El sistema de financiación municipal en España lleva más de dos décadas prácticamente sin cambios estructurales. En ese tiempo, el papel de los concellos ha evolucionado de forma profunda. Hoy gestionan más servicios, afrontan problemas más complejos y asumen nuevas responsabilidades. Sin embargo, los recursos con los que cuentan siguen respondiendo a un modelo diseñado para una realidad institucional muy distinta.
Ese es el punto de partida del informe “A reforma necesaria do financiamento local”, elaborado por un equipo de especialistas universitarios para la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) y presentado recientemente en Santiago de Compostela. El documento analiza el funcionamiento del sistema actual y concluye que el modelo arrastra desequilibrios acumulados. Esos desequilibrios afectan directamente a la capacidad de los concellos para sostener servicios públicos básicos.
Los autores del informe recuerdan que la reforma de la financiación municipal ha tenido tradicionalmente menos presencia en el debate público que la financiación autonómica. Sin embargo, sostienen que resulta “polo menos tan necesaria” para garantizar sostenibilidad financiera local. Han pasado más de veinte años desde la definición del modelo actual, un periodo suficiente para comprobar sus disfunciones y constatar cambios profundos en el contexto municipal.
Durante ese tiempo han surgido nuevas necesidades sociales, la legislación estatal y autonómica con incidencia municipal se ha multiplicado y el nivel local se ha convertido en el primer punto de contacto entre la ciudadanía y muchas políticas públicas. Los concellos gestionan hoy ámbitos que antes tenían menor peso institucional o no existían en la agenda local.
El presidente de la FEGAMP, Alberto Varela, resumió ese cambio durante la presentación del informe con una frase que refleja bien el sentir de muchos alcaldes: “os concellos de agora non temos absolutamente nada que ver cos concellos de hai vinte anos”. Según explicó, los municipios afrontan problemas distintos y han asumido competencias no previstas cuando se diseñó el sistema actual. Esto hace necesario revisar tanto los criterios de reparto como la cuantía global de los fondos que reciben.
El informe coincide con ese diagnóstico. La evolución de la administración local, señala, se ha producido en un contexto de transformaciones sociales y territoriales profundas. El envejecimiento de la población y el aumento de necesidades de atención social han ampliado el campo de actuación municipal. El impacto del turismo en determinados municipios y los retos de la gestión ambiental también han incrementado responsabilidades locales.
A medida que estas nuevas responsabilidades se han consolidado, también lo ha hecho el gasto municipal asociado a ellas. Sin embargo, la estructura de financiación que sostiene a los concellos no se ha adaptado al mismo ritmo. Buena parte de los mecanismos de reparto de recursos siguen basándose en reglas definidas hace décadas, cuando las funciones municipales eran diferentes y el contexto social y demográfico también lo era.
Los servicios públicos en Galicia
En Galicia, esta brecha entre responsabilidades y financiación se ve agravada por características territoriales muy concretas. El coste de prestar servicios públicos locales no depende únicamente del número de habitantes de un municipio. Factores como la dispersión de la población, la superficie del territorio o la estructura demográfica influyen de forma directa en el coste real de muchos servicios municipales.
El informe explica que variables como la dispersión o la extensión territorial condicionan los costes unitarios de servicios cotidianos. Mantener carreteras locales, organizar la recogida de residuos o prestar atención domiciliaria resulta más caro con población dispersa. Por ese motivo, los autores consideran que un sistema de financiación equitativo debería incorporar indicadores territoriales que reflejen diferencias de coste.
Esta cuestión es especialmente relevante en Galicia, una de las regiones europeas con mayor dispersión poblacional. Muchos municipios gestionan servicios en decenas o incluso centenares de núcleos de población, multiplicando costes logísticos y de personal. Actividades que en entornos urbanos pueden organizarse de forma eficiente se encarecen por la estructura territorial gallega.
Sin embargo, el sistema de financiación municipal actual apenas tiene en cuenta este tipo de variables. La distribución de los fondos sigue apoyándose principalmente en criterios demográficos generales, dificultando ajustar recursos a realidades territoriales muy diferentes.
El servicio que concentra todas las tensiones: el SAF
Si hay un ámbito donde esta tensión entre responsabilidades y financiación se percibe con especial intensidad es el de los servicios sociales, y más concretamente el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). El informe dedica un capítulo completo a analizar este servicio porque es una de las políticas públicas más importantes. El SAF forma parte del sistema público de atención a la dependencia y permite permanecer en el domicilio con apoyos básicos.
La dimensión del servicio en Galicia es significativa. En 2025 el SAF atiende a 24.513 personas con grados de dependencia reconocidos en Galicia. Se distribuyen entre los distintos niveles del sistema: más de siete mil con grado I, más de ocho mil con grado II y cerca de nueve mil con grado III. Para entender la magnitud del servicio basta observar su intensidad media. Las personas usuarias reciben aproximadamente 31 horas mensuales de atención, con un volumen considerable de trabajo especializado.
Este servicio se ha consolidado como uno de los pilares del sistema gallego de atención a la dependencia. Y precisamente por eso cualquier problema en su financiación se convierte rápidamente en una cuestión central para los concellos. El informe pone cifras a una evolución que muchos alcaldes llevan años denunciando. El coste medio por hora del SAF se situaba en 19,3 euros en 2024. Entre 2019 y 2024 el coste medio por hora aumentó cerca de un 50%, muy por encima de la inflación acumulada.
Ese aumento responde a diversos factores. Por una parte, el incremento de los costes laborales en el sector de los cuidados. Por otra, la profesionalización del servicio y la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras, una reivindicación histórica del sector. También influyen las dificultades de organización logística en territorios con población dispersa y envejecida.
Además, la media regional esconde diferencias importantes entre municipios. El informe señala que el coste por hora puede oscilar entre 15 y 25 euros según el municipio. Depende del tamaño del municipio, del modelo de gestión del servicio y de las prestaciones incluidas en el contrato. En municipios pequeños o con mayor dispersión territorial, el coste tiende a situarse en el tramo alto.
Quién paga el SAF
El sistema de financiación del SAF se basa en un modelo de corresponsabilidad entre administraciones públicas y personas usuarias. Según los datos recogidos en el informe para 2024, el reparto del coste medio por hora —19,3 euros— se distribuye de la siguiente forma. La Xunta aporta 12 euros por hora, lo que equivale aproximadamente al 62% del coste total. Los concellos asumen alrededor de 5 euros por hora, cerca del 26% del coste, mientras que las personas usuarias contribuyen con unos 2,3 euros por hora, aproximadamente el 12% restante. A primera vista, el reparto parece equilibrado. Sin embargo, el informe subraya que la evolución del sistema muestra un incremento progresivo del esfuerzo financiero municipal.
Mientras la aportación autonómica ha crecido en los últimos años, también lo ha hecho de forma significativa la aportación de los concellos. Según el análisis del estudio, la contribución municipal ha pasado de menos de dos euros por hora en 2018 a superar los cinco euros por hora en 2024. Este incremento supone un esfuerzo importante para muchas haciendas locales, especialmente en municipios pequeños con presupuestos limitados.
Sobrecoste en los concellos
El informe advierte además de que la tendencia actual apunta a que el incremento del coste del servicio seguirá produciéndose en los próximos años. Si el sistema de financiación no se adapta a esa evolución, existe el riesgo de que el sobrecoste recaiga en las arcas municipales. Los autores señalan que el aumento del gasto del SAF debe abordarse mediante un reparto equilibrado entre administraciones, pero advierten de que, en ausencia de cambios, los concellos pueden convertirse en los más afectados por ese incremento.
Esta preocupación explica por qué el SAF se ha convertido en una de las principales reivindicaciones de la FEGAMP en Galicia. La federación municipal lleva años defendiendo que el servicio debería estar financiado íntegramente por el Estado y la Xunta. Esa posición se repitió durante la presentación del informe.
El caso del SAF ilustra de forma muy clara el problema de fondo que describe el informe. Cuando un servicio público crece de forma sostenida y su financiación no se adapta al mismo ritmo, la presión acaba trasladándose al nivel institucional que está más cerca de la prestación del servicio. En el caso del SAF, ese nivel son los concellos.
Pero el informe insiste en que el problema no se limita a un único servicio. El SAF se ha convertido en el ejemplo más visible porque combina envejecimiento demográfico, dispersión territorial y crecimiento constante de la demanda. En realidad, sostiene el estudio, la cuestión de fondo es más amplia. Se trata de determinar si el sistema de financiación municipal está preparado para sostener el papel de los concellos en el Estado del bienestar.
