la Xunta dio un paso más al autorizar la compra del 30 % de la ampliación de capital, por un importe de 15 millones de euros, dentro de una aportación total prevista de 30 millones. Todo ello sin que el Parlamento dispusiese de la documentación básica sobre el procedimiento de creación y constitución de la sociedad.
En su intervención, Rodríguez Rumbo también puso el foco en el silencio administrativo. A pesar de las solicitudes formales del Grupo Socialista, la Xunta no entregó la documentación reclamada ni aclaró si estaba ante una sociedad sujeta a derecho público o ante la compra de acciones de una empresa privada. Una falta de respuestas que, advirtió, solo alimentaba las sospechas.
La disolución de Impulsa Galicia: el cierre que reaviva las sospechas
Ese hilo de desconfianza volvió a aflorar en 2025, cuando la Xunta anunció la disolución de Impulsa Galicia, alegando que la sociedad había cumplido ya su “propósito fundacional” vinculado a la recuperación económica pospandemia. La decisión provocó una reacción inmediata tanto del BNG como del PSdeG-PSOE, que reclamaron explicaciones al entender que el cierre llegaba en el peor momento y con demasiadas preguntas sin responder.
Desde el BNG, el diputado Brais Ruanova calificó la disolución como “una suerte de borrado de pruebas” y una “huida hacia adelante”, recordando que Impulsa Galicia deja como herencia “la amenaza de una bomba ambiental”, en alusión directa a la planta que la pastera portuguesa Altri proyecta en Palas de Rei. Para Ruanova, la sociedad simboliza como pocas “la política opaca y la economía de amigotes y chiringuitos del Gobierno del PP”, un modelo que, lejos de estar superado, sigue plenamente vigente.
El diputado nacionalista subrayó además que Impulsa Galicia —participada por la Xunta, Abanca, Reganosa y Sogama— ha estado desde su creación bajo el foco del Consello de Contas por la falta de transparencia y por la negativa del Ejecutivo autonómico a permitir su fiscalización. A ello se suma, recordó, que la sociedad se disuelve sin que haya salido a la luz el acuerdo secreto firmado con Altri en 2021, un documento reclamado en reiteradas ocasiones por el BNG y que nunca fue facilitado.
En términos muy similares se pronunció el PSdeG. La diputada Patricia Iglesias consideró “cuando menos curioso” que la disolución se produjese justo después de que los socialistas volviesen a exigir el documento del pacto secreto con la multinacional portuguesa. Iglesias se preguntó qué ocurrirá ahora con ese acuerdo y si el Gobierno gallego pretende mantenerlo al margen de la fiscalización institucional y del conocimiento público, cerrando la sociedad “por la puerta de atrás y en plenas vacaciones”. Para el PSdeG, el episodio confirma un patrón ya denunciado en 2023: la creación de estructuras híbridas público-privadas como vía para eludir el control y diluir responsabilidades políticas.
