El Gobierno central ha aprobado una nueva inversión destinada a reforzar la protección social en España, con una partida específica para Galicia centrada en la infancia y las familias más vulnerables. En concreto, la comunidad gallega recibirá 13,5 millones de euros dentro de un plan estatal más amplio que moviliza un total de 200 millones.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, tiene como objetivo mejorar la cobertura de los servicios sociales y reducir la pobreza infantil. Los fondos serán gestionados por las comunidades autónomas, responsables de aplicar políticas sociales sobre el terreno, y servirán para financiar programas tanto a nivel autonómico como municipal.
4,8 millones de euros para menores en riesgo de exclusión
Una parte importante de la inversión se organiza en tres grandes líneas de actuación. La primera está orientada directamente a familias con menores en riesgo de exclusión. En este bloque, Galicia contará con 4,8 millones de euros para ayudas que cubren necesidades básicas como alimentación, higiene o ropa, así como gastos educativos, incluyendo material escolar o comedores. También se incluyen iniciativas para garantizar actividades y alimentación durante los periodos no lectivos, facilitando además la conciliación laboral de los padres.
El segundo eje se centra en la prevención de la violencia infantil. A través de este programa, Galicia recibirá 1,5 millones de euros destinados a reforzar los equipos de servicios sociales. La idea es mejorar la detección temprana de situaciones de riesgo mediante profesionales especializados y una mayor coordinación con centros educativos y sanitarios.
Una respuesta rápida, el objetivo principal
Por último, el plan de prestaciones básicas de servicios sociales contará con 7,1 millones de euros en Galicia. Esta financiación permitirá mantener y ampliar servicios esenciales como la ayuda a domicilio, la orientación social, los programas de inserción o los recursos de acogida para personas en situación de vulnerabilidad.
En conjunto, este paquete de medidas busca ofrecer una respuesta más sólida a las necesidades de las familias, especialmente aquellas que atraviesan mayores dificultades, al tiempo que se refuerzan los mecanismos de protección a la infancia.
