La moción de censura registrada por el PP y una edil tránsfuga en el Concello de Lugo ha hecho aflorar en la memoria de muchos uno de los episodios más controvertidos de la política gallega reciente: la maniobra de lawfare que apartó a José Ramón Gómez Besteiro de la primera línea en 2013. Y ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, uno de los dirigentes socialistas que ha recuperado ese recuerdo en un tuit sin filtros, fiel a su habitual tono áspero.
“Esta impresentable fue la que denunció falsamente a Besteiro por mandato de Feijóo. Hoy culmina su ejecutoria vil sirviéndose de una tránsfuga con la ética en los tobillos, para hacerse con la alcaldía de Lugo. Lo pagarán en las urnas”, escribió Puente en X, en un mensaje que desbordó el marco local y colocó el foco en un episodio que marcó durante años al socialismo gallego.
La “denuncia falsa” a la que se refiere Puente remite a 2013, cuando Elena Candia ocupaba la portavocía del PP en la Diputación de Lugo. Aquel año, el grupo provincial popular trasladó a la Fiscalía documentación recibida de forma anónima sobre supuestas irregularidades en la institución que presidía José Ramón Gómez Besteiro, entonces secretario general del PSdeG y una de las principales alternativas al liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en Galicia.
Aquella documentación dio lugar a varias investigaciones judiciales —entre ellas la Operación Pulpo y el caso del Garañón— que acabaron con la imputación de Besteiro y su dimisión en 2015, cuando ya era candidato a la Presidencia de la Xunta. Durante años, su carrera política quedó suspendida, primero por los procesos abiertos y después por un prolongado silencio forzoso.
Desde el socialismo gallego, aquellos episodios fueron leídos como un caso paradigmático de lawfare: procesos judiciales que no concluyeron en condena, pero que tuvieron un impacto político devastador en el momento clave.
El desenlace es conocido. Todas las causas fueron archivadas o resueltas a su favor, la última en 2023. Besteiro regresó a la primera línea como delegado del Gobierno en Galicia, convertido para muchos en uno de los pocos dirigentes rehabilitados tras un largo periplo judicial sin condena.
El papel de Candia y la versión del PP
Está acreditado que Elena Candia entregó aquella documentación anónima y declaró como testigo ante la Fiscalía, algo que el PP nunca ha negado. Los populares han defendido siempre que no denunciaron ni se personaron en las causas, y que la decisión de investigar correspondió exclusivamente a un fiscal y a una jueza. Para justificar su actuación, han invocado reiteradamente el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a los cargos públicos a poner en conocimiento de la autoridad posibles delitos.
Para el PSOE, aquella actuación fue una maniobra con efectos políticos irreversibles, aunque no acabara en condena; para el PP, fue el cumplimiento de una obligación legal, con independencia del resultado posterior. El mensaje del ministro llega cuando el socialismo gallego vuelve a sentirse golpeado. La moción de censura de Lugo pone fin a 27 años de gobiernos socialistas en la ciudad y lo hace con el apoyo de una concejala que abandonó el PSOE, reactivando el debate sobre transfuguismo, legitimidad y límites éticos en la política municipal.
Puente conecta ambos momentos —2013 y 2026— como parte de una misma secuencia: entonces, una operación que se resolvió en los tribunales; ahora, una maniobra que se resolverá en el pleno, pero que, a su juicio, responde a una lógica similar. No plantea una acusación judicial, sino un marco político que rescata el pasado para interpretar el presente.
El tuit no interpela solo a Candia. También señala al PP gallego y a su etapa bajo el liderazgo de Feijóo, y traslada el conflicto lucense al plano estatal. No es habitual que un ministro entre con esta dureza en una crisis municipal, lo que da una idea del valor simbólico que el PSOE atribuye a lo ocurrido en Lugo.
