La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha reclamado a la Xunta que impulse una política de vivienda “real y efectiva”, al tiempo que ha defendido que la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado está dando resultados en la contención de precios.
La regidora asegura que “está funcionando”, no sin matizar que no es suficiente por sí sola para resolver un problema estructural. Según explicó, la situación actual responde en gran parte a la falta de políticas de vivienda por parte de la administración autonómica, que tiene las competencias en esta materia.
Vivienda pública insuficiente
Rey criticó además la escasa promoción de vivienda pública por parte de la Xunta, señalando que “solo hizo 40 viviendas hasta que reconoció la magnitud del problema”, y reclamó un cambio de rumbo con medidas más ambiciosas.
La regidora defiende así que la vivienda “no es una cuestión de debate, sino un derecho constitucional”, subrayando que la vivienda pública “debe ser siempre pública”. También ha acusado al Partido Popular de haber favorecido en el pasado la venta de este tipo de viviendas a fondos de inversión y de no haber apostado por su construcción, lo que -según su opinión- ha contribuido a agravar la situación actual.
La zona tensionada, resultante en A Coruña
Desde su aplicación hace seis meses, la declaración de zona tensionada ya está teniendo efectos en Coruña, aunque de forma todavía limitada. Los primeros datos apuntaba principalmente a una “contención” de los precios: el alquiler medio pasó de 735 a 732 euros mensuales. Una bajada mínima pero significativa en cuanto a tendencia, al evidenciar que los precios han dejado de subir. No obstante, la regidora ha lamentado la falta de mayor volumen de datos por parte de la Xunta, lo que, a su juicio, dificulta evaluar con más precisión el impacto real de la declaración.
Es por ello que Rey insiste en tomar decisiones clave que pueden marcar la diferencia, como la aplicación de la declaración de zona tensionada prevista en la Ley de Vivienda o la regulación de las viviendas de uso turístico. Medidas que, según ha señalado, no responden a criterios ideológicos, sino al cumplimiento del derecho constitucional a la vivienda y a la necesidad de frenar la especulación.
