El Concello da Coruña cerró el ejercicio de 2025 con un remanente de tesorería negativo de 9,66 millones, una situación que la propia alcaldesa, Inés Rey, reconoce pero enmarca como una “foto puntual” que no compromete la estabilidad financiera del consistorio.
La regidora explicó que la liquidación del presupuesto, gestionado íntegramente por el PSOE tras la cuestión de confianza, refleja un momento concreto de las cuentas municipales y defendió que están garantizadas tanto las inversiones como la prestación de los servicios públicos. Además, acusó a BNG y PP de “utilizar torticeramente las cifras” para generar confusión entre la ciudadanía.
Pese a admitir el desfase, Rey no concretó todavía qué medidas adoptará el gobierno local para corregirlo. Entre las opciones sobre la mesa se encuentran un ajuste del presupuesto actual, la solicitud de un préstamo o trasladar la solución a 2027. En todo caso, subrayó que el nivel de endeudamiento del Concello está muy por debajo de los límites legales.
La oposición exige soluciones y transparencia
Las reacciones de la oposición no se hicieron esperar. Desde el BNG, su portavoz, Francisco Jorquera, reclamó al gobierno municipal que “mueva ficha” y presente una propuesta concreta para resolver el déficit. Los nacionalistas rechazan que el problema se posponga al próximo mandato y advierten de una “quiebra de confianza”, al asegurar que el PSOE no informó de esta situación durante la negociación de los presupuestos de 2026.
La también concejala nacionalista Avia Veira fue más contundente al calificar al ejecutivo local de “no confiable” y acusarlo de fallar “en lo grande, en lo mediano y en lo pequeño”. El BNG defiende que el desfase debe corregirse ya en 2026, pero fija como líneas rojas no recortar inversiones en los barrios ni afectar a contratos de servicios públicos esenciales.
Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, centró sus críticas en la falta de información. Los populares exigen acceder al informe del interventor sobre la liquidación presupuestaria y alertan de que este agujero económico podría comprometer la solicitud de un préstamo de hasta 40 millones de euros previsto para inversiones.
Tanto PP como BNG coinciden en que, si se mantiene el remanente negativo, la ley obliga a adoptar medidas: ajustar el presupuesto vigente, recurrir a financiación externa o trasladar el equilibrio a 2027. Además, critican la gestión política del asunto, señalando que la liquidación se tramitó mediante decreto de alcaldía en lugar de figurar directamente en el orden del día del pleno, como era habitual en ejercicios anteriores.
