El Gobierno gallego ha aprobado un nuevo plan integral para combatir la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que estará vigente entre 2026 y 2029 y contará con una inversión de 10,1 millones de euros. Este segundo programa amplía tanto la duración como los recursos respecto al anterior, con un incremento presupuestario de tres millones y un año adicional de ejecución.
Mayor sensibilización con los colectivos vulnerables
El documento establece cinco grandes líneas de actuación y pone el foco en los colectivos más vulnerables, especialmente mujeres y niñas con discapacidad. En total, contempla 61 medidas orientadas a prevenir este delito, mejorar la atención a las víctimas y reforzar la coordinación institucional.
Una de las prioridades será la sensibilización social, con campañas y acciones educativas dirigidas sobre todo a la juventud, con el objetivo de fomentar el rechazo a la explotación sexual y a las redes de trata. La mayor parte de los fondos —más de siete millones— se destinará a la atención directa a las víctimas. El plan prevé asistencia integral que incluye apoyo psicológico, sanitario y legal, así como recursos para facilitar su recuperación, acceso al empleo y reintegración social.
La formación, clave para la profesionalización del sector
Además, se impulsará la formación especializada de profesionales de ámbitos clave como la sanidad, la educación, la justicia o las fuerzas de seguridad, con el fin de garantizar una respuesta rápida y adecuada. También se reforzará la cooperación entre administraciones públicas y entidades sociales, buscando una intervención coordinada.
Otro de los ejes será el análisis de datos y la investigación, con la elaboración de informes que permitan detectar patrones y mejorar las estrategias de actuación frente a este fenómeno. El plan adopta un enfoque transversal que implica a múltiples sistemas públicos y agentes sociales, con el objetivo de ofrecer una respuesta completa que abarque desde la detección hasta la recuperación total de las víctimas.
Galicia cuenta con una trayectoria previa en este ámbito. Ya en 2010 puso en marcha un protocolo específico contra la trata, y en 2022 aprobó su primer plan autonómico, cuya evaluación ha sido positiva al cumplirse la mayoría de las medidas previstas. Este nuevo programa busca consolidar y ampliar esos avances.
