La reforma de la Ley de Costas impulsada por el Gobierno central ha abierto un nuevo choque político sobre el futuro del litoral gallego. La Xunta ha decidido llevar el debate hasta Bruselas al considerar que los cambios planteados para adaptar la normativa española a las exigencias de la Unión Europea pueden tener un fuerte impacto sobre la actividad económica vinculada al mar en Galicia.
El principal punto de conflicto está en las concesiones del dominio público marítimo-terrestre, es decir, los permisos que permiten ocupar espacios situados en primera línea de costa. Hasta ahora, muchas de estas autorizaciones podían extenderse durante décadas e incluso renovarse, algo que desde Bruselas se considera insuficiente en términos de competencia y transparencia. La propuesta pasa por endurecer las condiciones y limitar la duración de estas concesiones.
Una reforma que afecta a sectores estratégicos
La Xunta rechaza de lleno esta posibilidad porque considera que afectaría directamente a sectores estratégicos para la economía gallega. El Gobierno autonómico advierte de que industrias ligadas al mar, como la pesca, la acuicultura o las conserveras, necesitan estabilidad jurídica para mantener instalaciones ubicadas junto al litoral. Según defiende el Ejecutivo gallego, toda la cadena mar-industria genera miles de puestos de trabajo y representa cerca del 5% del PIB de Galicia.
Sin embargo, desde la oposición creen que el debate no se limita únicamente a proteger el tejido industrial. También sostienen que detrás de la postura de la Xunta existe una defensa de un modelo de explotación más flexible de la costa, especialmente en el ámbito turístico y comercial. La reforma también afectaría a negocios como los chiringuitos o las actividades temporales instaladas en playas y paseos marítimos.
Galicia apuesta por los chiringuitos de playa
Desde que Galicia asumió competencias sobre la gestión del litoral en 2025, la Xunta ha impulsado medidas orientadas a flexibilizar el uso de la costa. Entre ellas, la ampliación de la actividad de los chiringuitos hasta el mes de octubre, la posibilidad de instalar más locales en determinadas playas y la creación de un diseño estándar para este tipo de establecimientos.
El Gobierno gallego defiende estas medidas como una forma de modernizar el litoral y garantizar actividad económica durante más meses al año. La oposición, en cambio, considera que esta estrategia favorece una mayor presión turística y comercial sobre espacios que deberían tener una protección más estricta.
El debate ha terminado convirtiéndose en una discusión más amplia sobre qué modelo de costa quiere Galicia para el futuro. Por un lado, quienes defienden limitar la ocupación y reforzar la conservación ambiental del litoral. Por otro, quienes apuestan por compatibilizar la protección con un mayor aprovechamiento económico vinculado al mar y al turismo.
